Ley del Silencio en la Armada. El Almirante Jefe asume que se castigue a quien denuncie irregularidades como lo ocurrido con la explosión en la fragata ‘Extremadura’

En el accidente, ocurrido en diciembre de 2005, en el arsenal militar de Ferrol, perdieron la vida un marinero y un cabo primero. Los hechos fueron denunciados por un cabo primero, que apuntó la existencia de negligencia por parte de uno de los mandos, y el cabo fue arrestado por ello.

La investigación sobre lo ocurrido en la ‘Extremadura’ sigue abierta, a pesar de los intentos del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar por echar el cierre al expediente, y después de haberse descubierto que había sido destruido uno de los informes vitales para conocer lo que sucedió.   ECD ha tenido acceso a unos documentos confidenciales de la Armada en los que el nuevo AJEMA, Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García -nombrado por la ministra Carme Chacón en verano-, defiende que, pase lo que pase, los trapos sucios deben lavarse en casa y nunca hacerse públicos.

Entre estos papeles hay un informe del asesor jurídico de la Armada y una resolución del almirante Rebollo precisamente sobre la sanción de dos meses de arresto impuesta al cabo primero Jorge Miguel Gago Chao, que fue quien denunció que la negligencia de uno de sus jefes pudo haber causado el mortal siniestro de la ‘Extremadura’.

En la resolución, el AJEMA asume los argumentos de su asesor jurídico y justifica la sanción al cabo primero Gago porque -sostiene- lo primero es el respeto y la lealtad a los jefes, aunque hayan podido cometer una negligencia (que en este caso habría causado dos muertes).   Literalmente el informe dice que de "atentado grave a la disciplina puede calificarse la imputación pública (...) pues, conforme ha señalado la jurisprudencia, la disciplina debiendo inspirar toda la actuación profesional, obliga igualmente, entre otras cosas, a ser respetuoso y leal con los jefes, según se expresa en el artículo 35 de las Reales Ordenanzas".

Y añade que "el propio sentido de la responsabilidad y de la lealtad deben imperar en el militar (...) aún cuando no se trate de cuestiones específicamente secretas o de carácter reservado, ni se refieran al asunto de servicio que especialmente competa al agente".   Fuentes militares consultadas por El Confidencia Digital interpretan el informe asumido por el AJEMA como un llamamiento a continuar cumpliendo la “Ley del Silencio”. Es decir que, cuando un militar tenga conocimiento de alguna irregularidad -aunque sea un delito-, no debe denunciarlo públicamente, y que ya se encontrará un arreglo internamente para no dañar la imagen de la Armada.

En esa dirección parece ir este informe cuando afirma que "el militar está obligado a evitar cualquier perjuicio material o moral y el desprestigio que para los Ejércitos y para el propio servicio pueda desprenderse de la innecesaria indiscreción".   La sanción de dos meses de arresto al cabo primero Gago fue suspendida poco después de que su madre entregara una carta a la reina doña Sofía pidiéndole su intervención.