Judicial

La Sala Segunda del Supremo tendrá que volver a pronunciarse sobre los indultos por una querella contra el Gobierno

Se acusará al Consejo de Ministros de prevaricación y los magistrados que firmaron el informe contra la medida de gracia tendrán que decidir

Manuel MArchena 1
photo_camera Manuel Marchena con Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo

La fecha para que el Gobierno conceda los indultos a los presos por el ‘procés’ se acerca en el calendario y abogados, asociaciones y servicios jurídicos de los partidos políticos preparan ya todo el material judicial para presentar el recurso contra esta medida de gracia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Pero además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse también a otra querella en la Sala Penal del alto tribunal por estos hechos, según ha conocido Confidencial Digital. 

Abogados penalistas están elaborando una querella por un delito de prevaricación contra todos los miembros del Consejo de Ministros, apoyándose en el artículo 404 del Código Penal que habla de que a “la autoridad o funcionario público, que a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria” se le castigará con inhabilitación. En este caso, al tratarse de funcionarios aforados el Tribunal competente para su eventual enjuiciamiento sería el Supremo y el delito recaería en todos los miembros del Ejecutivo por igual, puesto que el documento de los indultos debe pasar por el Consejo de Ministros y, por tanto, las responsabilidad es compartida. 

La situación tiene ciertas similitudes con la que se dio en 2020 cuando asociaciones de afectados presentaron una querella con familiares y fallecidos por el Covid-19 para imputar a todos los miembros del Ejecutivo de Sánchez un delito de homicidio imprudente por la gestión de la pandemia. Confidencial Digital adelantó en abril de ese año que un grupo de abogados estaba preparando esta querella a la que se habían sumado más de 2.400 familiares de fallecidos, pero el asunto terminó adquiriendo una dimensión mayor. 

Ante la Sala II del Supremo llegaron a acumularse 20 querellas y 30 denuncias presentadas por sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, así como familiares de víctimas y el partido político Vox. Todas ellas fueron inadmitidas a trámite después de un largo proceso de estudio por los magistrados por considerar que no estaba justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos al Ejecutivo. 

Aunque el asunto de fondo no tiene nada que ver, esta querella (al menos sobre la que tiene conocimiento este digital) vuelve a poner contra las cuerdas a la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena porque tendrá que decidir si investiga o no la actuación del Gobierno en la excarcelación de los independentistas. 

La Sala Tercera no valorará la responsabilidad del Gobierno 

La vicepresidenta Carmen Calvo ha puesto en el horizonte la reunión ministerial del 22 o la del 29 de junio como tope para hacer efectiva la medida de gracia. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lleva semanas preparando a conciencia los argumentos con los que justificará el indulto y las fuentes consultadas apuntan a que se abordará como un asunto de “utilidad pública”. 

En este sentido, todos los recursos para revocar esta decisión se presentarán ante la Sala Tercera que preside el magistrado César Tolosa. El Supremo no podrá evitar que los nueve independentistas actualmente en prisión salgan en libertad durante, al menos, el tiempo que estudian los recursos. Las fuentes consultadas en el alto tribunal explican que la Sala no podrá inmiscuirse en los argumentos de fondo, sino que tendrá que limitarse a argumentar si existe “arbitrariedad” o no en la concesión. 

Sin embargo, los magistrados de esta Sala en ninguno de los escenarios -tanto si revocan el indulto como si no lo hacen- podrán determinar la responsabilidad de los miembros del Ejecutivo. Algo que sí es competencia de la Sala de lo Penal. 

La Sala que opinó en contra de los indultos

La querella que se está preparando caerá, por tanto, en la misma Sala que precisamente se opuso de forma rotunda a la excarcelación de los presos. “El indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia”, expusieron los seis magistrados que firmaron el informe. 

Con este caldo de cultivo, los magistrados tendrán que decidir si quieren o no investigar al Gobierno por prevaricación. Los querellantes tomarán como argumento la decisión “injustificada” de los ministros, algo que aparentemente el tribunal comparte a juzgar por sus palabras en dicho informe: “la singular perspectiva que ofrece el presente caso, en el que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”. 

Las fuentes consultadas indican que la interposición de esta querella, y de algunas otras que pueden sumarse luego, tiene visos de no prosperar judicialmente en base a la línea que ha llevado el Supremo hasta el momento sin querer investigar al Ejecutivo. No obstante, remarcan que este caso en concreto pone a la Sala entre “la espada y la pared” por lo sensible que es esta decisión sobre la cual ya se han pronunciado anteriormente. 

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