Abogados y procuradores contra la Mutualidad: Denuncian pensiones de solo 400 euros
Han convocado una manifestación nacional el día 3 de febrero en Madrid y cuentan con el apoyo de Colegios como el de Sevilla, Vigo, Huelva y Ciudad Real
- Pensiones y prestaciones
- 40 años de experiencia, vida laboral de cero meses
- “¡Pasarela al RETA ya!”
- Recorrido de la manifestación
- Autocares hacia Madrid
- Convenios de la Mutualidad con la Abogacía institucional
Cuarenta años trabajados, 200 o 400 euros de pensión. En estas condiciones llegan los abogados y procuradores mutualistas a la edad de jubilación.
El Movimiento J2 (jodidos) ha convocado una manifestación nacional en Madrid el próximo sábado 3 de febrero para reclamar no solamente pensiones dignas, sino también prestaciones dignas, en conjunto con otros sindicatos como Anama (Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía) , Marea Negra o Venia.
Dentro del Movimiento están integrados los afectados por tres mutualidades: Mutualidad, antes denominada Mutualidad de la Abogacía, Alter Mutua, que nació en Cataluña y se expandió a todo el territorio nacional hace 20 años; y Mutualidad de Procuradores.
"La realidad es que en breve entraremos en edad de jubilación una bolsa de 64.000 mutualistas de Mutua Abogacía, 8.000 de Alter Mutua y 11.000 de Procura y todos aparecemos con rentas de menos de 500 euros", explica Isabel Rabell, abogada y portavoz de los afectados por Alter Mutua, los organizadores de la concentración.
Pensiones y prestaciones
Las tres mutuas tienen un régimen alternativo a la Seguridad Social, explica Rabell, y puede parecer que tienen similitudes, pero no se parecen "en nada".
Mientras uno es un sistema público de reparto, el otro son seguros privados y conlleva que, en vez de pensiones, terminen o bien con rentas vitalicias a 200 euros al mes o financiables a quince años a 400 euros al mes.
Por otro lado, el Movimiento J2 reclama que los abogados y procurados mutualistas no tienen acceso a las prestaciones de la Seguridad Social para una baja de incapacidad temporal o total, sino que dependen del médico de la mutua al que estén suscritos.
Rabell cuenta que un compañero a quien la Seguridad Social le ha reconocido la incapacidad permanente absoluta no puede pedirse la baja hasta dentro de cuatro meses, cuando su mutua ya haya determinado si realmente este afectado merece la prestación y teniendo en cuenta que la incapacidad permanente no es una prestación obligatoria en todas las mutuas.
Además, los mutualistas están limitados a estar como máximo 360 días de baja, cuando se superan se acaba la prestación. "Tampoco tenemos reconocido nada relacionado con accidentes de trabajo, enfermedades profesionales... eso no existe para nosotros. La viudedad y orfandad igual porque la mutua no las considera obligatorias", señala la portavoz.
En cuanto a la prestación por incapacidad temporal, en función de la mutua, varía entre los 12 y los 30 euros al día a partir del séptimo día de baja, pues esa primera semana no se paga.
"Pedimos también prestaciones dignas, hablamos de que te puedas poner enfermo, de que si tienes un accidente de tráfico puedas tener el derecho a 45 días de rehabilitación, por ejemplo", destaca Rabell.
40 años de experiencia, vida laboral de cero meses
Hasta el año 1999 era obligatorio para los abogados contratar una mutua, en el caso de los procuradores hasta el 2000. No obstante, dejar la mutua y pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) conlleva empezar de cero.
"Yo lo hice el año pasado. Dejé 26 años en la mutua y me pasé al RETA. A la edad de jubilarme llegaré escasamente con 15 años cotizados, pero ahora mismo mi vida laboral dice que he trabajado seis meses", explica la abogada.
De hecho, cuenta que ahora como autónoma paga una cuota de unos 530 euros al mes. Su último recibo con Alter Mutua ascendía a más de 700 euros. "Además hasta el año 2012 no teníamos acceso a sanidad pública, teníamos que pagar nuestras propias mutuas privadas y las de nuestros hijos. Por tanto, tenemos unos costes adicionales que ni un trabajador por cuenta ajena ni un RETA tiene. Hemos pagado de más", concluye.
Paradójicamente, no todos los afectados pueden abandonar la mutua. Rabell cuenta que conoce a profesionales del sector ya en edad de jubilarse que no lo hacen porque no pueden. Y en el caso de las personas mayores que están enfermas se quedan con las prestaciones no contributivas, aquellas que dan a la gente que no ha podido acceder al mercado laboral.
“¡Pasarela al RETA ya!”
El lema de la manifestación del 3 de febrero es: "Pasarela al RETA ya!". Lo que pretenden los abogados y procuradores mutualistas es traspasar el dinero que han ingresado en su mutua e ingresarlo en el sistema público y que se les reconozcan sus años trabajados, tanto para las personas que ahora mismo no pueden salir de las mutuas, como a los que se han ido y a los que ya están recibiendo esa pensión de 200 o 400 euros.
De hecho, la portavoz revela que prácticamente todas las Comunidades Autónomas aprobaron por unanimidad una proposición no de ley para pedir esta "Pasarela". Asegura que ya se han reunido tanto con el Ministerio de Justicia, como con el de Economía y los diferentes partidos políticos nacionales. “Todos están de conformidad que esto se tiene que arreglar, el tema ahora está en quién pone sobre la mesa el decreto”, afirma.
Recorrido de la manifestación
La manifestación tendrá dos puntos de partida, uno para procuradores delante de la sede de la Mutualidad de Procuradores (calle Bárbara de Braganza número 2) y otro en frente de la Mutualidad (calle Serrano número 5).
Las dos cabezas de la manifestación convergerán en Paseo de Recoletos y avanzarán hasta el Congreso de los Diputados.
Aunque son conscientes de que este estará cerrado el día de la manifestación, Rabell destaca que no han tenido otra opción porque entre semana trabajan y la mayoría de los despachos son unipersonales. De todas maneras, apunta la portavoz, “lo importante es movilizarse" y que sepan que están allí.
Autocares hacia Madrid
Esta será la primera manifestación nacional de un sector al que “le cuesta mucho trabajo movilizarse” y es “muy poco corporativista”. “Llevamos ya siete meses preparando esto, es lento pero entendemos que va a ser un éxito total y absoluto”, afirma la portavoz.
Algunos Colegios de Abogados han empezado a colaborar con sus colegiados para pagar el transporte hacia la capital. Los de Murcia, Ciudad Real y Huelva también son otros ejemplos de ello. En Vigo ya van por el quinto autocar y en Sevilla, cuentan desde los afectados de Alter Mutua, el propio decano hasta ha confirmado su asistencia.
Sin embargo, los afectados critican que los dos principales colegios de España, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Il·lustre Col·legi de l’Abogacia de Barcelona (ICAB) no les ayuden. Concretamente, este último ha denegado la petición de colaboración para el transporte hacia Madrid.
El ICAB, en declaraciones a Confidencial Digital, ha asegurado que respetan “cualquier movimiento u organización que vela por la mejora de las condiciones en las que se ejerce la abogacía”.
Al mismo tiempo, en tanto que representantes de 25.000 personas colegiadas, el ICAB considera que su función “es priorizar y liderar el diálogo institucional con gobiernos, administraciones o entidades” y defiende que en el caso concreto de esta convocatoria, el Colegio ha autorizado su difusión en espacios de sus dependencias, como son las salas de togas, espacios de guardia y delegaciones territoriales.
Además, recuerdan que el pasado 8 de enero cedieron su sala de actos al Movimiento J2, que organizó su primera asamblea con más de 300 personas.
Gran acogida a la enorme organización en @ICABarcelona por compañeros #J2 de las dos mutuas de abogados, mutua de procura y Anama. Éxito de asistencia y contenido por la calidad y claridad de la información compartida sobre la #PasarelaJ2AlRETA. ¡NOS VEMOS EN MADRID EL 3/FEBRERO! pic.twitter.com/7i1lXUWILy
— MovimientoJ2AlterMutua (@J2AlterMutua) January 8, 2024
Desde el Movimiento J2, en respuesta, confirman esta información, pero señalan que no se les ha dejado difundir por su página web, en la revista del colegio Món Jurídic o en los boletines informativos diarios en los que el colegio recoge resúmenes de prensa con información de interés para abogados.
Convenios de la Mutualidad con la Abogacía institucional
“Lo triste es que nuestros colegios profesionales y el Consejo General de la Abogacía están de espaldas al problema”, lamenta Rabell, con la “honrosa” excepción de algunas instituciones mencionadas.
Con respecto a la manifestación, la portavoz explica que algunos de estos colegios han emitido un comunicado anunciando su “máximo apoyo”, sin embargo, se ha quedado en una declaración institucional.
La razón de su inmovilismo, según Rabell, es que muchas de estas mutualidades tienen convenios con los Colegios de la Abogacía para que les faciliten nuevos mutualistas y, a cambio, reciben ingresos directos de estas. El ICAB recibe 300.000 euros al año en ayudas directas, por ejemplo, además de las indirectas que se materializan en forma de suscripciones. La semana pasada este colegio entregó el galardón a los abogados jóvenes y parte de este premio es un año de suscripción gratuita a Alter Mutua.
“Metemos a nuestros jóvenes en la boca del lobo sin explicarles lo que es, seguimos diciéndoles que esto es un régimen alternativo, la cotización del abogado autónomo y que es tu jubilación como abogado”, asegura Rabell.
