La Policía dobla el número de cámaras personales para que los agentes graben sus actuaciones en la calle

La actuación de las Fuerzas de Seguridad en las calles suscita estos días numerosos debates. Por diversos motivos. El despliegue de antidisturbios de la Policía Nacional para hacer frente a los altercados que provocan los obreros del metal en Cádiz ha suscitado algunas críticas, no sólo por el uso de un BMR blindado, sino también por algunos vídeos que muestran la utilización de la fuerza contra manifestantes de edad avanzada. Por otro lado, algunos policías denuncian la manipulación de esas imágenes porque no muestran -como se ve en otras piezas- que esos manifestantes acababan de agredir a los agentes.

Estas actuaciones se producen cuando agentes de distintos cuerpos protestan por los cambios que el PSOE y Unidas Podemos plantean introducir en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, tildada de “ley mordaza” desde un sector de la izquierda.

Una de las modificaciones que preparan los dos socios de Gobierno supondrá acabar con las sanciones a los ciudadanos que tomen fotos o vídeos de los policías, que hasta ahora se consideraban infracción grave si ponían en peligro “la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

Ese punto ya fue matizado por el Tribunal Constitucional, y ahora se prepara la derogación de esa disposición, de forma que ya no sea considerado una infracción grave fotografiar o grabar a los agentes en sus intervenciones y difundirlas en determinadas circunstancias. Sólo se perseguiría cuando generen “un peligro cierto a su seguridad personal o familiar de ese miembro de la autoridad”.

Confidencial Digital ha podido comprobar que, en este contexto, la Dirección General de la Policía planea aumentar el número de cámaras personales que llevan algunos agentes del cuerpo, y que sirven para grabar sus intervenciones.

El Gobierno ha revelado ese dato en una respuesta parlamentaria que ha dado a varias preguntas por escrito que presentó Jon Iñarritu, representante de EH Bildu en el Congreso de los Diputados.

150 ahora, 150 más en breve

El Ejecutivo explica que “la Policía Nacional dispone en la actualidad de 150 cámaras personales”. Además, informa de que, “en breve, dispondrá de otras 150 que serán asignadas y utilizadas por las unidades que lo soliciten”.

Eso sí. Se repartirán las cámaras para su uso “una vez que se encuentren elaborados los protocolos correspondientes en materia de formación, y que se hayan solucionado todos aquellos problemas legales que puedan derivarse de su uso”.

El grueso de las cámaras de la Policía Nacional se compró para acompañar las pistolas eléctricas (las conocidas como ‘taser’), que también se están introduciendo poco a poco, principalmente entre agentes que patrullan las calles en funciones de protección de la seguridad ciudadana.

Además, hace unos años también empezaron a utilizar cámaras algunas Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios. En algunas manifestaciones en Madrid que derivaron en altercados violentos, entre los agentes antidisturbios había algunos que llevaban una cámara incorporada en el casco para tomar imágenes de lo que ocurría delante de ellos.

Esas imágenes fueron analizadas con detalle tras los incidentes, para tratar de identificar a algunos de los violentos que se enfrentaron a los policías.

Por lo tanto, la Policía Nacional va a doblar el número de cámaras, de 150 a 300, según ha informado el Gobierno.

La Guardia Civil también tiene

Hay que recordar que la Guardia Civil dispone también de este tipo de dispositivos. En este caso cuentan con 150 cámaras corporales, que se han destinado a sus unidades antidisturbios, homólogas de la UIP de la Policía: la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, con base en Valdemoro (Madrid), y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Pontevedra, Valencia, Barcelona, Zaragoza, León y Canarias, que dependen de dicha agrupación y que se dedican a funciones de control de masas.

Además de esos dispositivos, la Guardia Civil cuenta con “un total de 138 cámaras Go Pro”, precisa el Gobierno. Estas cámaras no son tan específicas de funciones policiales, como sí son las corporales, pero tiene un tamaño reducido que también permite usarlas en determinados despliegues de seguridad.

Dos leyes permiten su uso

En su respuesta al diputado de EH Bildu, el Gobierno de Pedro Sánchez señala que “la regulación de los dispositivos móviles de grabación está dispuesta principalmente en el artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo (Capítulo II. Sección 2ª)”.

El artículo 22 de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PSOE, Unidas Podemos y otros partidos plantean reformar en las Cortes regula el uso de videocámaras, y contempla que “la autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia”.

En la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, se permite “utilizar dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta Ley Orgánica, conforme a las competencias específicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La toma de imagen y sonido, que ha de ser conjunta, queda supeditada, en todo caso, a la concurrencia de un peligro o evento concreto”.

Pruebas ante un juez

Agentes de todos los cuerpos llevan años reclamando que se les dote de cámaras unipersonales para hacer frente a las denuncias, en ocasiones manipuladas, con vídeos sobre intervenciones policiales.

En algunos cuerpos de policía local se están incorporando cámaras personales, mientras que en otros se usan cámaras de mayor tamaño. Por ejemplo, en las líneas de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra es habitual ver a uno de los agentes con una especie de pértiga con una cámara en la punta, con la que toma imágenes de los manifestantes violentos que se encaran con los mossos.

Las cámaras corporales van colocadas en el pecho o en el casco (en el caso de los antidisturbios), y en ellas queda registrado toda la actuación de ese policía y sus compañeros en una carga para dispersar a un grupo de manifestantes violentos, pero también al ir a reducir o a detener a una persona que pudiera ser una amenaza para la seguridad.

Las imágenes tomadas con estas cámaras pueden servir como prueba ante un juez que decida abrir una investigación sobre la intervención de unos policías.

Un caso reciente en el que la cámara podría despejar dudas sería el de la muerte de un extranjero en Madrid por disparos de la Policía Nacional. Una patrulla acudió al distrito de Villaverde ante el aviso de que había un hombre amenazando con un cuchillo a las personas que pasaban por delante de un centro de salud.

Cuando el hombre atacó con el arma blanca a un policía y consiguió herirle, el agente disparó su arma reglamentaria. Aún así, siguió embistiendo, y otros policías le dispararon, causándole la muerte. El suceso provocó la indignación de algunos vecinos del barrio, sobre todo inmigrantes, que acusaron a los policías de “asesinar” a un enfermo mental.