Economía deniega a Mediaset información sobre el canal que alquila Warner Bros a Blas Herrero
El dueño de Kiss FM consiguió esta licencia en el concurso que organizó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015
El Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño ha denegado a Mediaset la posibilidad de acceder a información acerca de la licencia del canal de la TDT de DMax, que en la actualidad gestiona Warner Bros gracias a un alquiler al dueño de Kiss FM, Blas Herrero.
Según una solicitud a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, la cadena de televisión que preside Borja Prado pidió una “copia de toda la documentación” existente sobre los hechos denunciados por Mediaset España por un “uso fraudulento” de un alquiler encubierto a Discovery Channel de la licencia audiovisual que Radio Blanca “obtuvo en 2015 en el concurso de licencias audiovisual de TDT de ámbito nacional”.
En esta solicitud Mediaset España exigió acceso al menos parcial a la anterior información previa al cambio de normativa “para el hipotético caso en que el expediente contuviera o hiciera referencia a alguna información” tanto de la denunciante como de la expedientada que supuestamente pudiera causar perjuicios a los intereses de ambas partes.
Además, la compañía decidió requerir que, si se detectaban este tipo de datos, la Secretaría de Estado los eliminara o los suprimiera “del acceso a la información” por parte de terceros. Este conflicto es de la época de Paolo Vasile.
Respuesta del Ministerio de Nadia Calviño
El Ministerio de Economía ha argumentado a Mediaset que este caso está “en tramitación en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional”, fruto precisamente de la acción judicial interpuesta por Mediaset España “contra la desestimación del recurso interpuesto ante el Secretario de Estado para el Avance Digital frente, de nuevo, a la denuncia a Radio Blanca”.
Dadas estas circunstancias, Economía argumenta que el derecho de acceso podrá ser limitado “cuando acceder a la información suponga un prejuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”.
Finalmente, los responsables ministeriales consideran que deben “denegar el acceso a la información a la que se refiere la solicitud realizada” porque podría suponer un prejuicio para “la igualdad de los partes de los procesos judiciales” según lo dispuesto en el artículo 14.1.f) de la Ley 19/2013.
