Sánchez subraya que el estado de alarma es necesario para controlar la desescalada

Asegura que no hay un “plan B” si el Congreso no autoriza nuevas prórrogas, y saca pecho de que España “es el quinto país en número de test realizados”, con casi dos millones

Pedro Sánchez comparece en La Moncloa.
Pedro Sánchez comparece en La Moncloa.

La desescalada y el avance en las fases de ese plan no irá acompañada del fin del estado de alarma. Pese a las peticiones que han hecho algunos gobiernos autonómicos, y pese a las reticencias que ya muestra el PP para apoyarlo, Pedro Sánchez ha asegurado este sábado que esta figura legal es la única que contempla el Gobierno para amparar sus actuaciones frente a la epidemia de coronavirus.

Gobiernos autonómicos como los de Cataluña y País Vasco, pero también el de Galicia, llevan días reclamando que no se prorrogue más veces el estado de alarma, para poder así recuperar competencias y tomar sus propias decisiones en esta nueva fase de respuesta pública frente a la enfermedad.

En su comparecencia este sábado desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez no ha concretado cuántas veces más calcula que prorrogará el estado de alarma. Ha justificado que, al tener que pedir prórrogas cada 15 días, es un mecanismo que obliga al Gobierno a someterse al control del Congreso de los Diputados.

ECD ya contó que el Ejecutivo central no quería soltar las riendas de la gestión de esta crisis, y para que no se produjeran decisiones divergentes entre comunidades autónomas, planea una nueva declaración del estado de alarma cuando venza la actual, ahora hasta el 23 de mayo.

Sería un estado de alarma algo rebajado, pero aún así permitiría al Gobierno de España mantener un mando mayor que sin esta figura legal.

Preguntado por esto, el presidente ha reconocido que hay otros instrumentos legales, pero el Gobierno “ha decidido de forma discrecional solicitar la prórroga del estado de alarma cada 15 días”.

Sobre la posibilidad de que la cámara baja de las Cortes Generales acaben no dando en algún momento su consentimiento a la prórroga del estado de alarma, Sánchez simplemente ha subrayado que no hay otro plan, no hay una alternativa al estado de alarma: “El plan B es el plan A: el estado de alarma, por ser eficaz y amparar a muchos colectivos”.

Es más, ha querido destacar que “el estado de alarma es hoy más necesario que nunca ante la desescalada”, ya que conforme se va recuperando actividades, “hay más incertidumbres que certezas. Si las había antes, ahora en la desescalada este es más necesario que nunca. Es preciso responsabiidad, unidad, generosidad y sentido del deber”.

Más mascarillas

La principal novedad que ha anunciado Pedro Sánchez en esta comparecencia es la obligación de usar mascarillas en el transporte público. Esta medida entrará en vigor el lunes 4 de mayo, cuando empieza la llamada Fase 0 del plan de desescalada.

 

Hasta ahora, el uso de mascarilla era recomendado, pero no obligatorio. Ahora se impondrá esa medida a todos los usuarios de transporte público en toda España.

Para poder cumplirse esa medida, el Gobierno ha anunciado un nuevo reparto de mascarillas, como el que ya anunció cuando acabó el permiso retribuido recuperable después de Semana Santa.

Ahora, el Gobierno de España asegura que va a repartir seis millones de mascarillas. Además, otros siete millones se entregarán a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), y un millón más a Cáritas y a Cruz Roja.

Los test

Sánchez no ha eludido la polémica sobre el número de test que se han realizado en España, algo que provocó por ejemplo cambios en el ránking de la OCDE por la disparidad de cifras aportadas.

Pese a las informaciones en contra de las cifras oficiales, el presidente del Gobierno ha vuelto a sacar pecho: “Somos el quinto país del mundo en número de test hechos. Esta semana se han realizado más de un millón”.

Hasta el 30 de abril, según Sánchez, se habían realizado en España 1.351.030 test tipo PCR y 581.325 test rápidos. Y sólo en esta última semana se han realizado 290.000 PCR y 271.000 test rápidos, según los datos aportados por las comunidades autónomas.

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