Yolanda Díaz convenció a Sánchez para premiar a Magdalena Valerio con el Consejo de Estado y apartar a Carmen Calvo
Le recordó que tuvo que prescindir de ella en el Gobierno para hacer hueco a Podemos en el Ministerio de Trabajo, y que el movimiento permite excluir a la ex vicepresidenta contraria a la ‘Ley Trans’ de Irene Montero
Pedro Sánchez ha colocado a otra de sus ex ministras. Magdalena Valerio, actual diputada del PSOE por Guadalajara, y que ocupó la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en su primer Gobierno, como presidenta del Consejo de Estado. Pero ha sido su sucesora en el cargo, Yolanda Díaz, quien ha defendido ahora recompensarle.
Valerio, fiel colaboradora de Sánchez, ha sido propuesta para relevar en el cargo a María Teresa Fernández de la Vega, quien comunicó su renuncia al puesto el pasado jueves.
Premiar a Magdalena Valerio
Magdalena Valerio ocupó la cartera de ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, entre 2018 y 2020.
Pero perdió el cargo ante la exigencia de Unidas Podemos de recalar en varios ministerios para formar un pacto de coalición tras las elecciones de noviembre de 2019.
El suyo fue entonces uno de los sacrificados por Sánchez, que se lo entregó precisamente a Yolanda Díaz. Desde entonces, Valerio ha seguido de diputada.
Ahora, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes próximas al Gobierno, la vicepresidenta segunda ha sido una de las principales defensoras ante Sánchez de premiar a su antecesora en la cartera de Trabajo.
Apartar a Carmen Calvo
Sin embargo, en el entorno de Díaz no se esconde que el movimiento ha buscado también apartar del puesto a Carmen Calvo.
Recuerdan que, como anteproyecto, la ‘Ley Trans’ ha pasado por una serie de trámites que pueden dar lugar a cambios en su contenido y en la redacción. Uno de los más importantes ha sido la revisión del texto por los órganos consultivos, antes de ser presentado en el Congreso, donde ha comenzado la tramitación parlamentaria, es decir, la fase de debate y enmiendas.
Tras una etapa de consulta pública y un plazo de modificaciones a cargo de los ministerios, por si se detectara algún pasaje controvertido, el anteproyecto recaló en los consejos Fiscal, General del Poder Judicial (CGPJ) y del Estado.
Los informes del Consejo de Estado no suelen ser llamativos. Sin embargo, el organismo que presidía la ex vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que mantiene una buena sintonía con Calvo, quiso esta vez lanzar expresamente una recomendación de calado.
El máximo órgano consultivo del Gobierno desmontó el eje principal de la norma: se opuso frontalmente tanto a la libre autodeterminación de los menores como al hecho de que cualquier persona pueda cambiar su género sin respaldo de ningún informe médico.
“La intervención judicial se convierte en una garantía fundamental para el menor de edad que expresa su deseo de transitar de un sexo a otro”, defendió el informe. “No parece necesario ni proporcionado desvincular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de todo elemento probatorio que acredite, de un modo u otro, cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona”, añadió.
