Se jubila la jueza que procesó al novio de Ayuso: el CGPJ decide el relevo clave
La jueza que procesó al novio de Ayuso por fraude fiscal se jubila. Su sustituto, Antonio Viejo, asume un caso con implicaciones políticas directas en la Comunidad de Madrid.
- La magistrada Inmaculada Iglesias se retira a los 65 años
- El CGPJ decidirá el relevo: Antonio Viejo, favorito
- Una investigación marcada por el fraude fiscal
- Una segunda línea de investigación por corrupción en los negocios
- El perfil de Antonio Viejo
- Un relevo con repercusión política
La magistrada Inmaculada Iglesias se retira a los 65 años
La magistrada Inmaculada Iglesias, responsable de las dos líneas de investigación abiertas contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se jubila este 18 de agosto de forma voluntaria. La decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone un relevo clave en un proceso judicial que ha generado gran interés mediático y político.
La marcha de Iglesias afecta de lleno a la instrucción de uno de los casos más mediáticos de los últimos años, no solo por las cifras de presunto fraude implicadas, sino porque salpican directamente al entorno personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La propia Ayuso ha calificado en ocasiones el procedimiento de “cacería política”, elevando aún más la tensión en torno al asunto.
El CGPJ decidirá el relevo: Antonio Viejo, favorito
Con la jubilación de Iglesias, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá decidir quién ocupará la plaza en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Todas las miradas apuntan a Antonio Viejo, magistrado madrileño de 65 años, miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria y con una larga trayectoria en la judicatura.
Viejo fue juez decano de los juzgados de Madrid entre 2014 y 2018 y ejerció como secretario general de la Administración de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, con Dolores Delgado como ministra de Justicia (2018-2020).
Se da la paradoja de que el sustituto será más mayor que Iglesias, algo posible porque la legislación permite a los jueces prolongar su carrera hasta los 72 años.
Una investigación marcada por el fraude fiscal
La primera de las ramas de la investigación contra González Amador está ya muy avanzada. En mayo de 2024, la jueza Iglesias procesó al empresario por dos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, dejándole a un paso de sentarse en el banquillo.
El caso se abrió en marzo de 2024 tras una denuncia de la Fiscalía de Madrid, que a su vez se basó en un informe de la Agencia Tributaria. El organismo había detectado un presunto fraude en el Impuesto de Sociedades de la empresa Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, por un total de 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021.
Según el auto, la sociedad registró un fuerte incremento de ingresos derivados de la venta de material sanitario en 2020 y de facturación a su principal cliente, Quirón Prevención, en 2021. Para rebajar su tributación, el novio de Ayuso habría recurrido a 15 facturas falsas y a operaciones con otra mercantil de su propiedad, Masterman & Whitaker SL, una empresa sin estructura real cuya única finalidad era obtener un ahorro fiscal indebido.
La magistrada fue clara: González Amador, “consciente de sus obligaciones tributarias”, presentó declaraciones falsas que le permitieron dejar de ingresar 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros en 2021.
Una segunda línea de investigación por corrupción en los negocios
La jubilación de Iglesias deja prácticamente cerrada la primera investigación y centra ahora la atención en la segunda línea, más reciente y aún en fase de instrucción.
En este caso, la Fiscalía apunta a presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Según el Ministerio Público, González Amador compró una compañía por 500.000 euros a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y principal cliente del empresario.
Para los investigadores, esta operación carecía de valor real y supuso un “soborno encubierto” con el fin de obtener favores en el ámbito empresarial. Es esta causa la que recaerá directamente en manos del nuevo juez, previsiblemente Antonio Viejo.
El perfil de Antonio Viejo
Nacido en Madrid en 1959, Antonio Viejo estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid e ingresó en la carrera judicial en 1988. Su primer destino fue el Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona. Posteriormente, pasó por el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona y, durante cuatro años, estuvo al frente del Juzgado de lo Social de Segovia.
En 1998 se trasladó a Madrid, donde asumió el Juzgado de Instrucción número 20 y, más tarde, se convirtió en juez decano de la capital, cargo que desempeñó durante cuatro años. Su papel como alto cargo en el Ministerio de Justicia le convirtió en una figura conocida dentro de la judicatura y de la política judicial.
Un relevo con repercusión política
El relevo en la instrucción no es un trámite menor. La figura del juez instructor resulta decisiva a la hora de mantener el ritmo de la causa, ordenar nuevas diligencias o archivar partes de la investigación. El futuro de González Amador —y por extensión la presión sobre Isabel Díaz Ayuso— dependerá en gran medida del criterio de Viejo si finalmente es designado.
Con la campaña electoral siempre en el horizonte en Madrid, cualquier avance en este caso se sigue al detalle desde los partidos de la oposición, que han exigido explicaciones a la presidenta. Ayuso, por su parte, mantiene que su pareja es víctima de una persecución política y mediática.
