El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado se harta de las solicitudes de Transparencia

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”.

Al amparo de esta ley, los ciudadanos pueden dirigirse a un ministerio, organismo público, gobierno autonómico o ayuntamiento para solicitar que se le facilite cierta información sobre la gestión pública: el gasto en un determinado servicio, datos estadísticos, expedientes de contratos...

El Chivato ha podido comprobar que, en ocasiones, las administraciones se acaban cansando de estas peticiones, cuando se repiten con cierta frecuencia.

Es lo que ha sucedido en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Este centro está dirigido por el general de la División de la Guardia Civil Manuel Navarrete, depende del Ministerio del Interior, y cuenta con representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI, las policías autonómicas...

Se dedica a recopilar y analizar información sobre terrorismo, radicalización y delincuencia organizada, elabora inteligencia criminal estratégica y de prospectiva para las Fuerzas de Seguridad, realiza informes y dicta criterios de coordinación entre las unidades policiales en casos de intervención conjunta.

Hace unos meses, al CITCO llegó la solicitud de un particular, que pedía que le enviaran “una copia de los informes elaborados por el Centro de Inteligencia de lucha Contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) relacionados con las vinculaciones con España de todas aquellas personas sancionadas incluidas en la lista de Anexo de la Decisión (PESC) 2014/145, en el Anexo I del Reglamento (UE). Decisiones PESC del Consejo: (2022/265,2022/267,2022/331,2022/337,2022/354 y siguientes)”.

Se trata de las “listas negras” con los altos cargos rusos y ucranianos (y algunos bielorrusos) que participaron en la anexión rusa de Crimea, la rebelión de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk, y, más recientemente, la invasión rusa a gran escala del resto de Ucrania.

La respuesta del CITCO a esta solicitud fue denegatoria. Resolvió “no acceder a lo solicitado dado que los datos requeridos están clasificados como materia de reserva interna de grado Difusión Limitada y su difusión podría ser motivo de ilícito penal”.

Pero el Centro no se quedó ahí. Quiso también trasladar un aviso al autor (autora, al parecer) de la solicitud.

Primero, en la resolución se cita el artículo 18. e) de la Ley 19/2013, que señala como causa de inadmisión las solicitudes que “tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la ley”.

“Se viene observando que la solicitante ha hecho uso de esta vía informativa con nuestra institución en trece ocasiones durante los últimos tres años”, reprocha el CITCO.

Ante ese ‘bombardeo’, indica a la solicitante que “para la obtención de información puede dirigirse al Área de Prensa y Documentación Informativa del Ministerio del Interior la cual, de no existir impedimento legal alguno, los pondría a su disposición”.