El ministro de Justicia pone en marcha una guía para que jueces, fiscales y abogados utilicen un lenguaje más comprensible

Entre las prioridades más inmediatas del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está modernizar el lenguaje judicial para acercarlo a los ciudadanos. Por eso, una de las primeras medidas que ha puesto en marcha ha sido rescatar el informe que elaboró la Comisión de modernización del lenguaje jurídico cuando Francisco Caamaño era responsable de Justicia.

Hacer comprensible el lenguaje jurídico al común de las personas es una de las obsesiones personales de Campo. Lo repite casi en cada una de sus intervenciones y, en este sentido, lo tenía fácil. Solo ha tenido que desempolvar un informe que se elaboró en 2010 y que él encabezó cuando ocupaba el cargo de secretario de Estado.

Ahora, Justicia lo pondrá en circulación y pedirá “compromiso” a jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, funcionarios de la Administración, procuradores, notarios, registradores y graduados sociales a los que van dirigidas las recomendaciones de este texto. Además, el Ministerio organizará jornadas para divulgar esta “modernización del lenguaje jurídico”.

El objetivo 

Según este informe, el lenguaje jurídico es “críptico y oscuro”. Muchas personas acuden a un juicio sin saber ni siquiera para qué han sido llamadas y se van de él sin saber qué consecuencias tendrá.

El texto compara a los profesiones judiciales con los sanitarios que “adaptan su lenguaje para que el paciente y su entorno lo comprendan”.

Una guía 

El informe consta de 26 páginas llenas de recomendaciones tanto de sintaxis y ortografía como del propio léxico. Son simplemente eso, recomendaciones no obligaciones, pero se apela continuamente a la “responsabilidad” de los profesionales para que la justicia sea entendible.

De hecho, se citan ejemplos de sentencias cuya redacción es incorrecta porque le faltan signos de puntuación o utilizan mayúsculas de manera incorrecta. La extensión de los párrafos no debe sobrepasar los “límites razonables” o se deben evitar la repetición de pronombres como “este, el cual, el mismo…”.

También se sugiere evitar el uso de frases subordinadas, muy extendidas entre los juristas, porque dificulta la comprensión y genera ambigüedad y posibles dobles interpretaciones. Tampoco utilizar la pasiva en exceso y ser especialmente cuidadosos con los arcaísmos, la terminología técnica o las locuciones latinas. En lugar de “luris tantum” escribir que se admite prueba en contrario o, en vez de usar “mendaz” poner “falsa”.

Un proyecto de Caamaño 

El Consejo de Ministros constituyó una Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico el 30 de diciembre de 2009. El presidente fue, precisamente, Juan Carlos Campo y el vicepresidente fue Víctor García de la Concha, el entonces, director de la Real Academia de la Lengua Española.

Además la conformaron otros ocho vocales de diversas disciplinas que tienen conocimientos en ámbitos jurídicos y lenguísticos como fueron Gabriela Bravo, fiscal y actual Consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana; Carlos Carnicer, abogado y jurista que fue presidente del Consejo General de la Abogacía Española; Gabriela Cañas periodista histórica de El País y nueva presidenta de la Agencia EFE; Álex Grijelmo, escritor y periodista, encargado de varios libros de estilo de medios de comunicación; Jesús María García Calderón, fiscal, poeta y escritor; Mercedes Bengoechea, catedrática en Filología inglesa y referente de la defensa del uso no sexista del lenguaje; María Peral, histórica periodista de tribunales en España; Salvador Guitiérrez Ordoñez, catedrático de lingüística y miembro de la Real Academia Española.

Todos ellos se reunieron por primera vez en febrero de 2010 y se dieron un plazo de doce meses para elaborar este informe. En septiembre de 2011 se presentó ante el Consejo de Ministros, pero en noviembre de ese mismo año el PP ganó las elecciones y el informe quedó en un cajón hasta ahora.