Los profesores que corrigen la PAU se eligen por sorteo y cobran 2 euros por examen
Los tribunales están formados por docentes que se presentan de manera voluntaria para vigilar las pruebas de acceso a la universidad
- Participación voluntaria
- Retribución variable
- Nuevas garantías para las revisiones
- Penalización homogénea por faltas de ortografía
La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), a la que se están presentando esta semana más de 270.000 estudiantes, moviliza a miles de profesores encargados de corregir los exámenes, una labor por la que reciben algo más de dos euros por prueba evaluada.
A esa cuantía hay que añadirle la retribución –que varía en función de la comunidad autónoma– por cada sesión de corrección y, en su caso, la participación en la vigilancia de las pruebas.
Son docentes de instituto y universidad que se apuntan de forma voluntaria y que las universidades públicas seleccionan por sorteo, según confirma Ramón Izquiero, secretario estatal de Acción Sindical de la Asociación Nacional de Profesores Estatales, a Confidencial Digital.
Participación voluntaria
La participación en los tribunales es voluntaria. Solo pueden presentarse docentes de la educación pública, tanto funcionarios de carrera como interinos, y siempre que pertenezcan a la especialidad correspondiente a la materia evaluada.
“Si el examen es de Matemáticas, tiene que ser profesorado de Matemáticas; si es de Lengua, de Filología”, resume Izquiero.
Las universidades, encargadas de organizar la PAU en sus respectivos distritos, abren convocatorias en diciembre o enero. “El proceso se hace con tiempo”, apunta.
Una vez inscritos los aspirantes, la selección se realiza por sorteo, un procedimiento que todas las comunidades autónomas han adoptado para garantizar imparcialidad. Si hay mil profesores inscritos, se establece un número de corte y, desde ahí, se elige a quienes integrarán los tribunales.
Retribución variable
En el caso de la Universidad de Alcalá, por ejemplo, un tribunal calificador cobra 190 euros por sesión —con un máximo de cuatro— y 2,30 euros por cada examen corregido.
En Castilla-La Mancha, los primeros 20 exámenes se pagan a 90 euros en total, y los siguientes a razón de dos euros por unidad. “Las cuantías varían según el distrito universitario, pero siempre hay una retribución fija y otra variable en función del número de exámenes corregidos”, explica Izquiero.
A estas tareas se suman también los docentes de apoyo que acuden exclusivamente el día de las pruebas para vigilar las aulas. Su función es controlar que el examen transcurra sin incidencias, especialmente en asignaturas con múltiples grupos o espacios repartidos. Este personal también es voluntario y cobra por esa única jornada.
Uno de los elementos que ha contribuido a estabilizar el sistema es el Real Decreto aprobado en 2024, que regula la composición de los tribunales.
La norma establece que estos deben estar formados por profesores universitarios y de instituto de la especialidad correspondiente, y que se priorice a quienes imparten la materia en segundo de Bachillerato. “Se busca asegurar que quien corrige tenga una visión actualizada de la asignatura”, señala Izquierdo.
Nuevas garantías para las revisiones
La nueva normativa también ha reforzado las garantías del alumnado en caso de revisión. Si un estudiante solicita una segunda corrección, el examen pasa a otro docente diferente al que lo evaluó inicialmente. “Ese nuevo corrector revisa que esté todo corregido y que no haya errores en la suma”, apunta.
Si la diferencia entre ambas notas supera los dos puntos, el examen es revisado por dos profesores más, que deben consensuar una calificación definitiva. “Se intenta garantizar la máxima objetividad posible”, añade.
Tras años de diferencias entre comunidades, la PAU de 2024 marca un paso hacia la armonización. El modelo competencial, que pone el foco en la capacidad de análisis, reflexión y creatividad más que en la memorización, se impone por primera vez de manera generalizada.
Cataluña, que celebrará la prueba los días 11, 12 y 13 de junio, ha sido pionera en este enfoque, mientras que comunidades como Madrid y País Vasco han convocado los exámenes entre el 3 y el 5 de junio.
Penalización homogénea por faltas de ortografía
Otra novedad que incorpora el nuevo marco es la penalización homogénea por faltas de ortografía. A partir de ahora, cada error gramatical puede suponer una reducción del 10% en la nota del examen correspondiente.
“Antes había comunidades que no penalizaban nada, y otras que penalizaban mucho. Ahora hay unos mínimos comunes”, explica el portavoz.
En paralelo, el modelo de examen también evoluciona. Las pruebas podrán ofrecer varias preguntas a elegir, pero se evitará que los alumnos puedan dejar de estudiar partes enteras del temario, como ha ocurrido desde la pandemia.
El objetivo es evaluar competencias más allá del conocimiento memorístico, y fomentar una comprensión más profunda y transversal de los contenidos.
Aunque las universidades públicas siguen teniendo autonomía para definir aspectos específicos del proceso, como la distribución interna de tareas entre presidentes, secretarios o vocales de tribunal, el Ministerio de Educación busca con esta reforma reducir las diferencias entre territorios sin invadir sus competencias.
