Justicia someterá a exámenes psicológicos a todos sus funcionarios
Destina 1,3 millones de euros en medidas de prevención de riesgos laborales. Beneficiará a forenses, fiscales y trabajadores de los órganos centrales y territoriales
- Del Instituto de Medicina a la Fiscalía
- Entre uno y tres años
- Estrés y acoso laboral
- La salud mental afecta al 45 % de los funcionarios
- Quirón e Ibersys
- Higiene en salas de autopsias y análisis físicos
- Plan detallado
La subsecretaria de Justicia ha destinado casi 1,3 millones de euros en diversas actividades preventivas, entre las que se analizarán los riesgos psicosociales como el estrés o la fatiga, para todos los funcionarios de la Administración de Justicia.
Según la memoria justificativa del contrato, este paquete de medidas tiene el fin de eliminar o minimizar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y las características de los puestos de trabajo existentes.
Para ello, el Ministerio ha contratado un servicio ajeno, pues argumentan que el departamento “carece de los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades objeto del contrato”.
Del Instituto de Medicina a la Fiscalía
El contrato incluye a todos los funcionarios, ya sean del ámbito Ministerio o los de territorios no transferidos. Las actividades se realizarán, por tanto, en las diecisiete comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.
También comprende a los trabajadores de los órganos centrales como la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Entre uno y tres años
La duración de las pruebas será de un año, a excepción de las Gerencias Territoriales de Castilla la Mancha y Extremadura, que serán de 18 años; de la Gerencia Territorial de Castilla la Mancha, que durará dos años; y la de la Fiscalía, que se extenderá durante tres años con posibilidad de prórroga por dos más.
Además, el Ministerio Fiscal tendrá una distinción más: el técnico o técnica superior en prevención de riesgos laborales estará destinado a tiempo completo en la sede de la Fiscalía General del Estado y tendrá que desplazarse desde allí al resto de fiscalías territoriales cuando sea necesario. También tendrá que coordinarse con la unidad de riesgos preventivos del Ministerio de Justicia.
Estrés y acoso laboral
En la memoria se explica que Justicia someterá a exámenes a todos sus funcionarios para evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo. Ello engloba factores como el estrés, la ansiedad, el acoso laboral, la violencia o la preocupación por la inestabilidad del trabajo.
Precisamente, el sindicato mayoritario en las administraciones públicas, CSIF, reclamó al Gobierno el pasado octubre que refuerce la atención a la salud mental con más inversión y más plazas en Psicología, Psiquiatría, Enfermería especializada en salud mental y terapeutas ocupacionales.
La salud mental afecta al 45 % de los funcionarios
Según la "Encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral" de CSIF, el 45 % de los empleados públicos consumen a diario ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros.
El informe señaló la pandemia y la crisis económica como una de las principales causas en el empeoramiento de la salud mental en el sector, con especial incidencia en los colectivos profesionales que tuvieron más exposición al virus.
Quirón e Ibersys
Quirón Prevención es la empresa que llevará a cabo las actividades de prevención en toda la Administración de Justicia, con la única excepción, nuevamente, de la Fiscalía, de la cual se encargará Ibserys Seguridad y Salud.
El valor estimado del contrato es de 1.289.600,41 euros y el presupuesto de base es de 1.005.536,88 euros. Para elaborar estos precios, el Ministerio indica en los pliegos que también ha tenido en cuenta la posible prórroga de las medidas de prevención en el Ministerio Fiscal.
Higiene en salas de autopsias y análisis físicos
Tanto Quirón como Ibserys deberán llevar a cabo una evaluación de riesgos en sus respectivas áreas. El contrato aprueba exámenes en tres ámbitos, incluyendo el análisis psicosocial mencionado previamente.
También analizará los riesgos higiénicos, para los que se medirá la exposición a contaminantes químicos, físicos y biológicos en el ambiente laboral. En principio, apunta el Ministerio, sólo se estima realizar estas pruebas en algunas salas de autopsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Asimismo, se realizarán pruebas para conocer aquellas situaciones laborales que causen un desgaste en el cuerpo y puedan causar alguna lesión o accidente laboral. Concretamente, se enfocarán a todas aquellas personas que manipulen, de forma habitual, cargas de más de tres kilos de peso.
En todos los casos los técnicos elaborarán un informe con recomendaciones para paliar los peligros que hallen.
Plan detallado
Por otro lado, ambas empresas contratadas deberán llevar a cabo una planificación de actividades preventivas para cada centro de trabajo que incluirá tanto los riesgos como las sugerencias para su eliminación, reducción o control.
El programa, según indica la memoria, detallará cada taller, su duración y plazo, los responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.
