La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el hombre que dejó ciego a un enfermero por pedirle que se pusiera la mascarilla en el metro
El agredido perdió la visión del ojo derecho por el puñetazo. El Ministerio Público acusa al joven de un delito de lesiones
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita ocho años y seis meses de prisión para el hombre que agredió en el metro a un enfermero por requerirle en varias ocasiones que se pusiera bien la mascarilla.
El representante del Ministerio Público le imputa un delito de lesiones y reclama una indemnización en concepto de responsabilidad civil que asciende a 80.383,69 euros puesto que la víctima perdió la visión de su ojo derecho.
El escrito de acusación recuerda que sobre las 22.30 horas del 13 de julio de 2021 el acusado viajaba en el interior de un vagón del metro de la línea 1, en el trayecto comprendido entre las estaciones Cuatro Caminos y Alto del Arenal.
En un momento dado, el pasajero, enfermero de profesión, le solicitó en varias ocasiones que se colocara “correctamente” la mascarilla dado que la llevaba puesta a la altura de la barbilla sin cubrir nariz y boca. Otros pasajeros se unieron a la protesta pero el acusado se negó “reiteradamente” a ponerse la mascarilla.
Tras una discusión entre el enfermero y el agresor en la parada de metro Alto del Arenal, y antes de salir de su interior, el acusado, “con ánimo de menoscabar la integridad física” del sanitario, le dio un puñetazo en el ojo con el borde del teléfono móvil que llevaba en la mano, gritándole “gilipollas, ojalá te mueras”.
A continuación, huyó del lugar. A consecuencia de los hechos, la víctima perdió la visibilidad de su ojo derecho y las secuelas oculares que presenta “le suponen un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida en grado ligero”.
El acusado fue detenido por esta causa el día 19 de julio de 2021 y se encuentra en prisión provisional desde 21 de julio de 2021. La Fiscalía recuerda, además, que el acusado “no ha aportado documentación alguna que le permita permanecer en España” y que tampoco consta “la existencia de razón alguna que justifique su permanencia en España”.
