El Gobierno contraataca a las acusaciones de espiar con Pegasus: los teléfonos de Sánchez y Margarita Robles también han sido infectados

La denuncia, en pleno choque con los independentistas, contrasta con la resistencia de Moncloa a dar detalles del hackeo que han sufrido los móviles de otros ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla por teléfono.
Pedro Sánchez habla por teléfono.

El Gobierno ha informado de que los teléfonos del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido “infectados” con el programa Pegasus y que esta información ha sido remitida a los tribunales.

Un anuncio que contrasta con la resistencia a dar detalles del hackeo que han sufrido los móviles de otros ministros en otras ocasiones, pero que ahora coincide con las acusaciones de espionaje al Ejecutivo por parte de los independentistas.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el de la Presidencia, Félix Bolaños, comparecieron desde La Moncloa en una conferencia de prensa convocada a primera hora y de cuyo motivo no informó con antelación.

El ministro Bolaños habló de “intrusiones consumadas” en las que se ha producido una “extracción de un determinado volumen de datos de los terminales”.

La convocatoria a los medios se produjo al final de un puente festivo en siete autonomías y el día en el que se celebran los actos del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, en el que la presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, era el centro de todos los focos, y estuvo arropada por el nuevo líder de los populares, Alberto Nuñez Feijóo.

También, tras una semana en la que el Gobierno de coalición ha sacado adelante en el Congreso en el último momento su plan para paliar los efectos de la guerra de Ucrania en la economía española, gracias al apoyo de EH Bildu y con el enfado de ERC, uno de sus socios parlamentarios clave, por el escándalo del caso Pegasus, el supuesto espionaje a al menos a 60 líderes políticos y sociales del independentismo mediante un programa al que teóricamente solo tienen acceso Estados soberanos, y la falta de respuesta del Gobierno.

En los últimos días, el discurso del president de la Generalitat, Pere Aragonès, uno de los afectados, se ha ido endureciendo hasta que a finales de la semana pasada pidió que la ministra de Defensa y máxima responsable del CNI, Margarita Robles, asuma responsabilidades.

En el Congreso, Robles reprochó a los independentistas en una dura intervención: “¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?”. Además, criticó a la CUP diciéndoles que les venía muy bien “aparecer como víctimas”.

No ha dado detalles de otros hackeos

En cambio, tal y cómo se ha contado en ECD, el Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido a la Comisión de control de los créditos destinados a fondos reservados para responder a preguntas de los diputados sobre los casos de intrusión en los teléfonos móviles de varios ministros y otros altos cargos del Gobierno de España.

 

Esos casos los desveló El Confidencial.com en el verano de 2020. El Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, y el CNI investigaban ataques cibernéticos a los teléfonos móviles del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de otros altos cargos. Todos recibieron mensajes con enlaces, y al pinchar en ellos, quedaron infectados por un virus, que accedió a toda la información del teléfono y después bloqueó el dispositivo.

EH Bildu registró en enero de este año 2022 una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados, para que el Gobierno respondiera por escrito a varias cuestiones sobre estos ataques. El diputado Jon Iñarritu pedía saber qué resultado había arrojado la investigado: qué virus se había utilizado, quién estaba detrás de los ataques, cuántos miembros del Gobierno se vieron afectados, qué medidas se tomaron para evitar que los piratas informáticos se colaran en los teléfonos móviles de otros ministros...

El Centro Criptológico Nacional

La respuesta del Gobierno de Sánchez fue bastante escueta, de un párrafo:

-- “En relación con la pregunta de referencia, desde el Ministerio de Defensa se informa de que el resultado de las actuaciones realizadas, en relación con el incidente objeto de la iniciativa, ha sido trasladado a las autoridades pertinentes para que adopten las medidas que, en su caso, consideren oportuno”.

La referencia al Ministerio de Defensa se explica porque el Centro Nacional de Inteligencia depende de este ministerio, y uno de los organismos que habría investigado el hackeo sería el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), adscrito al CNI.

Es misión del Centro Criptológico Nacional “la gestión de ciberincidentes que afecten a cualquier organismo o empresa pública”, y actúa como centro de capacidad de respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del Gobierno de España.

De la respuesta parlamentaria se entiende que el Centro Criptológico Nacional realizó determinadas actuaciones sobre el hackeo de los móviles de varios ministros y altos cargos. El resultado de esas actuaciones se comunicó “a las autoridades pertinentes”, para que adoptaran medidas.

El Gobierno no dio más detalles: ni qué virus había infectado los móviles, ni cuántos ministros se habían visto afectados, ni qué medidas se habían adoptado para evitar nuevas brechas de seguridad.

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