Que viene la eutanasia
Ha vuelto a pasar. El diario El País se ha puesto a la cabeza, una vez más, del debate sobre el suicidio asistido en España. Este domingo el periódico abría con una apuesta clara por la cuestión y anunciaba que el consejo de ministros propondrá este martes iniciar los trámites para aprobar una ley sobre la eutanasia.
El protagonismo del diario del Grupo Prisa en esta cuestión, insisto, no es nuevo. Pocos lo recordarán pero en el año 2017 sucedió algo parecido. El País diseñó e impulsó una campaña mediática alrededor del caso de un enfermo aquejado de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) que grabó su suicidio en directo.
Un día después, el periódico publicó un segundo artículo, más incisivo, insistiendo en la existencia de un creciente debate político y social en España sobre la “muerte digna”. Sin embargo, por aquel entonces, el propio Partido Socialista se tentaba la ropa con esta cuestión. Optó por la prudencia y se abstuvo en una proposición de Podemos argumentando que la sociedad todavía no estaba preparada.
Lo primero que me llama la atención de este revival es que, si se confirma la noticia de El País, este gobierno de coalición PSOE-Podemos arranque la legislatura promoviendo la eutanasia. ¿De verdad es el tema más urgente que afronta en estos momentos este país? ¿Hay un clamor popular sobre la cuestión? ¿En serio? ¿Hay millones de personas reclamando la eutanasia en España? ¿Cientos de miles quizás? Pero sobre todo, ¿no hay otros asuntos más apremiantes que reclaman la actuación inmediata del Ejecutivo?
No hay que olvidar, por otro lado, que se va a tratar una cuestión que presenta muchas aristas, muchas cuestiones dudosas, con pros y contras de gran calado. La propia izquierda centroeuropea no tiene una misma posición sobre la legislación de la muerte provocada a enfermos o ancianos.
Los países que han legalizado la eutanasia sólo para casos extremos, como dicen que será la propuesta española, han registrado un increíble aumento de las muertes voluntarias. La práctica, reservada inicialmente para sucesos aislados, se ha ido generalizando. Es decir, se está implantando una auténtica cultura de la muerte.
Por no hablar del grave paso que supone en el ámbito judicial. Las leyes, reservadas habitualmente para la defensa de la vida de las personas, se están empleando aquí para lo contrario. Y en esto se va, además, en contra del sentir social: la derogación prácticamente unánime en todo el mundo de la pena de muerte nos ofrece información relevante. La muerte voluntaria no es deseable ni para los malhechores. Esa es la sensibilidad actual. Ni infligir un castigo justifica que se traspase ese límite tan gravoso de la supresión de una vida.
¿No es esto relevante? ¿Lo dicho da igual? En cualquier caso, ¿no convendría afrontar con mayor sosiego esta cuestión, sacando este delicado tema precisamente del debate político?
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