Los falangistas llevarán a los tribunales la exhumación de José Antonio Primo de Rivera

El Senado aprobó este miércoles de forma definitiva la Ley de Memoria Democrática, que supone una regulación más estricta en la persecución de vestigios del franquismo. Entre otras novedades, obliga a que dejen de estar enterrados en lugares preeminentes tanto el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, como el general Gonzalo Queipo de Llano, uno de los sublevados el 18 de julio de 1936.

Los falangistas llevaban años temiendo que la exhumación de Franco fuera seguida de la de su fundador. Ahora, una vez que se ha aprobado la ley que provocará este traslado, han decidido pasar a la acción.

La Falange y Falange Española de las JONS han anunciado su compromiso de “iniciar las acciones judiciales oportunas” para que los restos mortales de Primo de Rivera -fusilado por los republicanos el 20 de noviembre de 1936, en la cárcel de Alicante- “sean tratados con la dignidad que merecen”.

Estos dos partidos falangistas añaden que “junto con las citadas acciones judiciales” impulsarán “todas las iniciativas que estén a nuestro alcance en defensa de la verdad histórica, de los derechos y libertades de todos los españoles y de la memoria y dignidad de nuestros caídos”.

Denuncian como “una profanación del cuerpo de nuestro fundador” el anuncio hecho por el ministro de la Presidencia, y señalan que Primo de Rivera fue “asesinado en su juventud por aquellos cuyas organizaciones políticas hoy pretenden ocultar su sepultura para que se olvide en crimen”.

Los falangistas no dan detalles de las acciones judiciales que iniciarán contra los planes del Ejecutivo. Como ocurrió con los restos de Franco, cabe suponer que próximamente algún departamento del Gobierno inicie el expediente administrativo para cumplir la previsión legal de que tanto los restos mortales de Queipo de Llano, en la Basílica de María Santísima de la Esperanza Macarena de Sevilla, como los de Primo de Rivera, en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dejen de estar en lugares preeminentes.

Bolaños ha asegurado que en todo caso se tratará de acordar con las respectivas familias los lugares donde se reinhumarán los restos del general que dio el golpe de Estado en Sevilla y los del fundador de Falange.

Al menos el pasado mes de abril el Gobierno aún no había contactado con los familiares de José Antonio Primo de Rivera.

Ya desde hace años se había incrementado la presión desde la izquierda para que el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera dejara de estar enterrado bajo una gran losa ante el altar mayor del Valle de los Caídos. Primero Izquierda Unida y después Podemos reclamaran que se trasladaran sus restos mortales a otro lugar.

Uno de los asesores del Gobierno en materia de Memoria Histórica ya apuntó, antes de que se aprobara la Ley de Memoria Democrática, que el siguiente paso tras la exhumación de Franco sería la de Primo de Rivera.

Los falangistas, que le siguen considerando su ideólogo principal, llevan años preparándose para esa exhumación. Cada año realizan una marcha a pie desde Madrid hasta el Valle de los Caídos por el aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, el 20 de noviembre. Ante los anuncios del Gobierno, cada año esperaban que fuera la última.

Ante esa posibilidad, estaban decididos a reaccionar, a “armar mucho ruido” y a dejar bien clara su oposición y resistencia a trasladar los restos mortales de su fundador.

Su primer movimiento será judicial, para intentar que sea tratado “con dignidad”, aunque añaden que “el Régimen ya ha demostrado no respetar las más elementales normas de respeto a los difuntos”.