Advertencia de tres ministras al Gobierno: la ‘Ley Trans’ puede provocar un tsunami como el del “solo sí es sí”

La reducción de penas por la ley del “solo sí es sí” ha sacudido al Gobierno. Tanto que las legislaciones en marcha a favor de las mujeres están provocando tensiones en Moncloa. Tres ministras han advertido de que la ‘Ley Trans’ amenaza con provocar un terremoto como el de la excarcelación de violadores tras la reforma del Código Penal.

Los debates abiertos giran efectivamente sobre todo en torno a la tramitación de la ‘Ley Trans’, otro de los proyectos estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ahora fuertemente cuestionada por los efectos de la ley del “solo sí es sí”.

Sin embargo, la ‘Ley Trans’ es la que más ha dividido al movimiento feminista -que fue capaz de ser epicentro global de la igualdad hace solo cuatro años, el 8-M de 2018, y que acabó caminando por separado en la marcha del Día de la Mujer de este año-. Una norma por la que se ha llegado hasta la ruptura entre quienes están a favor de la legislación y creen que otorgar derechos al colectivo ‘trans’ no merma derechos a las mujeres, y quienes están en contra y opinan que sí lo hará y supondrá un borrado del sexo femenino.

Ahora, con esta batalla activa desde hace meses, las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual (“solo sí es sí”) están alimentando el fuego encendido sobre la ‘Ley Trans’, todavía en tramitación parlamentaria, es decir, cuyo texto aún puede sufrir modificaciones.

Aviso de Maroto, Robles y Llop

Las rebajas en las penas como consecuencia de la reforma del Código Penal que conllevó la ley del “solo sí es si” -los reos tienen derecho a que sus penas se revisen cuando una nueva ley las rebaja si resulta más favorable para su caso-, han provocado cruces de acusaciones, recordatorios de advertencias pasadas y algunos posicionamientos estrictos relacionados con cuestiones técnicas y también políticas, estas últimas coincidentes en parte con la división creada alrededor de la ‘Ley Trans’.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Ejecutivo, las ministras Reyes Maroto, Margarita Robles y Pilar Llop (las dos últimas juristas) han advertido al Gobierno de que hay que ser rigurosos y evitar que haya hombres que opten por cambiar de sexo sólo para eludir condenas por violencia de género, en aplicación de la ‘Ley Trans’.

Agresores eludiendo condenas

Hay que recordar que la norma en tramitación pretende regular el cambio de sexo legal (o mención registral del sexo) sin ningún requisito, es decir, bajo el principio de autodeterminación de género.

Según las fuentes consultadas por ECD, Maroto, Robles y Llop se han movilizado de urgencia para que el texto no posibilite, bajo ningún concepto, eludir una condena por violencia de género. Es decir, no permita que un hombre evite una condena por violencia de género por cambiar la mención registral del sexo.

Han advertido, por tanto, de que resulta fundamental revisar que, en el caso de que una persona con sexo legal masculino agrediese a su pareja, mujer, y posteriormente decidiera realizar un cambio en el registro, el delito se juzgaría en base al sexo legal que tenía cuando cometió los hechos delictivos.

Evitar un tsunami político y mediático

De lo contrario, advierten, será imposible esquivar un tsunami político y mediático, como el que ha desatado en los últimos días la aplicación de la ley del “solo sí es sí” por parte de los jueces.

Las tres ministras tienen en cuenta que la presunta agresión denunciada no cursaría como violencia de género de acuerdo a la Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género, sino simplemente como un caso de violencia doméstica, con unas penas mucho menos duras.

También se están asegurando de que el texto en tramitación prevea un sistema de doble comparecencia (o periodo de reflexión). De esta forma, el cambio de la mención registral, según el proyecto de ‘Ley Trans’, no sería inmediato, sino que se establece un período de máximo cuatro meses entre la primera comparecencia y la segunda. Es decir, que nadie pueda cambiarse de sexo legal en el Registro Civil de un día para otro.

La ministra Pilar Llop busca blindarse

Miembros de Unidas Podemos han señalado en las últimas horas al Ministerio de Justicia del PSOE como corresponsable de la elaboración de la ley del “solo sí es sí”. Una maniobra que, según admiten en su entorno a ECD, ha llevado a la titular del departamento, Pilar Llop, a blindarse frente a futuros efectos indeseados de la aplicación de la ‘Ley Trans’.

En medio de toda la polémica por la rebaja de las penas a los abusadores sexuales, los portavoces del partido morado, Pablo Fernández e Isa Serra, han responsabilizado al departamento de Justicia, liderado entonces por Juan Carlos Campo, como el muñidor de los artículos más controvertidos que han dado lugar a la revisión de las sentencias.

“No solamente estuvo, no solamente propuso y ratificó, y consideró que no había ningún problema y no iba a suceder lo que está sucediendo, sino que tenía una responsabilidad especial en las penas”, ha asegurado Serra, que además de portavoz de Podemos es asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Serra también ha subrayado que “las penas definidas las define especialmente y fundamentalmente el Ministerio de Justicia, es su responsabilidad cuando hay un cambio en el Código Penal”. Por lo que ha dejado claro que Justicia hizo “cambios” en la redacción del proyecto.

Será tumbada por el Constitucional

Tal y cómo se contó en ECD, Moncloa ha consultado también en las últimas semanas a juristas próximos al PSOE y su dictamen ha sido que la libre autodeterminación del género, sobre todo en el caso de los menores, “no tiene un pase”.

Un aviso que han trasladado al propio Pedro Sánchez el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; la ex presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega; y el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, uno de los hombres de la máxima confianza del presidente del Gobierno.

Se oponen frontalmente tanto a la libre autodeterminación de los menores como al hecho de que cualquier persona pueda cambiar su género sin respaldo de ningún informe médico.

“La intervención judicial se convierte en una garantía fundamental para el menor de edad que expresa su deseo de transitar de un sexo a otro”, respondieron los juristas a los requerimientos del jefe del Ejecutivo.

“No parece necesario ni proporcionado desvincular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de todo elemento probatorio que acredite, de un modo u otro, cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona”, añadieron.

Aseguran también que la ley recoge disposiciones que “contradicen el derecho fundamental a la igualdad”, en la medida en que propician el “indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales”.