El Gobierno responde que colgar la bandera republicana no es ilegal

Afirma que “la mera exhibición” de una enseña no está tipificada como delito porque lo ampara la libertad ideológica y de expresión

República.
Bandera de la Segunda República en el ayuntamiento de Sagunto (Valencia).

 

La presencia de Podemos, Compromís, EH Bildu y otros partidos de izquierdas al frente de numerosos ayuntamientos provocó que el pasado 14 de abril (también en 2016) se izara la bandera de la República en consistorios de toda España. Delegaciones del Gobierno y Abogacía del Estado actuaron contra ello, pero ahora el Ejecutivo precisa que exhibirla “en principio no es ilegal ni inconstitucional”.

Varios ayuntamientos la izaron el 14 de abril

Gobiernos municipales como los de Valencia, Zaragoza, Cádiz, junto con otros municipios de distintas comunidades autónomas, desde Galicia a Cataluña y de Andalucía a Navarra, han conmemorado estos últimos años el aniversario de la proclamación de la República.

El pasado 14 de abril, igual que ocurrió en 2016, algunos ayuntamientos izaron en el mástil de la fachada del edificio consistorial la bandera tricolor republicana, mientras que otros la colgaron de un balcón, varios la colocaron en mástiles en otros puntos del municipio, etc.

Denuncias ante los tribunales

Delegaciones del Gobierno denunciaron a estos ayuntamientos ante los tribunales, y algunos jueces prohibieron el uso de la bandera republicana.

El episodio llevó a los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete a presentar al Gobierno una pregunta parlamentaria con varias cuestiones. Entre otras, querían saber si incumple alguna legislación el hecho de “colgar una bandera en un balcón alejada de los mástiles del ayuntamiento”, donde en principio sólo han de ondear las enseñas oficiales reguladas.

La exhibición “no resulta punible”

El Confidencial Digital ha tenido acceso a la respuesta que ha dado el Gobierno de España para contestar a esta polémica. Y lo llamativo es que se puede entender que el Ejecutivo central contradice las actuaciones de sus delegaciones en Andalucía y la Comunidad Valenciana, entre otras.

En la contestación enviada a los dos senadores de Compromís, el Gobierno parte del argumento básico de que en España “no resulta punible la mera exhibición de banderas si éstas no van acompañadas de una conducta activa propia de un crimen de odio o discurso que ensalce la violencia o el odio, ya que en tal caso podríamos estar ante un delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal”.

Dicho artículo castiga la incitación al odio, la discriminación, la negación de genocidios y la justificación y enaltecimiento del terrorismo, y se utiliza por ejemplo contra la exhibición de pancartas de apoyo a ETA, a sus miembros y sus presos.

Ni ilegal ni inconstitucional

Más allá de esos casos de enaltecimiento del odio y de la violencia, el Gobierno contesta, a la pregunta sobre la bandera republicana, diciendo que “con carácter general, el hecho de exhibir cualquier bandera en principio no es ilegal ni inconstitucional”.

 

Sin que en la pregunta de Compromís hubiera una mención expresa a ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy señala que, salvo en casos en que pueda provocar alteraciones del orden público, la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 -calificada por sectores de izquierda como “Ley Mordaza”- “no sanciona el mero hecho de exhibir banderas de este tipo”.

Amparada en la libertad ideológica y de expresión

Además, la respuesta del Gobierno a esta polémica sobre las enseñas tricolores colgadas el 14 de abril añade que la exhibición de cualquier bandera puede estar amparada “en la libertad ideológica y la libertad de expresión”.

Llama la atención que en su respuesta el Gobierno no haya hecho referencia a la Ley de Banderas. Esa norma regula el uso de las enseñas oficiales en las instituciones, y es la que, por ejemplo, obliga a izar la bandera de España en un lugar preferente en todos los ayuntamientos, frente a las negativas de consistorios “independentistas” en Cataluña, País Vasco, Navarra...

De hecho, desde Compromís, el senador Carles Mulet lamenta, a raíz de esta contestación, que el Gobierno está realizando un uso “torticero y a la carta” de la Ley de Banderas. De ahí que este partido nacionalista reclame que a partir de ahora el Ejecutivo tome medidas para evitar que las delegaciones del Gobierno vuelvan a tratar de impedir colocar la bandera republicana, pero también en el caso de que algunas instituciones quieran exhibir enseñas reivindicativas de distintas autonomías, como acaba de ocurrir en el ayuntamiento de Pamplona con la ikurriña vasca.

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