Se acabaron las multas por emplear el castellano para rotular en Cataluña

El pasado 28 de noviembre, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el texto final del proyecto legislativo para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los empresarios en toda España.  La nueva ley de unidad de mercado, que sólo obtuvo el respaldo del PP en la Cámara, entró en vigor el 10 de diciembre.

Los efectos de su aplicación definitiva, sin embargo, no podrán ser patentes hasta el próximo mes de marzo, ya que el Gobierno ha otorgado a las comunidades autónomas un plazo de tres meses para adaptar la ley a la normativa de cada región.

Así lo confirman a El Confidencial Digital fuentes parlamentarias cercanas a Moncloa, que avisan de un “gran cambio” para todos aquellos negocios que estén afincados en Cataluña: “A partir del segundo trimestre del año, no serán sancionados por rotular sus establecimientos en castellano”.

El "principio de no discriminación" evitará nuevas multas

Según las citadas fuentes, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado establece un nuevo principio, el de “no discriminación”, que está por encima de las competencias de las comunidades autónomas. Esa disposición se basa en los siguientes fundamentos:

-- Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin descriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento.

-- Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico.

Desde el Gobierno y el PP explican a ECD que estas dos condiciones, en especial esta última, impiden la prohibición por parte de la Generalitat de rotular en castellano dentro de Cataluña: “Ese veto es considerado como una causa de discriminación y de trato desigual con respecto a otras empresas, por lo que no podrá llevarse a cabo”.

La ley es “absolutamente constitucional”

Desde que empezó a tramitarse la ley de unidad de mercado en el Congreso, desde el Gobierno de Artur Mas se ha manifestado en varias ocasiones que el Ejecutivo autonómico estaba preparando un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma.

Pues bien, según las fuentes consultadas, el texto aprobado en la Cámara Baja se ajusta “al milímetro” a la Constitución. De hecho, parte de su redacción está basada en el contenido de la Carta Magna.

En concreto, tal y como puede observarse en el preámbulo de la Ley, la norma se basa en el artículo 38 de la Constitución, en donde se reconoce “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, debiendo los poderes públicos garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad”.

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Más de 400 multas en los últimos años

Con la aplicación de la nueva norma, se acabará con una de las grandes reclamaciones que gran parte del empresariado afincado en Cataluña realizaba al Gobierno: poner fin a las multas por rotular en castellano.

El año pasado, y debido a una sentencia del Tribunal Constitucional, la Generalitat se vio obligada a devolver el importe de las sanciones realizadas antes de 2010. Sin embargo, el Gobierno autonómico, amparándose en la reforma de su Código de Consumo, ha continuado ponendo multas a comercios por rotular en castellano.

Según los datos que maneja el Ejecutivo, en 2011 y 2012, años en los que se aplicaron las sanciones pese a las sentencias del TC, se realizaron más de 400 multas en la región. Cada establecimiento tuvo que pagar una cantidad de 720 euros por no haber rotulado en catalán.