El extraño aplazamiento de la Conferencia de Presidentes esconde un duro pulso ministerial: Montilla logra el retraso a septiembre

El pasado mes de noviembre, Rodríguez Zapatero convocó la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos para el pasado mes de junio. Con el adelanto electoral en Galicia, se vio conveniente desplazar la cita al 28 de julio. Ahora, tras un duro pulso ministerial, se habla abiertamente de un reenvío a septiembre. ¿El motivo? El estatuto catalán.

Según informaciones recogidas por El Confidencial Digital, el previsible retraso en la convocatoria de la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos ha estado motivado por un discreto debate interno entre los propios miembros del Gobierno, que ha implicado a titulares de importantes departamentos.

Primero se vio conveniente esperar al desenlace de las elecciones gallegas e intentar presentarse a la cita con un aliado más, el socialista Emilio Pérez Touriño. También se ha esgrimido como razón para el aplazamiento la posibilidad de extender en el tiempo las negociaciones para lograr un acuerdo sobre financiación sanitaria con todas las comunidades autónomas.

Sin embargo, el motivo de fondo parece ser otro. De hecho, hace muy pocas semanas, algunos ministros del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero hablaban abiertamente de finales de julio como fecha definitiva para la convocatoria. Uno de ellos, nada menos que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que debería tener mucho que decir a este respecto.

Sin embargo, al menos un ministro tenía claro desde hace mucho tiempo que la convocatoria de presidentes tendría lugar en septiembre: José Montilla. El titular de Industria ha convencido a Rodríguez Zapatero de la necesidad de llegar al citado encuentro con el debate sobre el estatuto catalán bien perfilado con todas las fuerzas del partido en la región.

El planteamiento parece haber convencido al presidente. La maniobra da muestra también de los difíciles equilibrios que es preciso realizar entre los diferentes Ministerios y el peso específico adquirido por Montilla, que impone su criterio frente al parecer de otros altos dirigentes del Ejecutivo.