Un abogado responde a Ayuso y le explica por qué se investigan ahora las muertes en residencias
Un juez imputa a dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia, reabriendo denuncias que habían quedado archivadas
- Nueva imputación a altos cargos de la Comunidad de Madrid
- Respuesta de Carlos Castillo a las críticas de Ayuso
- Diferencias con denuncias anteriores
- Acusaciones contra la cadena de mando política
- Detalles sobre los protocolos de triaje
- Denuncia de discriminación en la asistencia sanitaria
- Procedimientos legales en curso
El pasado viernes un juez imputó a dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por las casi más de 7.000 muertes en las residencias de la región durante la pandemia de la covid-19. Hasta ahora, todas las denuncias interpuestas por las familias de las víctimas contra la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, habían quedado en nada.
El magistrado ha estimado un recurso de la Fiscalía Provincial de Madrid tras una nueva denuncia, presentada en octubre por 109 familiares de los fallecidos. La presidenta ha criticado este lunes el cambio de criterio que, a su juicio, ha protagonizado el Ministerio Público al tratar de reabrir "una causa archivada".
Nueva imputación a altos cargos de la Comunidad de Madrid
Sin embargo, Carlos Castillo, el abogado que elaboró la denuncia presentada hace ocho meses junto a Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz, ha respondido con contundencia a las críticas de Ayuso a la Fiscalía. El letrado ha recordado a la líder madrileña que esta investigación nace de una denuncia nueva, al margen de todas las archivadas hasta la fecha.
Respuesta de Carlos Castillo a las críticas de Ayuso
Lo que se desestimó fue una denuncia de 2021 interpuesta contra personas distintas y por motivos diferentes. En aquel caso, contra los médicos de las residencias por haber llevado a cabo una "denegación del deber del socorro", ha aclarado Castillo en una entrevista en La Sexta.
Diferencias con denuncias anteriores
La querella se dirige, en esta ocasión, contra la cadena de mando política que está detrás del triaje que realizaron las residencias. Los responsables de los denominados "protocolos de la vergüenza": Nacho Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid y firmante de dichos protocolos, y Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Mur y redactor de las directrices de triaje.
Acusaciones contra la cadena de mando política
"Son las dos personas que firman los protocolos de triaje (...) Van a declarar en calidad de investigados y no tienen por qué decir la verdad, pero esperamos que expliquen cuál fue el mando por el que terminaron excluyendo del derecho sanitario a tantas personas", ha explicado en Al Rojo Vivo.
Detalles sobre los protocolos de triaje
Además, el delito que se les imputa también es distinto. En esta denuncia se les atribuye una posible "denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria", castigado en el artículo 511 del Código Penal. Los polémicos protocolos impidieron que miles de ancianos en residencias fueran derivados a hospitales o recibieran atención médica, tanto tratamiento como cuidados paliativos.
Denuncia de discriminación en la asistencia sanitaria
Las asociaciones de víctimas denuncian que tenían derecho a haber recibido dicha atención. Los protocolos establecieron un triaje previo al que realizan los médicos en los hospitales, que afectaba no solo a enfermos de covid sino que también se impedía trasladar a hospitales a residentes que, por ejemplo, que estuvieran en silla de ruedas.
"Personas que tenían derecho a una asistencia sanitaria, a que se medicalizaran las residencias, o a ser derivadas a un hospital público, privado o IFEMA (...) Se les negó esta asistencia y se les discriminó por las condiciones físicas que tenían, por el deterioro cognitivo, y eso es un delito", ha sentenciado el abogado que forma parte del gabinete jurídico que ha interpuesto la demanda.
Procedimientos legales en curso
El juez había citado a declarar a Mur y Martínez Peromingo este lunes, pero su comparecencia ante el juez se ha suspendido a petición de los investigados. Las defensas han reclamado que se posponga porque no non había recibido la información del caso.
Según informa El País por fuentes jurídicos, la declaración se producirá en aproximadamente un mes, y el magistrado ha permitido a Mur comparecer por videoconferencia para evitar un desplazamiento largo. Actualmente, reside en Andorra.
