La reforma local se desinfla: no se suprimen diputaciones, no se eliminarán ayuntamientos ni habrá fusiones. El Gobierno recula ante la presión de las bases municipales del PP
Lo que iba a ser una drástica reforma de la administración local se desinfla. Lo único que habrá es algún retoque llamativo que permita salvar la cara al Gobierno, que adelantó a bombo y platillo que acabaría con el despilfarro y los déficits en este sector.
El ministro de Hacienda y Administraciones Territoriales, Cristóbal Montoro, anunció a principios de 2012 una reforma a fondo del sector local y provincial, pero desde ese momento no ha hecho más que recular.
El ambiente se ha relajado, los ayuntamientos han cumplido el objetivo de déficit de este año, el 0,3% del PIB, y cumplirán el déficit cero este año, según fuentes de la Federación de Municipios, y en esas condiciones las prisas no proceden.
Por si fuera poco, a medida que se acercan las elecciones municipales, previstas para mayo de 2015, la urgencia decae por el coste electoral que supondría recortar servicios a los vecinos.
El poder municipal del PP gana la batalla
La inicial furia reformista de Montoro está desinflada. De entrada, le desautorizó la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, cuando se negó a suprimir diputaciones y provocar una ola de fusiones de pequeños ayuntamientos. Y a partir de entonces el poder municipal del PP, que es muy poderoso, ha ido rebanando el proyecto de Montoro y se va saliendo con la suya en el tira y afloja subterráneo.
Uno de los globos que han ‘pinchado’ es el del ahorro de 7.000 millones que la reforma va a producir según el Gobierno. Ni 7.000 millones, ni 3.000, ya que ni está cuantificado ni es posible sin una supresión de servicios inasumible por los ciudadanos.
La FEMP niega también el despilfarro, explicando que tal cosa procede de un mal reparto de trabajo. Es producto del solape de competencias entre administraciones y de los gastos impropios de los municipios.
Los gastos impropios
Los municipios podrán además anotarse la victoria de haberse sacudido de encima los llamados “gastos impropios”, que suponen el 30% de los gastos municipales, una carga muy pesada en tiempos de crisis y caída de los ingresos.
Los famosos gastos impropios son todos aquellos que no están en el catálogo obligatorio de servicios, y en los que incurrieron cuando había dinero fresco gracias a la burbuja inmobiliaria.
Entre esos gastos figuran los colegios, ambulatorios, polideportivos, centros culturales, promoción empresarial, turismo, atención inmigrante, escuelas de música y un largo etcétera.
A partir de la reforma, esos servicios los tendrán que prestar las comunidades autónomas. Y, si se delegan en los municipios, habrá que darles el presupuesto para pagarlos.
Sueldos de los concejales
Otro globo pinchado es que la reforma supondría la supresión de sueldo al 80% de los concejales. Es falso. No se suprimirá nada, ya que nunca han cobrado en los ayuntamientos pequeños, que son la mayoría de los 8.100 municipios de España.
Así están ahora las cosas en la negociación del anteproyecto de ley de reforma entre la FEMP, que agrupa municipios y diputaciones, y el Gobierno. La Federación celebra un Consejo Territorial, máximo órgano entre congresos, los próximos días 7 y 8 de marzo, para ratificar el estado de las negociaciones, en las que van ganando.
Medios cercanos a la FEMP, explican a ECD que el objetivo de la reforma se ha reconducido de manera drástica: no será revolucionaria, no habrá un cambio drástico del mapa municipal.
Un decreto de intervención
Lo único que inquieta a los alcaldes es que el ministerio de Hacienda se saque de la manga, como dice el proyecto de ley de reforma, un decreto de intervención ‘manu militari’ de los presupuestos y cuentas de los ayuntamientos.
Un decreto discrecional, que irá fuera de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
El proyecto de ley no fija los criterios de gestión, errores presupuestarios, o falta de calidad de servicios que autorizaría a Hacienda a entrar a saco en los consistorios.
