Sumar exige al Gobierno un “plan europeo de paz” para Israel y Palestina

1. Mediación
2. Presidencia de la Unión Europea
3. Venta de armas y revisión del acuerdo con la UE

Sumar exige al Gobierno que dé un paso al frente en el conflicto entre Israel y Palestina. A raíz del estallido del conflicto por el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre. La formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha querido marcar su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina en un documento que insta al Ejecutivo —del que forma parte junto al Partido Socialista— a liderar la mediación entre ambas partes a través de un "plan europeo de paz".

El partido —que engloba a 15 fuerzas de izquierdas— presentó la semana pasada este texto que ahora ha hecho llegar a los inscritos por correo electrónico. Un escrito que consta de doce puntos y en el que condena el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre contra los ciudadanos israelíes y que ha reavivado el conflicto entre Israel y Palestina, vigente desde 1947.

Mediación

Sumar exige al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la presentación "a la mayor brevedad posible" de un "plan europeo de paz" que ponga fin al enfrentamiento entre Hamás y el ejército israelí que está golpeando a las familias palestinas que residen en la Frontera de Gaza. Un territorio de 365 kilómetros cuadrados de extensión que ha sido bombardeado sin cesar por las fuerzas israelíes del pasado 7 de octubre. Israel lanzó más de 6.000 bombas en un solo fin de semana. Un ataque que no cesará hasta haber eliminado a todos los militantes de Hamás que permanecen en la Franja, según ha afirmado el propio Gobierno israelí.

Díaz solicita a Albares también la creación de una "red de mediación" entre los implicados en este enfrentamiento. Así como "la toma de medidas" respecto a las relaciones bilaterales de España con Israel. Sin embargo, el partido no desarrolla ni detalla en qué consisten dichas medidas. La líder de Podemos —formación integrada en Sumar— y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, afirmó que España debía romper las relaciones diplomáticas con Israel.

El partido de la vicepresidenta segunda no concreta si su propuesta se dirige, precisamente, en esta dirección. Y concluye: "Está en juego nuestro liderazgo y reputación como país a la hora de mediar en conflictos internacionales".

Presidencia de la Unión Europea

El motivo en el que se basa la exigencia de Sumar pasa por la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea que actualmente ostenta España. Un cargo que pasará a manos de otro país comunitario cuando termine este año 2023. "Consideramos que nuestro país, como Presidente de turno del Consejo de la UE, debe liderar de forma inmediata los esfuerzos europeos de paz", reza el escrito.

Además, pide que el Ejecutivo elabore un plan con "iniciativas concretas de mediación entre todas las partes implicadas" con dos objetivos en mente. Uno a corto plazo: "Desescalar la crisis". Y otro a medio plazo: "Retomar las conversaciones de paz y avanzar hacia la solución del conflicto". Sumar ya ha reconocido públicamente —y así se recoge también en este texto facilitado a sus militantes— que su propuesta pasa por el reconocimiento internacional de un Estado palestino además del israelí.

Venta de armas y revisión del acuerdo con la UE

Hay otros puntos destacables de los doce que comprenden el documento. Sumar también pide la suspensión de la venta de armas a Israel. La formación progresista solicita que todos los países de la UE corten este comercio con al Estado hebrero, uno de los principales proveedores de sistemas de defensa del mundo.

Para ello, acuden a la normativa internacional —el artículo 4 del Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe que cualquier Estado miembro autorice "ninguna transferencia de armas convencionales (...) si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte".

También apela al artículo 8 de la ley española de Comercio de Armas que impide autorizar cualquier venta "cuando existan indicios racionales de que el material de defensa (..) puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad"; o puedan "exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos".