El Gobierno da vía libre a la OPA sobre Naturgy con condiciones: sede en España y no trocear la compañía

El desenlace de la OPA a Endesa supuso uno de los mayores escándalos político-económicos de los últimos tiempos. Este es el trasfondo fundamental que explica la implicación del Gobierno en la OPA de IFM sobre Naturgy. Moncloa no está dispuesta a repetir otro fiasco y Nadia Calviño lidera las negociaciones con el fondo australiano.

Según ha podido conocer Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la operación, IFM trabaja a destajo en su OPA sobre Naturgy e intenta permanecer ajeno al ruido político que ha generado la operación y a las declaraciones contrarias entre sí de diferentes miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. 

Los representantes del fondo de pensiones en España y todos sus asesores jurídicos, financieros y de relaciones públicas llevan días reuniéndose con altos cargos de Industria para preparar la documentación sobre la OPA de cara a su valoración en el Consejo de Ministros. 

La sede se mantendrá en España

Por lo pronto, se han mostrado dispuestos a aceptar las condiciones del Gobierno. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha entrado en escena como máximo interlocutor del Ejecutivo tras la decisión de la ministra de Industria, Reyes Maroto, de inhibirse en la operación.

Ha contactado con directivos de la compañía australiana y con el todavía primer accionista de Naturgy, la Fundación Bancaria La Caixa a través de Criteria. 

En las conversaciones discretas que se han producido en los últimos días les ha transmitido que el Gobierno es partidario de aprobar la operación aunque con importantes restricciones: no se quiere dar una señal al mercado de que el Ejecutivo pone trabas a la inversión extranjera.

Entre las exigencias que ha puesto sobre la mesa destaca una: Naturgy no puede abandonar su sede en España, en concreto en este momento en Madrid, después de que la compañía abandonase Barcelona en 2017 por la deriva independentista en Cataluña.

La transición energética del país

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD confirman que otra de las vicepresidentas, la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también participa en las negociaciones. 

En su caso, la condición que ha trasladado a IFM es la presentación de un plan de inversiones a largo plazo en Naturgy que contribuya a impulsar la transición energética del país, una de las banderas del Gobierno de Pedro Sánchez, y la creación de puestos de trabajo en España durante la etapa de reconstrucción tras la pandemia.

El coronavirus ha acelerado la transición energética y ha convertido a las renovables en uno de los sectores con mayor potencial de negocio, hasta el punto de que las energéticas tradicionales que explotaban combustibles fósiles han dado un ‘giro verde’ a sus estrategias.

Naturgy preveía triplicar su capacidad instalada renovable al final de su plan estratégico 2018-2022 con una inversión estimada de 3.800 millones. Ahora, el Ejecutivo espera que, con los objetivos actualizados para el horizonte de los próximos años, se eleven aún más las cifras tanto en inversión renovable como en capacidad instalada al final del mismo.

No se va a trocear la compañía

El Gobierno no pasa por alto que, si la operación sale adelante, más de la mitad del accionariado de la compañía (el 62%) quedará en manos de tres fondos de inversión internacionales, siempre con objetivos muy parecidos: reducir costes y mejorar la rentabilidad. 

Ante esta situación, Moncloa también quiere garantizar que, aunque haya un gran entendimiento entre los fondos de inversión, no exista ningún acuerdo de acción concertada en el grupo.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha reclamado información adicional a IFM sobre si existe concertación con el resto de los accionistas, así como sobre sus intenciones sobre la gestión. 

En medios cercanos al supervisor de los mercados se asegura que, en esta ocasión, la investigación se centra en analizar el detalle de las conversaciones mantenidas previamente con los actuales socios de la energética, así como en la búsqueda de las pruebas existentes sobre el contenido de esos contactos.

El fondo australiano ha trasladado a Calviño el mensaje de que Naturgy no acabará desguazada en trozos y vendida, poco a poco y por partes, para sacar mayor provecho. 

Pero la CNMV está comprobando que efectivamente eso es así. En caso contrario, pondrá dificultades. “No nos podemos permitir que se desvanezca otra de las grandes empresas españolas”, insisten en el Gobierno. Así, la resolución de la CNMV será clave para determinar el voto definitivo del Consejo de Ministros, en principio favorable en estos momentos.

Mantener el peso de La Caixa

Según las fuentes consultadas, Moncloa está empeñada además en que La Caixa mantenga su actual peso en el capital de la compañía. La fundación bancaria que preside Isidro Fainé controla un paquete del 24%, lo que la convierte en primer accionista. Su presencia, además, ha sido históricamente garantía de estabilidad en el accionariado del grupo.

Pero si Criteria no vende parte de sus acciones, la operación se complica ya que IFM tendría que convencer a más de la mitad de los accionistas minoritarios. Los tres grandes accionistas de Naturgy -además de Criteria, los fondos CVC y GIP- no van a obstaculizar su entrada en el grupo ni su acceso al consejo de administración. 

Por lo tanto, no parecen dispuestos a vender sus acciones pero tampoco pondrán problemas a la potencial entrada del grupo australiano. Por el momento, la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ no ha contestado a la espera de estudiar todos los potenciales escenarios, pero no descarta rebajar su participación, según explican a ECD fuentes conocedoras del proceso.

“La españolidad ya se perdió”

Hay que recordar que la OPA sobre Naturgy ha provocado algunas declaraciones de destacados miembros del Gobierno. Como José Luis Ábalos, que ha avisado de que “no sería la primera vez que el Ejecutivo trata de preservar la españolidad de empresas estratégicas”.

Una afirmación que matizan en ámbitos próximos a La Caixa porque, en el caso de Naturgy, “esa españolidad ya se perdió hace tiempo con la entrada de CVC y GIP, que ostentan juntos un 41% del capital”.

Evitar otro escándalo como con Endesa

En todo caso, en la cúpula económica del Gobierno se quiere evitar otro escándalo como el que protagonizó en su día Zapatero con la venta de Endesa a Enel. La eléctrica era la principal compañía española del sector y había sido privatizada años antes por una decisión del Ejecutivo Aznar. Al final de un largo y tenso tira y afloja, la compañía terminó en manos del Estado italiano.

E.On acordó en 2007 con Acciona y la pública italiana Enel poner fin a la incertidumbre y retirarse a cambio de activos en Italia, Francia y España. El gigante alemán sucumbió ante el cúmulo de injerencias e irregularidades cometidas en el proceso y la falta de una regulación efectiva.

Tras dos años de batalla, Acciona y la estatal Enel formalizaron la compra de Endesa por más de 40.000 millones de euros con el visto bueno del Gobierno Zapatero. Una venta que, para muchos analistas, supuso abrir la puerta al desmantelamiento y expolio de una de las grandes sociedades españolas.

El Ejecutivo recuerda ahora que la venta de Endesa descapitalizó las compañías eléctricas españolas y marcó el futuro del sector. Desconcertó a los alemanes, pero también a las autoridades de Bruselas. Nunca tuvieron claro lo que quería el Gobierno de Zapatero y quedaron a su vez perplejos por su excesivo intervencionismo.

Además, la operación se llevó por delante la reputación de dos reguladores. El dictamen de la Comisión de Energía fue revocado por el Consejo de Ministros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sufrió la dimisión de su presidente, Manuel Conthe, tras una sorprendente comparecencia en el Congreso.