El Gobierno olvida las 15 medidas anticorrupción anunciadas por Sánchez tras el ‘caso Cerdán’
Crear una agencia independiente, reforzar los controles a partidos políticos, más medios para la Fiscalía, “listas negras” de “empresas corruptoras”...
- Medidas para frenar el 'caso Cerdán'
- Reacciones de los socios de investidura ante la financiación ilegal
- Situación actual de las medidas propuestas
- Medidas relacionadas con las empresas y el compliance
- Agencia de Integridad e Inteligencia Artificial y nueva ley para la Administración y auditorías externas
- Refuerzo de la Justicia y campañas de concienciación
El Gobierno se ha olvidado de las quince medidas que anunció a bombo y platillo en una de las comparecencias en el Congreso de los Diputados más esperadas desde que Pedro Sánchez llegase a la presidencia del Gobierno.
Medidas para frenar el 'caso Cerdán'
Con Santos Cerdán —mano derecha del jefe del Ejecutivo en el Partido Socialista hasta el pasado mayo— encarcelado tras un informe demoledor de la Unidad Central Operativa y con la credibilidad de todo el Gobierno en juego, el líder socialista anunció en agosto una retahíla de iniciativas con las que convencer a sus socios de investidura.
Reacciones de los socios de investidura ante la financiación ilegal
Ninguno retiró su apoyo al PSOE, pero todos marcaron como línea roja la financiación ilegal. Si se probaba, pedirían un adelanto electoral. Así lo afirmaron los portavoces parlamentarios de Esquerra Republicana o el Partido Nacionalista Vasco. Tres meses después, la instrucción no ha reflejado evidencias de una 'caja b' en Ferraz, pero sí ha apuntalado el presunto cobro de comisiones del exsecretario de organización por el que todos los dirigentes socialistas —y ministros— pusieron la mano en el fuego.
Situación actual de las medidas propuestas
Nada se sabe de aquellas quince medidas que sirvieron —en teoría— para aplacar los ánimos de los socios que convirtieron a Sánchez en presidente por tercera vez en 2023. El Gobierno, con la presión de Sumar, anunció que crearía una "lista negra" de empresas que no podrán contratar con la Administración, con el objetivo de centrar el foco en las compañías que tratasen de corromper a cargos públicos. Una manera también de aliviar el abrasador foco que se cernía sobre el Ejecutivo.
Medidas relacionadas con las empresas y el compliance
Las empresas que contraten con instituciones públicas tendrán que tener un sistema de compliance y la multa se calculará sobre los ingresos de las empresas, no sobre los beneficios.
También propuso endurecer los controles de los partidos políticos. Se les retirarán las subvenciones a quienes tengan condenados por corrupción en sus listas. Y se aumentarían los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, para recuperar los bienes conseguidos ilegalmente.
Agencia de Integridad e Inteligencia Artificial y nueva ley para la Administración y auditorías externas
Sánchez anunció la puesta en marcha de una Agencia de Integridad "independiente" para prevenir y perseguir prácticas corruptas, así como la inclusión de la inteligencia artificial en la plataforma de contratación para detectar anomalías.
También planteó la elaboración de una nueva ley para la Administración que establezca controles patrimoniales, aleatorios y anuales para todos los altos cargos mientras se mantengan en sus puestos. Y que los partidos y fundaciones que reciban más de 50.000 euros de dinero público tengan que someterse a auditorías externas. El presidente incidió en que reforzarían la protección de los denunciantes, garantizando el anonimato, el apoyo legal y protección necesarios, y obligando a las empresas —públicas y privadas— a habilitar un canal de denuncias.
Refuerzo de la Justicia y campañas de concienciación
En su discurso, Sánchez aseguró que dotaría de más medios a la Justicia para agilizarla, creando nuevos tribunales de instancia con jueces especializados. El jefe del Ejecutivo se comprometió a crear campañas de concienciación sobre la corrupción y barómetros anuales sobre la percepción de los ciudadanos.
Todas estas medidas han quedado en un cajón, sin posibilidad de salir adelante tras la negativa de Junts a apoyar cualquier iniciativa del Gobierno.
