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Política

El abogado del Estado pidió que se investigara quién ha pagado las retribuciones

Los abogados de Artur Mas llevan sin cobrar desde 2014

No ha abonado los honorarios del despacho Entrena por el sumario de la inhabilitación y el de los gastos del 9-N

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El abogado del Estado solicitó que se investigara quién paga los honorarios de los abogados de Artur Mas, inhabilitado por su responsabilidad en la consulta del 9-N y además, investigado por el Tribunal de Cuentas por el uso de dinero público para financiar dicha votación ilegal.


Artur Mas antes de declarar ante el TSJC Artur Mas antes de declarar ante el TSJC

Sin embargo, según ha podido saber El Confidencial Digital, los abogados del ex president en ambos casos, del despacho Entrena, todavía no han cobrado la cantidad de dinero acordada por ambos litigios.

Acuerdo con la Generalitat

De hecho, según explican fuentes cercanas al despacho, el tribunal desestimó la petición del abogado del Estado para que se investigara de dónde procede el dinero que financia las retribuciones de los letrados.

Fuentes jurídicas consultadas por ECD afirman que es posible la existencia de un pacto entre la Generalitat y los abogados para suplir la carencia de ingresos por los casos de Mas. El Govern habría encargado otros asuntos legales al despacho para compensar en cierta medida el retraso de los pagos del ex president.

De hecho el despacho Entrena, fundado hace décadas en Barcelona, es uno de los más prestigiosos de Cataluña y ha llevado casos relacionados con dirigentes de la Generalitat, de CiU y de grandes empresas como Aena.

Uno de los casos más famosos en los que ha participado ha sido el juicio por el asalto al centro cultural Blanquerna durante la Diada de Cataluña de 2013, cuando unos militantes de extrema derecha irrumpieron en un acto y agredieron al ex diputado Josep Sánchez Llibre.

En torno a 500€ la hora

Las mismas fuentes aseguran que un abogado de estas características, acostumbrado a litigar en casos controvertidos en los que se ven envueltos políticos y que llegan a altos tribunales del Estado, suelen cobrar en torno a 500 euros la hora.

Sin embargo, afirman que no existen tarifas fijadas. Los honorarios varían según el despacho, el cliente que contrata, la envergadura del caso y el tribunal donde se investiga.

Una fianza de 5,2 millones de euros

Artur Mas tiene un plazo de cinco días para pagar la fianza de 5.251.948,21 euros que le impuso el Tribunal de Cuentas el pasado 25 de septiembre por los gastos de la Generalitat en la consulta del 9-N.

El tribunal entiende que fue el único responsable solidario de que se destinaran fondos públicos para financiar la consulta ilegal. Los gastos más elevados fueron los de la adquisición de portátiles para ser utilizados en las mesas de votación.

El patrimonio de Mas, que será embargado si no afronta el pago, sólo cubriría el 12% de la fianza: según las cuentas personales de 2015, el ex president disponía en ese momento de bienes valorados en 600.000 euros.

Campaña de recaudación de ANC y Òmnium

Tras conocer la cantidad de la fianza, Mas afirmó en TV3 que tenía esperanzas de que los votantes del 9-N colaborasen en el pago de la misma: “Solo con que esas personas que dijeron ‘sí’ hagan una pequeña aportación, el tema está resuelto”, afirmó.

De hecho, la ANC y Òmnium han reactivado la caja de solidaridad que ya pusieron en marcha para recabar el dinero de las multas del TSJC impuestas a Mas y los consejeros Homs, Rigau y Ortega. El PDeCAT también inició una campaña de crowdfunding con el mismo fin.

Pago solidario

Como la fianza del Tribunal de Cuentas es una medida solidaria, si Mas no puede hacer frente a la misma, los otros consejeros implicados en el caso deberán aportar la cantidad restante.

Es decir, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, también inhabilitados, podrían ser embargados. Rigau dispone, según sus cuentas de 2015, con 182.000 euros de patrimonio. El último dato publicado por Homs en la web del Congreso era que disponía de 17.000 euros en su cuenta corriente y el 50% de una vivienda.

Otros siete ex altos cargos de la Generalitat están implicados en el proceso y afrontarán el pago de la fianza: Lluís Bertrán, ex secretario general de Gobernación; los interventores de Gobernación y Presidencia, Carolina Pardoy y Jordi Serra; Josefina Valls i Villa, directora de servicios de Gobernación; Ignasi Genovés i Avellana, director de Atención Ciudadana; Jaume Domingo i Planas, director del diario oficial de publicaciones; y Jordi Vilajoana, secretario general de Presidencia.

Otras fianzas

El tribunal también impuso fianzas a los ex consejeros por los gastos de la consulta asignados a sus departamentos.

Homs, ex portavoz del Govern, ex consejero de Presidencia y ex diputado, tendrá que pagar una fianza de 2,1 millones de euros; Ortega, ex vicepresidenta de la Generalitat, 840.000 euros; y Rigau, ex consejera de Educación, 3.044.399 euros.

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