El Supremo anula la norma para desahuciar a militares de alojamientos del Ejército de Tierra
Estima el recurso de la asociación AUME. La instrucción permitía echar a quienes llevaran más de 3 años viviendo allí si había lista de espera
El Tribunal Supremo ha anulado una norma que aprobó el Ejército de Tierra en 2021 para tratar de dar solución a la listas de espera que acumulan las residencias y alojamientos logísticos. Se trataba de una instrucción que permitía desahuciar a los militares una vez pasado cierto plazo de tiempo.
- Modificación clave en la Instrucción Técnica 17/11
- Implantación del período máximo de estancia en alojamientos
- Orden de prelación y criterios para desalojar
- Recurso de AUME y batalla judicial
- Sentencia clave del Tribunal Supremo
- Reconocimiento del derecho al alojamiento
- Impacto en Armada y Ejército del Aire
Modificación clave en la Instrucción Técnica 17/11
El inspector general del Ejército aprobó en 2021 una modificación de la Instrucción Técnica 17/11, que regula la clasificación, uso y funcionamiento de las residencias militares del Ejército de Tierra de apoyo a la movilidad geográfica.
Implantación del período máximo de estancia en alojamientos
El objeto de la modificación fue la “Implantación del período máximo de estancia en los alojamientos logísticos militares (ALM)”.
El cambio en la instrucción técnica introdujo el procedimiento para desalojar a los residentes de los Alojamientos Logísticos Militares.
Marcó unos límites temporales. Para los cuadros de mando (oficiales generales, oficiales y suboficiales) estableció “con carácter general, tres años de estancia máxima continuada en dicho ALM”, aunque en ciertas excepciones se ampliaba hasta cuatro años.
A los militares de Tropa y Marinería (de soldados y marineros a cabos mayores) les dio mayor margen: seis años de estancia máxima continuada en un mismo alojamiento logístico militar.
El Ejército de Tierra determinó que “ante la presencia de lista de espera” para lograr una plaza en un alojamiento logístico militar, “el residente que en ese momento cumpla los plazos [...] habrá agotado su derecho a disfrutar del alojamiento, debiendo proceder al desalojo”.
Orden de prelación y criterios para desalojar
Reguló un orden de prelación para ir “desahuciando” y dejar libres plazas para que entren otros militares: primero, quien lleve más tiempo viviendo allí; el segundo criterio, en caso de llevar más tiempo, tenían que dejar su plaza “de menor a mayor empleo”; en caso del mismo empleo, por antigüedad, de moderno a antiguo; y en caso de coincidir la antigüedad, de menor a mayor edad.
La orden de desalojo se comunicaría dándole al afectado un plazo de un mes para desalojar sus habitaciones en el alojamiento.
Recurso de AUME y batalla judicial
La instrucción técnica se aprobó en 2021, entró en vigor, y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) presentó batalla contra ella.
Denunció que la instrucción técnica no había sido presentada al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, un trámite obligado, y que el Ejército de Tierra no tenía competencias para regular un asunto que afecta a los derechos de los militares.
El JEME desestimó el recurso de AUME, que acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también rechazó el recurso de la Asociación Unificada de Militares Españoles, que sin embargo no tiró la toalla y presentó un recurso de casación.
Sentencia clave del Tribunal Supremo
La asociación celebra que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que estima el recurso y anula la modificación de 2021 de la Instrucción Técnica 17/11, que regula la clasificación, uso y funcionamiento de las residencias militares del Ejército de Tierra de apoyo a la movilidad geográfica.
El Supremo ha aceptado varios argumentos de AUME. En la sentencia considera que la instrucción aprobada no es una norma de organización interna, dirigida exclusivamente a los mandos del Ejército de Tierra, sino que es una disposición de carácter general, que afecta a todos los miembros del Ejército de Tierra.
También da la razón a la asociación en que esa norma debía haber sido objeto de estudio en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, para permitir alegaciones de las asociaciones profesionales.
“El Tribunal Supremo, por tanto, a instancias de AUME, refuerza la importancia del derecho de asociación para los miembros de las Fuerzas Armadas”, destaca AUME.
Reconocimiento del derecho al alojamiento
También resalta el “interés mayúsculo” de este fallo judicial por cuanto el Tribunal Supremo, “reconoce la existencia de un derecho al alojamiento. lo que es especialmente sensible en relación con la situación de los miembros de la Escala de Tropa que son los que con habitualidad han de utilizar los alojamientos logísticos”.
Explica que “para el Tribunal Supremo este derecho de alojamiento es consustancial a la exigencia de movilidad geográfica y de disponibilidad permanente para el servicio”.
Con esta sentencia “se abre ahora el análisis de las posibilidades de resarcimiento para aquellos militares del Ejército de Tierra que fueron desalojados de sus alojamientos mediante el uso de la instrucción técnica que ha sido anulada por el Tribunal Supremo”, y para ello la asociación se pone a disposición de los militares afectados por estos desalojos.
Impacto en Armada y Ejército del Aire
Además, advierte que en la Armada y en el Ejército del Aire están en vigor normas similares, por lo que apunta que “ambos deben modificar sus respectivas instrucciones y dejar de aplicarlas para no incurrir en figuras de responsabilidad y resarcimiento”.
