El Gobierno se resiste a dar detalles del hackeo que sufrieron los móviles de varios ministros
Juan Carlos Campo, Arancha González Laya y otros altos cargos se vieron afectados. El Ejecutivo remite a la comisión de secretos oficiales, como con el espionaje a líderes independentistas
El supuesto espionaje con el programa israelí Pegasus a los teléfonos móviles de decenas de dirigentes políticos y activistas independentistas catalanes ha recobrado actualidad en fechas recientes, con la publicación en la revista New Yorker de un informe de la organización Citizen Lab, que asegura haber encontrado indicios de infección con ese programa espía en los dispositivos de Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès...
El Govern de la Generalitat de Cataluña y distintos partidos, como Esquerra Republicana de Catalunya y Junts, exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que de explicaciones.
El Ejecutivo se ha comprometido a desclasificar documentos, a colaborar con la investigación del Defensor del Pueblo, y a que la directora del Centro Nacional de Inteligencia comparezca para dar explicaciones en la Comisión de control de los créditos destinados a fondos reservados, del Congreso de los Diputados, donde a puerta cerrada se trata de asuntos que implican información clasificada y sobre los servicios de inteligencia.
Hackeo de los móviles de ministros
No es el único hackeo de teléfonos móviles sobre el que se ha inquirido al Gobierno, y que podría tratarse en esa comisión del Congreso, habitualmente conocida como “de secretos oficiales” y que lleva tres años sin reunirse.
Confidencial Digital ha comprobado que el Gobierno de Pedro Sánchez también remite a la Comisión de control de los créditos destinados a fondos reservados para responder a preguntas de los diputados sobre los casos de intrusión en los teléfonos móviles de varios ministros y otros altos cargos del Gobierno de España.
Esos casos los desveló El Confidencial.com en el verano de 2020. El Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, y el CNI investigaban ataques cibernéticos a los teléfonos móviles del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de otros altos cargos. Todos recibieron mensajes con enlaces, y al pinchar en ellos, quedaron infectados por un virus, que accedió a toda la información del teléfono y después bloqueó el dispositivo.
EH Bildu registró en enero de este año 2022 una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados, para que el Gobierno respondiera por escrito a varias cuestiones sobre estos ataques. El diputado Jon Iñarritu pedía saber qué resultado había arrojado la investigado: qué virus se había utilizado, quién estaba detrás de los ataques, cuántos miembros del Gobierno se vieron afectados, qué medidas se tomaron para evitar que los piratas informáticos se colaran en los teléfonos móviles de otros ministros...
El Centro Criptológico Nacional
La respuesta del Gobierno de Sánchez fue bastante escueta, de un párrafo:
-- “En relación con la pregunta de referencia, desde el Ministerio de Defensa se informa de que el resultado de las actuaciones realizadas, en relación con el incidente objeto de la iniciativa, ha sido trasladado a las autoridades pertinentes para que adopten las medidas que, en su caso, consideren oportuno”.
La referencia al Ministerio de Defensa se explica porque el Centro Nacional de Inteligencia depende de este ministerio, y uno de los organismos que habría investigado el hackeo sería el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), adscrito al CNI.
Es misión del Centro Criptológico Nacional “la gestión de ciberincidentes que afecten a cualquier organismo o empresa pública”, y actúa como centro de capacidad de respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del Gobierno de España.
De la respuesta parlamentaria se entiende que el Centro Criptológico Nacional realizó determinadas actuaciones sobre el hackeo de los móviles de varios ministros y altos cargos. El resultado de esas actuaciones se comunicó “a las autoridades pertinentes”, para que adoptaran medidas.
El Gobierno no dio más detalles: ni qué virus había infectado los móviles, ni cuántos ministros se habían visto afectados, ni qué medidas se habían adoptado para evitar nuevas brechas de seguridad.
Comisión de control en el Congreso
La respuesta no dejó satisfecho a Jon Iñarritu, el diputado de EH Bildu que había registrado la pregunta. Así que insistió con las mismas preguntas que inquirían detalles sobre los ciberataques y la reacción del Gobierno.
La segunda contestación del Ejecutivo fue distinta, pero tampoco aportó datos. El Gobierno de Pedro Sánchez optó por acogerse al secreto de las actividades del servicio de inteligencia.
De forma algo sorprendente, porque en este caso a priori no se acusaba al Ejecutivo de actuar de forma ilegal, el Gobierno respondió el pasado 4 de abril que “a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como no puede ser de otro modo, actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente, y se somete a los distintos controles (económicos, judiciales y parlamentarios) previstos en la legislación, tal y como ordena expresamente el artículo 2 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI (Ley 11/2002)”.
En esta respuesta se explayó más que en la anterior. Indicó también que el artículo 5.1 de la Ley 11/2002 prescribe expresamente que “las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados Acuerdos”.
Por último, el Gobierno respondió a EH Bildu que “dada la clasificación de secreto que caracteriza legalmente a la información relacionada con las actividades del CNI, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 11/2002, el control parlamentario de las mismas debe recabarse a través del órgano legalmente destinado a ese fin en el Congreso de los Diputados: la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados”.
La respuesta es del 4 de abril, y no fue hasta el 18 de abril cuando The New Yorker publicó su reportaje sobre el informe que apunta al espionaje de decenas de teléfonos móviles de otros tantos dirigentes independentistas catalanes.
Ha sido a partir de la polémica por esos pinchazos cuando el Gobierno ha urgido al Congreso de los Diputados a que se constituya la “comisión de secretos oficiales”. Meritxell Batet, el PSOE y Unidas Podemos van a tratar de rebajar la mayoría para constituir esta comisión, que no se ha constituido esta legislatura por el bloqueo mutuo entre partidos de izquierdas e independentistas, por un lado, y los de derecha, por otro.
ECD ya contó que el Gobierno despejaba a esa comisión, no constituida, las preguntas que ya hacían diputados de Junts sobre el supuesto espionaje a Roger Torrent, Ernest Maragall y Anna Gabriel, así como a otros cargos públicos y representantes políticos y asociativos independentista, que ya se desveló ese año. El Ejecutivo contestaba a numerosas preguntas sobre asuntos clasificados, remitiéndose a la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados.
Lo hizo no sólo sobre las intervenciones telefónicas a dirigentes independentistas catalanes, pero también precisamente sobre el hackeo de los móviles de los ministros, y sobre ciertos informes del CNI que señalaban a Vox, y sobre un dispositivo de protección de Pedro Sánchez.
Si se llega a constituir la comisión y comienza su actividad, por ejemplo con la comparecencia de la directora del CNI, se acumulan los asuntos sobre los que los diputados esperan preguntar. Pero también hay determinadas cuestiones espinosas que el PSOE y el PP han pactado no remover en esa comisión.
