Judicial

Imputado un concejal de Vox por una estafa en Internet que hackeaba correos electrónicos

Rafael Palacios Cuéllar, edil del Ayuntamiento de Ciempozuelos, figura como receptor de una de las cuenta a la que se transfería el dinero de la trama

Un concejal de Vox en el Ayuntamiento de Ciempozuelos en Madrid está siendo investigado por un delito de estafa en Internet. Rafael Palacios Cuéllar pertenece, presuntamente, a una red con conexiones en Nigeria que operaba con ayuda de más de 40 personas y que se dedicaban a hackear correos electrónicos para acceder a los datos bancarios y hacer transferencias a otras cuentas. 

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El juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional está llevando a cabo las diligencias que han destapado cómo operaba esta organización criminal que comenzó en 2013 cuya finalidad es estafar a las víctimas, realizando transferencias de dinero a cuentas denominadas ‘puente’ para, desde ahí, sacar el dinero y enviarlo a Nigeria. 

Según el escrito de la Fiscalía, al que Confidencial Digital ha tenido acceso, Palacios Cuéllar figura como autorizado de una de esas cuenta ‘puente’ receptora del dinero ilícito, de la que es titular la empresa ALDIMASCON, S.L. La acusación popular, la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías (ANFITEC) cuya defensa la ejerce el letrado Manuel Merino, pide para el edil de Vox un total de 8 años de prisión por un delito de blanqueo de capitales y otro de cooperador necesario de delito de estafa. 

El partido político que dirige Santiago Abascal explican que esto pertenece a la "esfera privada" de este concejal y no a ninguna actuación que haya hecho en representación del partido, aunque concretan que el Comité de Garantías de Vox estará pendiente de lo que dictamine la justicia para "en caso necesario tomar las medidas" que correspondan. 

El Modus Operandi 

El hackeo era indiscriminado a nivel nacional e internacional. Se trataba de bombardear direcciones de correo electrónico sistemáticamente, mediante correos de tipo ‘spam’ que simulan haber compartido un documento con la víctima a través de sistemas como Google Drive o Dropbox

Una vez la víctima caía, le hackeaban la cuenta y desde ahí enviaban correos a su lista de contactos. De esta manera, los destinatarios que recibían un mensaje de un conocido no tenían motivos para sospechar por lo que accedían a ese correo y caían en la trampa.

Entonces, los estafadores trataban de dar órdenes al banco a través del correo para hacer transferencias. Los importes podían ser más de 100.000 euros. 

La parte de la organización que se encuentra en Nigeria era la encargada de solicitar las cuentas a las que puede transferir el dinero. 

La pirámide de trabajo

La organización criminal estaba liderada por ‘Baba’, una persona cuya identidad se desconoce, que se encuentra en Nigeria. La Fiscalía en su escrito habla de una pirámide de personas que actuaban en la que distingue tres niveles. ‘Baba’ está en la cúspide, se encarga de informar a la organización en España. 

En el segundo nivel se encuentran ‘Taiwo’ y ‘Adetola’, que disponen de las cuentas ‘puente’ y administran las necesidades de la organización. Un tercer escalafón es para los que dan apoyo a estos segundos, aportan nuevos miembros y algunos incluso se encargan de transportar el dinero a Nigeria. 

En el cuarto nivel, en el que se encuentra el diputado de Vox Palacios Cuéllar, están las personas que aparecen como titulares de las cuenta puente

Las cuentas 'puentes' 

Las llamadas cuentas 'puente' son cuentas bancarias cuya titularidad pertenece a personas físicas o jurídicas que mantienen una relación prolongada con su entidad bancaria y que no levanta sospecha al ser cliente habitual. 

Los titulares conocen la recepción de un dinero, según el Ministerio Público. Del dinero que se movía a terceros a veces no corresponde con la cantidad total recibida. Apunta la Fiscalía que se trata del remanente que se reparten en comisión con el titular de la cuenta. 

Esta causa se abrió en un Juzgado de Valdemoro en 2016 pero la investigación adquirió tal magnitud que se trasladó a la Audiencia Nacional

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