Defensa

Una asociación militar lleva a los tribunales el reparto de medallas por la Operación Balmis

Argumentan que la Orden Ministerial debió haberse sometido al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas

Militares con equipos de protección NBQ.
photo_cameraMilitares con equipos de protección NBQ.

La Orden Ministerial 50/2020 que regula la concesión de la medalla por la “Operación Balmis” fue publicada el pasado 7 de septiembre y entró en vigor al día siguiente. Sin embargo, no fue hasta el 30 de septiembre cuando la norma pasó por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, donde las asociaciones pueden emitir informes y propuestas.

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Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.

Confidencial Digital ha podido saber que contra esa Orden Ministerial ha presentado un recurso la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), y la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el requerimiento que deberá ser argumentado próximamente.

Desde AUME explican que la razón principal es que el Ministerio se ha saltado el paso preceptivo de informar al Consejo de Personal. Dicen sentirse “ninguneados”, como ha pasado en ocasiones anteriores en las que las asociaciones no han sido escuchadas. Inciden en que la norma se ha aprobado de forma “atropellada” en un ambiente de crispación, cuando los militares empezaban a protestar por el asunto de las retribuciones.

Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas tienen el derecho a ser informadas de los proyectos normativos que afecten al régimen de personal, de acuerdo con la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta ley regula el Consejo de Personal en el que se formalizan las relaciones de dichas asociaciones con el Ministerio de Defensa y establece la obligación a este órgano de contribuir en el proceso de elaboración de las normas mediante informes o consultas.

Desde la Unión de Militares de Tropa (UMT) mostrarán su descontento elevando una queja al Ministerio por el mismo motivo. Dicen sentirse disgustados puesto que de nuevo “les han dejado de lado”.

Por su parte, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ha informado a Confidencial Digital que el proyecto de Orden Ministerial fue remitido por el Ministerio el día 3 de septiembre por la sede electrónica, teniendo la asociación diez días naturales para su recepción. Explican que un trámite de audiencia a una norma que se firma el día 4, se publica el 7 y entra en vigor el 8 no tiene sentido porque los informes y estudios no tendrían valor jurídico.

ASFASPRO justifica su malestar porque “el Ministerio no quiere o no le interesa escuchar y sigue instalado en el rodillo administrativo”. Añaden que “Al Ministerio no le importa en absoluto lo que puedan aportar los militares destinatarios de la norma que canalizan sus inquietudes a través de las asociaciones profesionales”.

Por tanto, que la orden pasara por el Consejo de Personal el 30 de septiembre no tiene validez para su tramitación conforme a derecho. En caso de urgencia, el órgano podría haber funcionado más ágilmente en comisión o podría haber celebrado un pleno extraordinario o cuantos plenos ordinarios fuesen necesarios.

Esta asociación no presentará recurso a la Orden Ministerial 50/2020 al considerar que los participantes de la Operación Balmis se merecen este reconocimiento. Sin embargo, ya ha presentado un informe al Ministerio en el que solicita se elimine o se modifique el párrafo del preámbulo que dice “Durante su tramitación, se ha dado conocimiento del proyecto de esta Orden Ministerial a las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y al resto de las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas”.

Ignorados de nuevo

Las asociaciones se quejan de que no es la primera vez que el Ministerio se salta el paso preceptivo de someter una norma al Consejo de Personal. Muestra de ello son los recursos presentados por ASFASPRO que han sido estimados, con la consecuente anulación de normas como el Real Decreto 924/2015, que aprueba el Estatuto de organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa o la Instrucción General 60-20, 5ª revisión de 6 de marzo de 2017, del jefe del Estado Mayor del Aire.

En el pleno del Consejo de Personal de 13 de diciembre de 2019 la asociación expuso y rogó que se solucionara este problema, que también aconteció con la Orden Ministerial 55/2019, de 15 de octubre. Según se recoge en el acta el Secretario General Técnico del Ministerio afirmó: “Se trata de una obligación del Ministerio de Defensa. Si en algún caso no se ha cumplido lo solicitado ha sido por error”. Por lo que las asociaciones entienden que tienen razón en su malestar.

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