El ministro Albares y la conspiración feminista para llenar España de inmigrantes
“La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. El artículo 102.1 de la Constitución Española obliga a que las denuncias contra los ministros sean tramitadas en el Tribunal Supremo. Eso provoca que los magistrados del alto tribunal tengan que analizar, en ocasiones, iniciativas de lo más llamativas.
El Chivato ha consultado un auto reciente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que preside Manual Marchena, que inadmitió a trámite una denuncia registrada el 23 de enero de este año.
El autor de la denuncia pretendía que se investigara a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ni más ni menos que por “supuestos delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, traición y contra la paz del Estado”. También apuntaba a Marta Vilalta, secretaria general adjunta (número cuatro) de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El escrito causó cierta confusión al magistrado Leopoldo Puente Segura, encargado de analizar si debía admitir a trámite la denuncia. El fiscal apuntó que los hechos que se describen en la denuncia “son genéricos, deslavazados, muy diversos, sin atribuir a persona concreta su autoría y sin mención a la participación del aforado”, José Manuel Albares, “en ellos”.
Al magistrado tampoco le quedó claro qué quería denunciar el autor del escrito, documento que “no permite conocer, con la indispensable precisión, cuáles resultan ser los hechos concretamente atribuidos” al ministro de Asuntos Exteriores.
Creyó entender que Albares, Vilalta y alguna otra persona “vendrían a formar parte de un grupo o colectivo, más o menos indefinido, al que se atribuyen conductas también muy imprecisas, que el denunciante califica, de forma meramente provisoria, como constitutivas de sendos delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales, traición y contra la paz del Estado”.
En la escrito se llega a acusar a uno de los denunciados de tener “contactos con los Trinitarios”, una banda latina, “para usarlos para mantenerme entretenido mientras mi situación de vulnerabilidad económica se agravaba para así poder realizar la extorsión”.
De ahí da un salto a otro asunto: “Ciberterroristas que operan en el país […] tienen la capacidad de controlar cajeros bancarios a distancia, teléfonos smartphone y todas las aplicaciones que utiliza el usuario de manera remota, el seguimiento mediante sistemas de inteligencia artificial...”.
El relato continúa de una forma aún más rocambolesca: habla del “envío de sicarios colombianos volviendo de Madrid y de Barcelona”, y de que “el aparato judicial de Lérida” y Marta Vilalta “prefieren ordenar ataques, pero desvincularse directamente de los hechos para tener un conocimiento parcial y ser más fácil la desvinculación y negar las cuestiones”.
La variedad de asuntos citados en la denuncia alcanza también a “una reunión del ex portavoz del Gobierno con la vicepresidenta de Venezuela”. Esta última podría ser Delcy Rodríguez, pero con “el ex portavoz del Gobierno” es difícil concluir si se refiere a José Luis Ábalos, que no fue portavoz pero sí se reunió con Rodríguez en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La acusación final de la denuncia fue la siguiente: “El objetivo de estos grupos es ir obteniendo influencia hasta crear una República Bananera [se entiende que en España] llena de inmigrantes de África y Sudamérica, controlados y gestionados por el movimiento feminista, el cual ya controla el ochenta por ciento de los puestos dentro de la administración pública y otros tantos puestos en los medios de comunicación, aquí me viene a la memoria el debate de una hora en 8TV de Barcelona sobre retirar las porterías de fútbol de los colegios por igualdad de género”.
El magistrado del Supremo concluyó que la denuncia no era más que “un relato de hechos que no permite identificar ninguno eventualmente constitutivo de delito, que pudiera vincularse, ni siquiera en los términos provisionales o prima facie que corresponden a este momento procesal, al Excmo. Sr. don José Manuel Albares, al que ni siquiera se cita, más allá del encabezamiento, en el cuerpo de la denuncia”.
No son del todo infrecuentes estas denuncias sin aparente sentido contra altos cargos. El Supremo ya inadmitió hace unos meses una iniciativa contra Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado. La denuncia era difícilmente comprensible, con referencias al Centro Nacional de Inteligencia y a otras cuestiones variopintas.
