El juez indica en un auto que el hackeo del móvil de Sánchez afecta a "intereses generales" y no sólo a datos personales
También avisa de que en el ataque al móvil de Margarita Robles se pudo robar información de Defensa Nacional
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha publicado un auto en la que indica que el hackeo del móvil de Sánchez consiste en que "el delito investigado no solo afecta al bien jurídico intimidad y autodeterminación informativa, sino también a los 'intereses generales'".
La infección del teléfono de Sánchez con Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021, detectada por los servicios de respuesta ante emergencias informáticas y puesta en manos de la Justicia un año después, constituye, según el auto, un "delito público".
Así lo expone en un auto de este lunes 4 de julio, con el que insiste en que debe permitir ejercer la acusación popular, en el caso que deposite los 10.000 euros de fianza que se le exigen a Prolege, la Asociación de Juristas Europeos, rechazando la pretensión de la Abogacía del Estado de dejarles fuera de la causa.
La abogacía del Estado recurrió la decisión del juez, con el posicionamiento también favorable de la Fiscalía, de permitirles ejercer la acción popular.
La Abogacía lo consideraba improcedente porque considera que los representantes de dicha acusación podrían acceder una vez en la causa «a todo el contenido de datos de la intimidad de los agraviados en directa contradicción con lo que precisamente constituyen el fundamento de la acción penal y el bien jurídico que se quiere proteger».
La infección del teléfono de Sánchez con Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021, detectada por los servicios de respuesta ante emergencias informáticas y puesta en manos de la Justicia un año después, constituye, según el auto, un "delito público".
José Luis Calama, considera que el hackeo del móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, investigado por el mismo órgano, "podría integrar, además, alguno de los delitos relativos al 'descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional', tipificados en los artículos 598 y siguientes del Código Penal, cuya naturaleza pública es indiscutible.
El juez del 'caso Pegasus' pide a Fiscalía y Abogacía que le envíen sus preguntas para Bolaños
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido "tácitamente" que finalmente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, declarará por escrito, por lo que ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que le envíen las preguntas que quieran formular al testigo, en el marco de las pesquisas por el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.
En el auto mencionado de este mismo lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que, aunque el pasado 23 de junio sugirió a Bolaños la posibilidad de que declarara por videoconferencia, dándole tres días para contestar, el responsable de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha dejado transcurrir el plazo sin realizar ninguna manifestación al respecto, lo que le aboca a realizar la diligencia, fechada inicialmente para el 5 de julio, por escrito.
Eso, razona Calama, "nos conduce a entender tácitamente rechazada la opción ofrecida a los efectos de prestar declaración testifical a través de videoconferencia, y por ratificada en igual forma su decisión de acogimiento al privilegio procesal establecido en el referido art.412.2.1 1º Lecrim", que permite a los miembros del Gobierno declarar por escrito sobre hechos de los que hayan tenido conocimiento por razón de su cargo, como es el caso.
En consecuencia, asumiendo ya que Bolaños testificará por escrito, el instructor ha dado ese mismo plazo de tres días a las partes --Fiscalía y Abogacía-- para que le envíen su pliego de preguntas para Bolaños.
