Tezanos impulsa desde su revista una reforma que resta poder a la Guardia Civil y refuerza al Gobierno
Una revista financiada con dinero público, un presidente del CIS con vínculos con el PSOE, y una polémica reforma que podría debilitar a la Guardia Civil. La nueva batalla sobre quién dirige las investigaciones penales agita el panorama político.
- Un negocio subvencionado en paralelo al CIS
- La reforma que pone en jaque el papel de la UCO
- Una defensa sin fisuras desde la revista de Tezanos
- Bolaños y la “modernización” del modelo judicial
- ¿Más autonomía o más control político?
- Tezanos y los viejos aliados de Sánchez
Un negocio subvencionado en paralelo al CIS
José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mantiene desde hace años un proyecto editorial paralelo: la revista Temas para el Debate. Aunque se trata de una publicación privada, cuenta con financiación pública —54.000 euros en subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez— y aglutina en sus páginas a algunas de las figuras más relevantes del socialismo español.
Entre sus colaboradores y miembros del patronato se encuentran nombres destacados como Rafael Simancas, actual secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; Óscar Puente, ministro de Transportes; y María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. En el último número, Temas publica un artículo firmado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendiendo con contundencia una de las reformas más sensibles del Ejecutivo: que la Fiscalía asuma la dirección de las investigaciones penales, en sustitución de los jueces de instrucción.
La reforma que pone en jaque el papel de la UCO
Uno de los aspectos más polémicos de esta reforma es que restaría poder a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que pasaría a recibir órdenes de la Fiscalía en lugar de los jueces. Esta unidad ha sido clave en recientes investigaciones que han afectado directamente al entorno de Pedro Sánchez: desde Begoña Gómez, esposa del presidente, hasta su hermano David Sánchez, pasando por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán —estos dos últimos implicados en tramas de corrupción y, en el caso de Cerdán, en prisión preventiva.
En este contexto, el cambio de modelo propuesto implicaría que todas estas investigaciones habrían sido, en su momento, dirigidas por una Fiscalía cuyo máximo responsable es nombrado por el propio Gobierno. A ojos de los críticos, esto supone un debilitamiento del principio de independencia judicial.
Una defensa sin fisuras desde la revista de Tezanos
En su editorial, la revista de Tezanos se alinea con el argumentario del Gobierno: que el nombramiento del fiscal general del Estado (FGE) por parte del Ejecutivo no compromete su autonomía. El texto justifica esta elección al señalar que el Gobierno es el órgano de legitimación democrática y, por tanto, su intervención en este ámbito es "coherente". No obstante, el mismo editorial admite que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha manifestado su preocupación por la falta de independencia percibida en la Fiscalía española.
GRECO ha instado reiteradamente a España a reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), para garantizar un mayor grado de autonomía institucional. Pese a ello, desde Temas se recoge incluso una propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permitiría nombrar como fiscal general a personas con trayectoria política reciente, incluyendo exministros, secretarios de Estado, alcaldes o diputados. Justamente el perfil que tenía Dolores Delgado cuando fue nombrada fiscal general tras dejar su cargo como ministra de Justicia en el primer Gobierno de Sánchez.
Bolaños y la “modernización” del modelo judicial
En su artículo, Félix Bolaños desarrolla la tesis de que la reforma no sólo es legalmente sólida, sino deseable desde una perspectiva comparada. Asegura que el actual modelo de instrucción judicial convierte a España en una "rareza" frente al resto de Europa, y que el traspaso de competencias a la Fiscalía permitirá agilizar y modernizar la justicia.
El ministro subraya que el nuevo modelo no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, y defiende que el fiscal general ya cuenta con suficientes mecanismos de independencia, como su nombramiento por el Rey a propuesta del Gobierno y previo informe del CGPJ. También plantea como mejora que el mandato del fiscal general sea superior al del Gobierno que lo proponga, para así evitar su relevo con cada legislatura.
¿Más autonomía o más control político?
Bolaños argumenta que con esta reforma se reforzará la “apariencia de autonomía” del Ministerio Fiscal, al concederle potestades que antes estaban en manos del Ministerio de Justicia, como el ascenso y nombramiento de fiscales. Esta medida, según el ministro, aumentaría el margen de independencia institucional de la Fiscalía.
Sin embargo, el debate sobre el verdadero grado de autonomía sigue abierto. La memoria colectiva recuerda con claridad la célebre pregunta de Pedro Sánchez en una entrevista: “¿Y la Fiscalía de quién depende?”. Una frase que hoy, con esta reforma sobre la mesa, cobra especial relevancia.
Tezanos y los viejos aliados de Sánchez
Tezanos no solo ha avalado con entusiasmo la reforma judicial. También ha cuestionado públicamente algunas pruebas recabadas por la UCO en sus investigaciones, como los audios que implicarían a Cerdán, Ábalos y Koldo García en el cobro de comisiones ilegales por contratos públicos.
No es un detalle menor: Tezanos formó parte del equipo que impulsó la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE tras su defenestración en 2016. La lealtad entre ambos es conocida en círculos políticos y mediáticos, y se manifiesta tanto en la línea editorial de Temas como en su gestión al frente del CIS.
