Los diputados de Podemos no perderán derechos aunque sean declarados tránsfugas
Incumplir el pacto antitransfuguismo no tiene consecuencias jurídicas: podrán hacer preguntas al Gobierno e intervenir en plenos y comisiones al formar parte del grupo mixto
- Una calificación "política"
- Quién decide si son tránsfugas
- El pacto antitransfuguismo
- Sanciones
- Precedentes que no fueron considerados tránsfugas
Los diputados de Podemos no perderán ninguno de sus derechos parlamentarios: podrán intervenir y participar en comisiones, preguntar al Gobierno y mantener una subvención por pertenencia a un grupo parlamentario. El partido morado anunció este martes que abandonaba la coalición que engloba Sumar en el Congreso de los Diputados para formar parte del grupo mixto. Un movimiento que en el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, han tachado de 'transfuguismo'. Sin embargo, de considerados como tal, no tendría ninguna consecuencia jurídica para la formación dirigida por Ione Belarra, según explican juristas a Confidencial Digital.
Esta decisión llega después de meses de tensión entre ambos partidos desde que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, adelantara las elecciones generales, acortando a diez días el plazo límite para que todas las formaciones a la izquierda del Partido Socialista se presentaran bajo una única marca para maximizar cada voto. Sumar consiguió el objetivo y cerró acuerdos con quince organizaciones políticas —Podemos entre ellas—: un hecho fundamental para alcanzar la suma de 179 diputados que han hecho posible la reedición del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar.
Una calificación "política"
La clase política lleva decenios luchando contra las prácticas de transfuguismo al considerar que alteran el mandato de la ciudadanía y son antidemocráticas. En 1998 se firmó el primer acuerdo, capitaneado por el Partido Popular, para poner fin a este tipo de actitudes de los parlamentarios electos. Sin embargo, en este caso, no tendría efectos palpables sobre los cinco diputados de Podemos que han abandonado el grupo con el que se presentaron a las elecciones generales del pasado 23 de julio.
Distintos letrados consultados por este medio aseguran que la calificación de tránsfuga no tiene efectos jurídicos. Se trata solamente de una connotación "política", pero no limita los derechos parlamentarios de los representantes. Podrán seguir interviniendo en el Congreso, presentar iniciativas legislativas o interpelar al presidente del Gobierno en las sesiones de control.
Además, Podemos percibirá más dinero del que recibía en el grupo plurinacional de Sumar. El Estado aporta alrededor de 30.000 euros a cada uno de ellos. Hasta el martes, el partido morado debía compartir ese montante con las otras catorce formaciones que constituyen Sumar. Ahora, solo tendrá que hacerlo con el BNG, UPN y Coalición Canaria —con un escaño cada uno—. También les permite tener voz dentro de la Cámara cada miércoles en la sesión de control al Ejecutivo, así como en el debate de todas las leyes. Y tampoco perderán protagonismo en las comisiones.
Los juristas consultados utilizan como ejemplo a los dos diputados de UPN la pasada legislatura. Sergio Sayas y Carlos García Adanero recibieron el mandato de votar a favor de la reforma laboral propuesta por el Gobierno. Una orden previamente acordada por la dirección del partido navarro. Ambos diputados aseguraron a PSOE y Sumar que votarían sí a la iniciativa, pero, finalmente, desobedecieron este mandato y no la apoyaron. El nuevo marco laboral salió adelante gracias al error de un diputado popular, Alberto Casero, que apoyó la norma sin quererlo.
Tanto Sayas como Adanero fueron expulsados de la formación navarra y se pasaron al Grupo Mixto. Un acto de claro transfuguismo que no fue sancionado.
Quién decide si son tránsfugas
La decisión sobre si un diputado comete actos de transfuguismo —y, por tanto, es declarado como tal— compete únicamente a la Comisión Antitransfuguismo que depende del Ministerio de Política Territorial. Este grupo de trabajo —formado por la mayoría de los partidos de la Cámara Baja— evalúa los casos susceptibles de haber infringido el acuerdo y establece si los diputados son o no tránsfugas. La sentencia debe alcanzarse por unanimidad. En caso de que no haya acuerdo, será un equipo de expertos quien certifique si los hechos analizados violan el acuerdo.
El pacto antitransfuguismo
Este tratado se elaboró por primera vez en 1998. Entonces, se dirigió únicamente a los parlamentarios autonómicos y municipales, donde se producían la mayor parte de estos actos. El texto se actualizó en el año 2000; también en 2006 y, por último, en noviembre de 2020.
Firmaron el escrito PSOE, Partido Popular, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, PNV, BNG, Partido Aragonés, Unión del Pueblo Navarro, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Galicia en Común, Catalunya en Comú y Agrupación Socialista de la Gomera.
El nuevo acuerdo extendió el pacto al nivel estatal —Congreso y Senado— y actualizó la definición de tránsfuga, que reza: "(...) se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes".
Esta nueva descripción podría incluir la fuga de los cinco diputados de Podemos. Todos se presentaron en las listas de Sumar, bajo una alianza para presentarse en coalición junto a otras catorce formaciones, y que, además, prohibía explícitamente que los parlamentarios abandonaran el grupo.
Sanciones
El redactado de 2020 establece varias sanciones para los diputados que sean declarados tránsfugas. Pero solo para aquellos "no adscritos". Se trata de aquellos parlamentarios que, al salir de su grupo, queden registrados como parlamentarios no adheridos a ninguna formación. Una calificación diseñada para ayuntamientos y asambleas regionales, pero que no se emplea en el caso del Congreso de los Diputados o del Senado, lo que dificulta la aplicación del reglamento.
En primer lugar, el texto señala que este tipo de parlamentarios "no podrán ejercer los derechos políticos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los mínimos derechos que constitucionalmente le correspondan".
El segundo punto, dice: "No podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo político de origen en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las Comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar a la persona no adscrita más de lo que suponía su situación anterior".
Tampoco podrán participar "en la Junta de Portavoces ni en las mesas de las cámaras, que sólo puede ser constituida por portavoces y representantes de los grupos políticos". Y concluye: "En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor de la persona no adscrita; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto a la persona tránsfuga no adscrita, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de personas electas".
Los diputados de Podemos no pasan a ser "no adscritos", sino que formarán parte del Grupo Mixto. Una condición que esquiva todos estos castigos.
Precedentes que no fueron considerados tránsfugas
Sin embargo, hay varios casos recientes semejantes al acontecido este martes que no fueron considerados transfuguismo. En 2019, UPN se presentó en coalición con el PP y Ciudadanos: obtuvo dos escaños y se mudó al Grupo Mixto. Lo mismo sucedió con Foro Asturias en esas mismas elecciones. Compromís también se presentó junto a Podemos en 2016 y, posteriormente, decidió abandonar sus filas.
Aunque en ninguno de estos casos se firmó un acuerdo previo a los comicios para permanecer dentro de una misma coalición electoral, sino que cada grupo tenía independencia para decidir lo que considerara oportuno. En el caso de las formaciones que se presentaron junto a los populares, se trataba de una estrategia diseñada específicamente para obtener escaño y después poder formar parte del Grupo Mixto.
