No habrá una colocación al menos hasta finales de 2016

El Gobierno desoye las presiones de Bruselas y frena la venta de Bankia

Ha contestado que el Memorándum firmado con la UE no fija una fecha límite para la privatización

José Sevilla, consejero delegado de Bankia, y José Ignacio Goirigolzarri, presidente.
José Sevilla, consejero delegado de Bankia, y José Ignacio Goirigolzarri, presidente.

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo criticaron hace unas semanas que España no haya privatizado aún Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), entidades en las que mantiene todavía participaciones mayoritarias. Pero la hoja de ruta del Gobierno no pasa ahora precisamente por acelerar ese proceso. Y así se lo ha transmitido ya a Bruselas.

 “La reestructuración del sector bancario español, en particular de la banca que recibió ayuda del Estado, está progresando bien, pero la privatización de bancos en manos del Estado no ha avanzado en los últimos seis meses”, indicaron las dos instituciones en el cuarto informe de supervisión posterior al rescate financiero.

El Fondo de Reestructuración español, el FROB, “no ha vendido este año ninguna participación adicional en BMN o Bankia”, señalaron que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en el informe, al tiempo que recalcan que “la maximización del valor de recuperación de su inversión en estas entidades sigue siendo un reto”.

Bankia, apartada de la primera ronda de fusiones

Fuentes del Gobierno explican que la voluntad de promover fusiones bancarias es firme, si bien con algunas condiciones específicas. Una de ellas, que Bankia quedará fuera del proceso, al menos en la primera ronda de fusiones que alienta ya el Banco de España de cara al primer semestre de 2016.

El argumento del FROB para excluir Bankia es que es preferible esperar a que se recupere el precio de la acción: si venden ahora, perderían dinero y eso sería, políticamente hablando, difícil de justificar.

Se apuesta además por una venta por paquetes, por trozos, puesto que el precio actual del banco se sitúa en los 13.000 millones, una cantidad que ninguna entidad española estaría en condiciones de poner ahora sobre la mesa.

 

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