Pedro Sánchez ha decidido intervenir el Ministerio de Igualdad: todos sus proyectos serán tutelados por Moncloa

1. Intervención del Ministerio de Igualdad
2. Supervisión por parte de Moncloa
3. Que el PSOE rentabilice las leyes sociales
4. Contra la trata, prostitución, vientres de alquiler…
5. Capitalizar la lucha contra la violencia de género
6. Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Ministerio de Igualdad se dotó, desde el principio de la legislatura, de un estatus singular. Pedro Sánchez acabó cediéndoselo a sus socios de Podemos, pese a que a las feministas clásicas del PSOE pusieron el grito en el cielo. Tendió luego un cortafuegos que ha ido blindando a Irene Montero en cada crisis. Pero el presidente ha dicho basta.

Hay que recordar que Montero salió vencedora de los pulsos en la gestación de la ley del “solo sí es sí” y la ley “trans”, incluso cuando los primeros violadores comenzaron a salir a la calle gracias a las rebajas de penas.

Intervención del Ministerio de Igualdad

Ahora, según ha sabido Confidencial Digital por fuentes próximas al Gobierno, Pedro Sánchez ha dicho “basta” y ha decidido intervenir el ministerio, convertido en el principal altavoz mediático de Podemos.

Esto se va a traducir en la práctica, explican, en que todos sus proyectos serán tutelados por Moncloa después de que el PSOE ya haya impuesto el cambio en una de sus leyes estrella, la del “solo sí es sí”, y lanzado la ley de paridad por su cuenta, al margen de Irene Montero.

Supervisión por parte de Moncloa

A partir de este momento, según las fuentes a las que ha tenido acceso ECD, cualquier propuesta del Ministerio de Igualdad será sometida, además de a una importante labor de negociación con el bloque socialista del Gobierno como hasta ahora, mucho más conservador en las materias relativas a Justicia o Interior, a una supervisión por parte de Moncloa para evitar nuevos fallos.

La falta de sintonía entre ambos socios de Gobierno ha sido especialmente notable durante la tramitación de una de las normas estrellas de Igualdad: la ley del “solo sí es sí”.

Una vez en vigor, las rebajas de condena y excarcelaciones de agresores sexuales aprobadas por diversos tribunales han llevado al PSOE a introducir modificaciones en la ley “dijera lo que dijera Irene Montero”, recuerdan destacados diputados socialistas.

También han sido claramente visibles las diferencias durante el trámite de la “ley trans” (con un bloque liderado por la ex vicepresidenta Carmen Calvo y parte del feminismo que reclamó hasta el último minuto importantes cambios en la norma redactada por el equipo de Irene Montero).

Que el PSOE rentabilice las leyes sociales

Además de evitar nuevos fallos, las fuentes de Moncloa consultadas admiten que Sánchez se ha propuesto que las leyes sociales que quedan por aprobar esta legislatura (contra la trata, la abolición de la prostitución y la prohibición de los vientres de alquiler) sean rentabilizadas por la parte socialista del Gobierno, como ha ocurrido en la última semana con la ley de paridad, por la necesidad del PSOE de distinguirse de Podemos ante el ciclo electoral.

Hay que destacar que algunas de las propuestas con las que Montero llegó a Igualdad se han quedado por el camino, o al menos no se ejecutarán de la manera inicialmente prevista.

Contra la trata, prostitución, vientres de alquiler…

Se cita por ejemplo la aprobación de una ley contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Este proyecto tiene ante sí todavía una larga tramitación parlamentaria. Las disputas con el Ministerio de Justicia en torno a esta norma han alargado los plazos y aún le queda un dilatado proceso por delante para ver la luz antes de que se convoquen las elecciones generales a finales de este año.

También queda pendiente la aprobación de un cambio legal que, de facto, aboliría la prostitución. Una medida presentada por el PSOE en el Congreso, después de que tuviera que retirar sus enmiendas sobre este tema de la ley del “solo sí es sí” para que ésta pudiera salir adelante.

La propuesta fue aceptada a tramitación por parte del Congreso, pero pocos avances se han producido. Y no se pasa por alto que, con respecto a estas normas, existe un mayor consenso entre el Partido Popular y los socialistas, que entre los propios socios de Gobierno.

Otra medida es la de prohibir los vientres de alquiler. Si bien es cierto que la ley del aborto la considera una forma de violencia reproductiva, varias de las decisiones para prohibir su uso han quedado por el camino.

Se prevé que los cuidados, otro de los focos principales del Ministerio de Igualdad, tengan un impulso en los próximos meses con el anuncio de que se espera aprobar, junto al ministerio de Asuntos sociales, una estrategia estatal en esta materia.​

Capitalizar la lucha contra la violencia de género

Otro de los asuntos que centrará la actuación de Igualdad será la lucha para erradicar las violencias machistas. Los datos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas siguen siendo altos, y en los últimos meses han registrado un incremento que ha hecho saltar todas las alarmas en el Gobierno.

Por un lado, por la escalada en el número de crímenes: 11 víctimas solo el pasado diciembre, el mes más mortífero de los últimos 20 años. Por otro, por un hecho también histórico: la mitad de las víctimas de diciembre habían denunciado la violencia que padecían, cuando la media de denuncias se había mantenido constante a lo largo de los años en torno al 20%.

Que la mitad de las mujeres hubieran denunciado su situación y que, pese a ello, hayan sido asesinadas pone de relieve importantes fallos en el sistema de protección de estas víctimas.

Analizar estos fallos y tomar medidas urgentes para corregirlos es el objetivo con el que fue convocada hace unas semanas la primera reunión del Comité de Crisis coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El protocolo prevé que este comité se convoque si se registran cinco asesinatos en un mes, cifra que en esa ocasión se superó con creces.

Representantes de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, de la Fiscalía de sala contra la violencia de género y de las comunidades autónomas señalaron entonces algunos de los puntos prioritarios que deben abordarse para intentar poner fin a esta lacra.

Destacan una mayor coordinación entre las instituciones; formación en violencia de género para colectivos críticos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la judicatura o los profesionales sanitarios; revisión del sistema de alerta Viogén y más recursos para crear unidades de valoración forense integral en los juzgados, entre otras.

Pacto de Estado contra la Violencia de Género

También se habló de la necesidad de reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, otro de los objetivos con los que Irene Montero inició la legislatura.

El Pacto de Estado, cuya vigencia terminaba el año pasado, se extenderá en el tiempo. Está por definir en qué consistiría el reforzamiento que propone el Ministerio de Igualdad (más allá de garantizar los fondos económicos) y pendiente del análisis de los objetivos alcanzados por el Pacto de Estado firmado en 2017.

La Comisión del Pacto de Estado creado con este documento en el seno del Parlamento ha dado hasta la fecha pocas indicaciones de los cumplimientos de las más de 200 medidas que incluía el documento.

Además de la lucha contra los asesinatos machistas, el Ministerio ha puesto el foco en otras violencias que también están pendientes de ser abordadas y que juegan un papel cada vez más determinante en nuestra sociedad.

Entre ellas, la violencia institucional (y muy concretamente la ejercida por el sistema judicial) y la violencia política, ejercida de manera cada vez más sistemática, según insisten a ECD fuentes próximas a Irene Montero, por los partidos de la derecha contra mujeres que ocupan puestos de relevancia política.

De hecho, la propia Montero ha denunciado en varias ocasiones que es víctima habitual de este tipo de agresiones verbales por parte de representantes políticos de la oposición.