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Política

“A ver quién me paga la pensión”

La angustia de un juez del ‘Tribunal Supremo catalán’

Habla un magistrado destinado en Cataluña desde hace más de diez años y relata su incertidumbre por el futuro que le espera en una república independiente

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La Ley de Transitoriedad a la república catalana contempla una Administración de la Justicia para el nuevo Estado. Sin embargo, la preocupación reina entre los jueces y fiscales, a quienes a día de hoy no se les ha informado de si conservarán su puesto, si tienen asegurada la jubilación o si el nuevo Estado podrá pagar su sueldo.


Presentación de la Ley de Transitoriedad de Cataluña Presentación de la Ley de Transitoriedad de Cataluña

Así lo expresa a El Confidencial Digital un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que pasará a ser el Tribunal Supremo de la república si sale adelante el ‘sí’ en el referéndum del 1 de octubre.

Tras conocerse la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional, presentada en el Parlament y pendiente de tramitar, se respira en el ámbito judicial un ambiente de tensión, cuando no de angustia.

Según relata este juez a ECD, no se les ha informado por parte del consejero de Justicia, Carles Mundó, de las condiciones en que quedará su plaza tras la proclamar la independencia.

“No se ha explicado el referéndum y sus consecuencias a los jueces y fiscales, pero tampoco al resto de ciudadanos de Cataluña”, afirma. “En el caso de la consulta de Escocia y del Quebec, la gente sabía qué iba a pasar. Pero en cambio nosotros no sabemos quién nos va a pagar el sueldo y la jubilación, ni si la república será solvente. Por ejemplo, la moneda catalana no sería reconocida por el euro, se devaluaría y yo no podría hacer frente a una hipoteca”, añade.

“Si me voy, será un exilio”

También existen muchas dudas sobre la continuidad de los jueces y fiscales en sus plazas, ganadas por concursos de oposición. Cabe recordar que el pasado enero, el dirigente de ERC Santiago Vidal aseguró en una conferencia: “Sabemos perfectamente los que se quedarán y los que se irán y sabremos con qué jueces podemos contar".

Estas palabras han inquietado al gremio judicial catalán, compuesto a día de hoy por 801 jueces, de los cuales sólo 200 son nacidos en Cataluña. De los 600 restantes, según la Ley de Transitoriedad, conservarán sus plazas quienes las hayan ocupado “los tres años anteriores a la ley”.

Este juez no es de origen catalán pero lleva varios años residiendo en Cataluña, al igual que sus 600 compañeros, y si finalmente abandona su puesto y se instala en otro punto de España, lo considerará “un exilio”. “¿Dónde voy a ir? Mi vida está ya aquí”, asegura.

“Si sale adelante el referéndum, el Estado español deberá proponer un nuevo destino para nosotros o la jubilación anticipada”, expresa el magistrado. "El abandono de mi plaza en Cataluña arruinaría mi carrera profesional", añade.

"La Generalitat nos detesta por poco catalanizados"

El juez achaca estas medidas del Govern a que la Justicia “no está catalanizada”. Es un hecho constatable que la inmensa mayoría de jueces, fiscales, letrados y demás funcionarios son nacidos en otras comunidades autónomas. Y afirma que la Generalitat “nos detesta” por este motivo.

Por ejemplo, en una conversación cara a cara o telefónica, este juez se dirige a los miembros del Govern en castellano y éstos le responden en catalán. Según afirma, también es habitual esta imagen en los juicios.

La efectividad de las sentencias es otra laguna de la ley; por ejemplo, la Audiencia Nacional ha sido el órgano que ha abierto la causa sobre los atentados de Barcelona: “Habría que darle traslado de nuevo” porque ya no la asumiría el Estado español.

A la espera de la reacción del Gobierno

Los jueces en Cataluña están “a la espera” de lo que haga el Gobierno de Mariano Rajoy respecto a las leyes de ruptura. La intención de la Generalitat es aprobar la Ley de Transitoriedad catalana y la del referéndum incluso por decreto si es necesario.

De salir adelante su propósito, en treinta y cuatro días, Cataluña se convertiría en un Estado independiente. De momento, el Gobierno de Rajoy no ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra ambas leyes, aunque el TC ha suspendido la reforma del reglamento del Parlament que permitiría tramitar estos textos en un solo día.

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