Pedro Sánchez frena la inhibición de Conde-Pumpido en el TC sobre la amnistía

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, estará al frente de la deliberación sobre la ley de amnistía del Gobierno. Tampoco se inhibirá la magistrada Laura Díaz, ex jefa de gabinete del ahora ministro de Justicia, Félix Bolaños. Moncloa ha frenado que ambos se abstengan porque la votación está muy ajustada.

La relación de bloques en el Constitucional está ahora seis a cuatro a favor del bloque progresista tras la inhibición de Juan Carlos Campo. La intervención directa del ex ministro de Justicia en la concesión de los indultos, argumentada desde su departamento durante su mandato, le ha llevado a apartarse de la decisión final del TC.

Los conservadores cuentan con una vacante provocada por el bloqueo de la renovación del CGPJ. Hay que recordar que no se ha sustituido al magistrado Alfredo Montoya que renunció por motivos de salud y que fue designado en su día a propuesta del PP en el Senado.

Conde-Pumpido está recusado

Ahora, fuentes jurídicas destacan que Cándido Conde-Pumpido fue recusado precisamente por los investigados en el ‘procès’. Reclamaron apartarle cuando ejercía como coordinador de todas las sentencias del tribunal de garantías que desestimaron sus recursos, casi un centenar.

El actual presidente del TC siempre se manifestó a favor de la desestimación y nunca hizo votos particulares en contra del criterio mayoritario.

Bolaños frena la inhibición

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha convencido a Pumpido de que su actual situación no afecta al estudio del texto de la ley de amnistía.

Argumenta que su inhibición se refiere exclusivamente a los recursos de amparo que puedan presentar el expresident catalán, Carles Puigdemont, y los demás procesados en la causa penal seguida en el Tribunal Supremo. No afecta a otros asuntos, le ha insistido con firmeza, como podría ser un recurso de inconstitucionalidad.

Convence a su ex jefa de gabinete

Según las fuentes consultadas, Bolaños también ha convencido a la magistrada Laura Díaz para que no se aparte de la deliberación sobre la ley de amnistía.

Díez tiene un perfil menos político que Juan Carlos Campo, aunque su trayectoria profesional está vinculada al Gobierno de Pedro Sánchez. Ha ejercido como directora general bajo las órdenes de Carmen Calvo y Félix Bolaños durante dos tercios de la anterior legislatura, más de dos años.

Catedrática de Derecho Constitucional y doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, pocas semanas después del desembarco de Sánchez en Moncloa, tras la moción de censura de junio del 2018, fue nombrada directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, entonces José Antonio Montilla Martos.

En el Gobierno de coalición fue aupada a directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en el Ministerio de la Presidencia bajo las órdenes de Félix Bolaños, hasta abril del 2022.

Unas semanas después pasó a formar parte del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, nombrada por el Parlamento de Cataluña, y hoy es vicepresidenta de este organismo.

Pumpido ya decidió abstenerse

Pumpido decidió abstenerse después de que Puigdemont le recusara esgrimiendo sus palabras en una conferencia ofrecida en 2017. En el escrito en el que comunicaba formalmente su decisión, incidía en que se apartaba “a fin de garantizar preventivamente el derecho a un proceso con todas las garantías de quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones cuestionadas”.

En la conferencia que motivó su recusación, pronunciada en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017, Pumpido repasó distintas sentencias del TC, algunas de ellas de enorme actualidad en aquel momento, como aquella en la que se declaraba la inconstitucionalidad de la ley de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación.

Apoyó la imputación de Puigdemont

“Al aprobar esta ley, se han alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español, convocando a una fracción del pueblo catalán, en desafío a la unidad de la nación, a decidir la suerte del Estado común”, dijo ante el Congreso Conde-Pumpido en abril de 2017.

“Lo que me preocupa es, concretamente, la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia. Es decir, me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que -esta sí- ha sido mayoritariamente aprobada. En resumen, me preocupa que se invoque la democracia, en concreto, la democracia directa, para derrocar la Constitución”, añadió.

A la vista de esta intervención, en la que el magistrado mencionó “el instrumento más contundente de que dispone el Estado de derecho, que es la pena”, Puigdemont consideró que Conde-Pumpido apoyaba ya por entonces la existencia de indicios “para una imputación por los tipos penales de rebelión y de sedición”. “Ya en aquel momento tenía formada una posición sobre la responsabilidad penal de los recurrentes en amparo que consideró oportuno expresar públicamente”, sostenía el expresident.