Defensa

Oficiales de las Fuerzas Armadas denuncian al Defensor del Pueblo obstáculos para ascender

Critican que el Ministerio de Defensa no toma medidas para que un cambio introducido en la Ley de Carrera Militar de 2007 no les discrimine frente a los suboficiales

Entrega de despachos a oficiales de la Armada en la Escuela Naval Militar de Marín.
photo_camera Entrega de despachos a oficiales de la Armada en la Escuela Naval Militar de Marín.

La Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (Aprofas) ha recurrido al Defensor del Pueblo, para presentar su queja por una situación que el Ministerio de Defensa no les resuelve.

Desde esta asociación denuncian que el departamento que dirige Margarita Robles, y en particular la Dirección General de Personal del ministerio, muestran “apatía y falta de sensibilidad” ante las propuestas que Aprofas ha presentado para tratar de solucionar lo que consideran una discriminación en materia de ascensos.

Esta asociación de la Escala de Oficiales señala que la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar supuso “un cambio sustancial en el régimen de personal de las Fuerzas Armadas”.

La normativa anterior, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, “garantizaba que prácticamente todos los oficiales pudieran alcanzar el empleo de coronel/capitán de navío en las escalas superiores de oficiales o de comandante/capitán de corbeta en las escalas de oficiales, y que todos los suboficiales pudieran alcanzar el empleo de subteniente”.

Desde Aprofas destacan que “esta garantía de ascenso a los citados empleos generaba en el personal una expectativa de promoción profesional cierta”.

El problema es que eso cambió con la ley de 2007. Los cambios en el sistema de ascensos, según esta asociación, “produce un ritmo de ascensos diferenciado entre los miembros de una misma promoción de manera que no solo no todos los miembros ascienden en los mismos ciclos de evaluación sino que, aun desarrollando sus carreras profesionales de un modo parecido y a pesar de contar con la aptitud necesaria, varios de ellos pueden quedar, y están quedando, retenidos en el empleo, sin poder ascender más”.

Estas diferencias en el ritmo de ascenso, entre componentes de una misma promoción, así como el hecho de que no todos asciendan a coronel o capitán de navío, “será habitual para el personal que ha ingresado en las escalas de oficiales con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la carrera militar, y formará parte del desarrollo normal de su carrera profesional”.

El problema es que “para muchos oficiales que formaban parte de las escalas de oficiales en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley de la carrera militar, y que contaban con muchos años de intachables servicios acreditados en sus hojas de servicios, la aplicación del nuevo sistema de ascensos ha truncado significativamente sus expectativas de ascenso, generando tanto frustración profesional como desmotivación”.

La queja que Aprofas lleva tiempo trasladando a Defensa, y que ahora ha presentado ante el Defensor del Pueblo, es que una disposición transitoria de la norma de 2007 “dispensa un trato diferente a oficiales que han estado afectados por la misma normativa y que han sufrido vicisitudes similares, atendiendo únicamente al cumplimiento de determinadas circunstancias en una fecha establecida arbitrariamente que no se ajusta a ningún criterio objetivo”.

 

Además, critica la asociación, “dicha disposición transitoria establece un trato sensiblemente menos beneficioso o ventajoso que el que otra disposición transitoria dispensa al colectivo de los suboficiales”.

La consecuencia es una “injusticia”, unos “agravios comparativos”, según la Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas, que resultan lesivos para para los intereses legítimos de los oficiales y “afecta especialmente al derecho fundamental de igualdad”.

Por todo ello, esta asociación ha escrito al Defensor del Pueblo, explicándole el problema y pidiéndole que inste al Ministerio de Defensa “a impulsar las iniciativas legislativas necesarias para corregir la desigualdad denunciada”.

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