Ángel Garó acusa a ‘Sálvame’ ante un juez de orquestar una campaña para hundirle
El humorista acusa a directivos del programa de lucrarse con la difusión de sus datos personales y exige 395.000 euros de indemnización
- El origen: una detención, una ficha policial y muchas filtraciones
- Gustavo González, en el ojo del huracán
- Responsabilidad en cadena: redactores, directores, productora y cadena
- Mediaset, señalada como responsable civil subsidiario
- Un modus operandi supuestamente sistemático
- Las penas solicitadas: hasta cinco años de prisión
- Una batalla judicial que promete dar guerra
El cómico Ángel Garó ha decidido pasar al contraataque judicial. Lo ha hecho con un escrito demoledor dirigido al Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, en el que acusa a directivos, colaboradores y redactores de ‘Sálvame’ y ‘Deluxe’ de cometer delitos de revelación de secretos, cohecho y tráfico de influencias.
El documento, firmado por su abogada Marta Duarte Ruiz y la procuradora Virginia Rosa Lobo Ruiz, no deja títere con cabeza y apunta directamente a altos cargos de la productora La Fábrica de la Tele y al grupo Mediaset España, al que considera responsable civil subsidiario.
El origen: una detención, una ficha policial y muchas filtraciones
Todo se remonta a mayo de 2017, cuando Garó fue detenido tras un presunto episodio de malos tratos con su entonces pareja. Aunque el caso concluyó con una sentencia absolutoria, la polémica se cebó con el artista durante semanas.
La denuncia sostiene que la ficha policial del humorista fue consultada ilegalmente en las bases de datos Argos y Sindepol por agentes de la Policía Nacional, y que esa información se trasladó después —sin filtros ni garantías legales— a los contenidos del programa ‘Sálvame’.
La clave, según la parte acusadora, está en los días 30 de mayo y 2 de junio de 2017, fechas en las que, según el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, se produjeron consultas indebidas a esas bases de datos. Unos días después, el programa abordó en directo el caso con una contundencia que ya entonces hizo saltar las alarmas.
Gustavo González, en el ojo del huracán
El periodista y colaborador habitual de Telecinco Gustavo González ocupa un lugar destacado en la acusación. En el programa emitido el 1 de junio de 2017, González no dudó en afirmar que “la Policía denunció a Garó por desacato a la autoridad”, al tiempo que mostraba documentos que, según dijo, procedían directamente de las diligencias policiales.
Pero lo más delicado vino después. Garó asegura que González habló en antena de lesiones físicas de su expareja, de antecedentes judiciales, de conversaciones privadas obtenidas a través de WhatsApp, y hasta de supuestas irregularidades económicas del humorista. Todo ello, afirma la acusación, nutriéndose de información confidencial que solo podría haber salido de bases de datos reservadas.
Responsabilidad en cadena: redactores, directores, productora y cadena
El documento judicial acusa no solo a periodistas y colaboradores, sino también a los altos cargos de ‘Sálvame’: David Valldeperas, Alberto Díaz, Isaac Pulido y David Núñez Teca, entre otros. También aparecen nombres de redactores, como Miguel Menaut o Miriam Ruiz, y directivos de La Fábrica de la Tele.
En su declaración, Eva Piñas, redactora del programa, reconoció que ocasionalmente se manejaban atestados policiales, y que la dirección era quien decidía los contenidos. Una línea que, según Garó, muestra una estructura perfectamente organizada para explotar datos confidenciales con un solo fin: aumentar la audiencia del programa y, por tanto, los ingresos por publicidad.
Mediaset, señalada como responsable civil subsidiario
La denuncia no se queda en la productora. Va más allá. Mediaset España, como grupo de comunicación que daba soporte a Telecinco, también aparece como responsable civil subsidiario por no controlar adecuadamente los contenidos emitidos. “Existió culpa in vigilando”, reza el texto, que pone el foco en la obligación de los medios de vigilar que sus emisiones no vulneren derechos fundamentales.
Además, la acusación destaca que la información no solo fue compartida en televisión, sino también reproducida en la web oficial de Telecinco, amplificando aún más el impacto de las filtraciones.
Un modus operandi supuestamente sistemático
Garó sostiene que lo vivido no fue un caso aislado. “Era prácticamente diario”, afirma la acusación sobre el uso de información confidencial en ‘Sálvame’. Como prueba, aporta declaraciones en sede judicial, mensajes de WhatsApp, audios y testimonios que confirmarían un patrón repetido: consultas ilícitas, acceso a información policial, y posterior difusión en directo.
Uno de los ejemplos más llamativos tiene lugar en enero de 2018, cuando el padre de Ángel Garó fallece. Según el informe, José Antonio León, reportero de ‘Sálvame’, solicitó a Gustavo González el historial policial del fallecido, quien accedió a los datos a través del mismo canal irregular.
Las penas solicitadas: hasta cinco años de prisión
La acusación es tajante. Pide penas de prisión que van de los cuatro a los cinco años para la mayoría de los imputados, además de inhabilitaciones, multas y restricciones para contratar con la Administración pública. Para Gustavo González, al considerársele autor de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de tráfico de influencias, se piden cinco años de prisión y la pérdida del derecho a recibir ayudas públicas por diez años.
En total, la indemnización exigida asciende a 395.000 euros, una cantidad que debería ser asumida solidariamente por todos los acusados, incluyendo a La Fábrica de la Tele y a Mediaset España.
Una batalla judicial que promete dar guerra
A la espera de la apertura del juicio oral, el caso de Ángel Garó contra ‘Sálvame’ y su maquinaria mediática promete convertirse en un nuevo terremoto en los tribunales, justo cuando el universo Telecinco trata de reconfigurarse tras la cancelación del programa en 2023. Las pruebas presentadas, los testimonios y la documentación policial apuntan a un procedimiento de largo recorrido que podría tener consecuencias penales y económicas para varias de las figuras más reconocidas del entretenimiento televisivo en España.
Por ahora, la defensa de Garó no se pronuncia públicamente, pero en el escrito judicial deja claro su objetivo: “Que se haga justicia y se protejan los derechos fundamentales de quienes han sido víctimas del uso mercantil del dolor ajeno”.
