El Gobierno frenará la renta básica universal argumentando que es “anticonstitucional”
Recordará que las prestaciones sociales dependen de las comunidades autónomas y no del Estado. Su aplicación necesitaría una reforma de la Carta Magna
Pedro Sánchez ha decidido apostar sin fisuras por la renta básica universal, la propuesta electoral estrella de Podemos. El plan del PSOE es establecer primero una renta mínima de 426 euros para los más desfavorecidos y, después, una general para todos los españoles. El Gobierno está dispuesto a aceptar la primera si la propuesta es aprobada en el Congreso, pero no así la segunda.
Así lo confirman a El Confidencial Digital altos cargos de Moncloa, que reconocen la existencia de un “argumentario jurídico” para rechazar tajantemente esta iniciativa. Incluso si PSOE y Podemos llegan a un acuerdo sobre las cifras de esa renta universal, y logran el respaldo mayoritario del Congreso, “no la aprobaremos en ningún caso”.
Todo ello, explican las fuentes consultadas, porque la aplicación de una medida así “no puede realizarse de un día para otro” porque, entre otras cosas “es inconstitucional” o, dicho de otro modo, “va en contra de varios artículos de la Constitución”.
En este sentido, el Gobierno considerará la renta básica universal como una prestación social más, como lo es ahora el paro y, por tanto, “corresponde a las comunidades autónomas, y no al Estado, su administración”.
Así las cosas, añaden desde Moncloa, la idea de Sánchez de que dicha renta vaya en los Presupuestos “es irrealizable con el actual texto constitucional”. Por tanto, concluyen, “no se puede aprobar pese al respaldo del Congreso”.
La medida, dentro de una reforma constitucional
La única vía posible para establecer una renta básica universal es que las comunidades autónomas renuncien a la competencia sobre las prestaciones sociales, o bien que se haga una excepción en este sentido dentro de la Constitución.
El primer escenario es “prácticamente imposible” porque ningún gobierno regional estaría dispuesto a una concesión así. No obstante, en ambos supuestos, habría que modificar el texto constitucional, avisan desde el Gobierno.
Por ese motivo, el Ejecutivo anunciará, una vez que se tramite esa medida, que si ésta queda aprobada en el Congreso, entrará a formar parte de las posibles modificaciones de la Constitución que se pueden analizar entre todos los partidos a medio plazo.
La reforma constitucional, no obstante, ha dejado de ser prioritaria para el Gobierno, que teme extender el debate existente por el desafío independentista de Cataluña al resto de territorios. El PSOE, por su parte, sí apuesta por buscar un “encaje constitucional” al “sentimiento nacional” de los catalanes.
Dos posturas enfrentadas que hacen prácticamente imposible un acuerdo para modificar la Carta Magna en la presente legislatura.
