Clamor en la Fiscalía para acelerar el ‘caso Iglesias’ porque afecta a la estabilidad del Gobierno
Consideran que no puede demorarse meses como ocurrió con las querellas por la gestión de la pandemia y reclaman que Dolores Delgado se inhiba
El Tribunal Supremo ya ha enviado a la Fiscalía la exposición razonada que pide la imputación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. La pelota está en el tejado del Ministerio Público que tendrá que elaborar un informe no vinculante explicando si considera que debe instruirse el caso o proceder a su archivo. La incógnita es quién estará a cargo de este informe. Parte de la cúpula fiscal, consultada por Confidencial Digital, reclama celeridad con el informe por la especial trascendencia para la continuidad del Gobierno.
La Sala de Admisiones de lo Penal del Alto Tribunal ha tardado solo 24 horas en pedir a la Fiscalía que se pronuncie sobre los tres delitos relacionados con la pieza ‘Dina’ en el marco del conocido como ‘caso Villarejo’. La rapidez es una de las claves de este caso, según indican fuentes judiciales, para tratar de alargar el procedimiento lo menos posible, dada la delicadeza del mismo.
En el seno del Ministerio Fiscal todavía se sienten las sacudidas del terremoto que produjeron las declaraciones del Teniente Fiscal del TS, Luis Navajas. Señaló directamente a compañeros como Consuelo Madrigal, de quienes dijo que estaban “contaminados políticamente” y que habían tratado de interferir en el informe que él realizó sobre las causas contra la gestión de la pandemia del Gobierno. La Fiscalía pidió su archivo y el Supremo todavía no se ha pronunciado al respecto.
Hasta que se emitió el informe, Navajas estuvo varios meses trabajando, algo que las fuentes consultadas creen que no debería ocurrir con este caso. Cierto es que el Teniente Fiscal tenía que analizar entonces decenas de querellas y en esta ocasión la exposición razonada que ha enviado el juez Manuel García-Castellón es una y se compone de 63 páginas.
Tanto la Fiscalía como el Alto Tribunal han dado prioridad a asuntos que afectan a otras Instituciones como, el último ejemplo, el caso del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés. En apenas unas semanas la Fiscalía se pronunció, el juez instructor ha tomado declaración al acusado y a los testigos y una semana después ha propuesto juzgar al magistrado.
La intervención de Dolores Delgado
De nuevo el foco está puesto en qué posición tomará la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. En el informe sobre las querellas contra el Gobierno por el coronavirus, fuentes de la Fiscalía General, confirmaron que decidió abstenerse de forma voluntaria.
No obstante, hubo diferencias entre el sector más conservador que consideraba que al ser un asunto de máxima trascendencia, Navajas debería haber convocado la Junta de Fiscales de Sala para consensuar un posicionamiento. El Teniente Fiscal no lo consideró oportuno y lo gestionó con un pequeño grupo de fiscales a su cargo.
Desde la Fiscalía General del Estado no se ha aclarado quién se encargará en esta ocasión, aunque corresponde a los fiscales del Tribunal Supremo, ni si Delgado intervendrá en la decisión.
La Sala que lo enjuiciará
La Sala de Admisiones de lo Penal será la encargada de enjuiciar al vicepresidente si se llegara a abrir el procedimiento. Está compuesta por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo Porres. Además del presidente Manuel Marchena.
El ponente designado es Andrés Palomo de Arco. Se da la circunstancia de que cuatro de estos magistrados juzgaron el proceso independentista de Cataluña y otro fue el instructor de la causa contra la portavoz en el Congreso de JxCAT, Laura Borrás.
También en el Alto Tribunal podría tratarse de acelerar la causa para no prolongar un proceso que afecta a la estabilidad del Gobierno. No obstante, fuentes consultadas explican que los magistrados del Supremo están “tranquilos” y tratarán esta causa con la normalidad de cualquier otra.
En caso de que se acepte finalmente investigar a Iglesias, se le ofrecerá declarar voluntariamente, como marca la ley para los aforados, y si rechaza la posibilidad, se podrá proponer a la Sala de lo Penal que curse el suplicatorio al Congreso de los Diputados.
