Europa se implica con la calidad de las instituciones: quiere conocer a fondo la reforma del CGPJ y la nueva LeCrim

Las cuatro asociaciones de jueces y juezas españolas llevan preparando toda la semana lo que quieren explicar a la Comisión Europea este viernes. En una reunión telemática varios representantes de la Justicia hablarán sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial y sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en el marco de un informe anual que elaboran las Instituciones europeas sobre el Estado de derecho en la Unión Europea. 

Se trata de una reunión anual, pero que este año llega con unos antecedentes relevantes puesto que a principio de mes tres de las cuatro asociaciones judiciales enviaron una carta a la Comisión para denunciar el “riesgo claro de violación del Estado de derecho en España” por las reformas impulsadas por el Gobierno. 

En la última edición de este informe el Ejecutivo comunitario ya puso la lupa en el retraso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, un año después, todo sigue igual. Los vocales llevan ya más de dos años con el mandato vencido y ostentan el récord de ser los más longevos de la historia de la democracia española. 

Este jueves 29 y viernes 30 de abril los magistrados podrán trasladar sus quejas antes de que Bruselas elabore este informe en el que expone las debilidades de los 27 socios, haciendo hincapié en los medios de comunicación, la libertad de expresión, la corrupción o la independencia judicial. 

Lo que Europa quiere saber sobre la Justicia 

Aunque la visita no corresponda a las cartas enviadas, Europa aprovecha el contexto para escuchar lo que los miembros de la Justicia española tienen que decir en particular sobre la polémica reforma de las funciones del CGPJ. 

La Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia -la única no firmante de la misiva- van a explicar su visión sobre cuatros cuestiones principales que el Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa: los riesgos y desafíos a los que se enfrentan los jueces en España, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la polémica reforma del órgano del Poder Judicial y el impacto del Covid-19 en la Justicia. 

Los jueces se preparan, sobre todo en los tres primeros puntos, para transmitir a los representantes Europeos su preocupación en varias direcciones. Por un lado, la falta de medios a la que se enfrentan con la escasez de creación de juzgados en los últimos años. 

Por otro lado, las dudas sobre la nueva LECrim que otorga a la Fiscalía la investigación de los casos judicializados y que, al menos entre la judicatura, hay un sector que la rechaza frontalmente. Esta nueva legislación supone equiparar los estándares con la justicia de muchos países en Europa, pero supone también un verdadero terremoto en el sistema judicial tal y como está concebido actualmente. Por eso varios integrantes de las asociaciones son escépticos a que se pueda llevar a cabo sin que los jueces sufran consecuencias negativas en su trabajo. 

Con toda la información en la mano, la Comisión Europea plasmará sus conclusiones en el informe anual que se dará a conocer unos meses más tarde.