El Gobierno no tiene claro cómo reducir los plazos de instrucción a los jueces
El Ejecutivo ya ha decidido acotar la duración de las causas pero le preocupa que se reduzcan garantías a los procesos judiciales
Restar garantías judiciales
El principal objetivo y reto al que se enfrenta el Gobierno es introducir esta modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin afectar a las garantías de un juicio justo. Desde el propio Ejecutivo señalan que hay casos que han de investigarse durante más tiempo, porque así lo requieren; macrocausas, instrucciones sobre corrupción, o hechos complejos, con mucha documentación, que precisan más meses y años para ser estudiados y analizados correctamente.
Precisamente, fue el principal partido de la oposición, el Partido Popular, quien bajo el Gobierno del expresidente, Mariano Rajoy, modificó este artículo del reglamento para acotar el tiempo que podía permanecer abierta una causa judicial. Esta reforma fue duramente criticada por el PSOE y los partidos de la oposición, así como por asociaciones judiciales, por dos motivos principales. En el plano político, el PP tomó esta decisión en mitad de las numerosas causas por corrupción abiertas al partido y que se encontraban en fase de instrucción o en pleno juicio. En el terreno jurídico, este cambio suponía una amenaza para aquellas causas, que requerían más tiempo para conocer a fondo los hechos y los implicados.
Por ello, el resto de partidos políticos, entendieron la medida como un atajo de los populares para impedir la investigación de la Justicia sobre una corrupción que afectaba sus propias filas.
Además, Sánchez llegó al poder por primera vez gracias a una moción de censura, tras una sentencia que condenaba al Partido Popular por la conocida como trama Gürtel. El líder socialista siempre ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción y eliminó esta reforma en cuanto llegó a la presidencia del Gobierno. En el Ejecutivo son conscientes de que revertir ahora dicha modificación e impulsar una iniciativa como la que entonces aprobó Rajoy, sería muy difícil de explicar para los socialistas. Más aún cuando el motivo de esta iniciativa es convencer a Junts para que vote a favor de la actual Ley de Amnistía, que volvió a la comisión del Congreso tras el voto negativo de los siete diputados del partido de Carles Puigdemont después de que tumbara la aprobación de la proposición de ley.
En consecuencia, busca en la manera de cambiar la ley de enjuiciamiento sin que afecte al buen funcionamiento de los procesos judiciales. Pero en el Ejecutivo aún no tienen claro cómo hacerlo y hay muchas dudas sobre la manera de compaginar ambas cosas: acotar los tiempos de los jueces y no perjudicar aquellas causas que requieren más tiempo.
Acotar la duración de los juicios
El Gobierno tiene decidido cambiar la ley de enjuiciamiento para que no haya casos cuya instrucción se alarguen hasta 15 años. “La justicia tiene que ser rápida”, señalan fuentes del Ejecutivo. La intención es poner cierto margen a los jueces para que no extiendan los procesos sine die, sino que tengan el tiempo justo y necesario sin excederse. Una modificación que llega tras las decisiones judiciales que afectan a líderes independentistas en causas abiertas desde hace casi un lustro.
El Gobierno asegura que no va a cambiar “ni una coma” de la actual ley de amnistía, y afirma que ampliar el amparo a todos los delitos de terrorismo podría hacer inconstitucional la norma. De ahí, que el presidente, haya propuesto reformar la ley de enjuiciamiento con el objetivo de tratar de convencer a Junts.
Causa de Tsunami Democratic
El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, investiga la causa del movimiento, Tsunami Democratic; protagonista de los altercados callejeros tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes políticos que organizaron el referéndum del 1 de octubre de 2017. En plena tramitación de la amnistía que dejaría a Puigdemont y al resto de causados por cualquier delito, relacionado con independentismo catalán, libres de consecuencias judiciales, el magistrado del alto tribunal ha decidido imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo al considerar que era el máximo responsable de esta organización. Una decisión judicial que deja sin amparo al expresidente de la Generalitat, puesto que el ‘olvido’ penal no incluye los delitos de terrorismo.
El PSOE aceptó modificar levemente la ley de amnistía en la elaboración y aprobación del enmiendas, y incluyó un pequeño cambio para que todos los delitos de terrorismo que no atentasen contra los derechos humanos también estuviesen cubiertos por la amnistía. Sin embargo, Junts amenazó con votar en contra de la norma y, por tanto, tumbarla, si no incluía cualquier delito de terrorismo para asegurarse que también amparara a su exlíder. Los socialistas no cedieron, y el partido independentista hizo caer la ley.
