Un jurado para castigar a Pedro Sánchez
Se ha recordado insistentemente estos días: la implantación del jurado popular en el sistema judicial español fue un viejo empeño de la izquierda, alcanzado finalmente con el ministro Juan Alberto Belloch, que fue quien sacó adelante la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Y, por cierto, se empeñaron en que el delito de malversación de caudales públicos fuera una de las materias que corresponden al jurado (artículos 432 a 434 de la ley orgánica). Que es uno de los delitos que el juez Peinado investiga en la persona de Begoña Gómez.
La noticia de que la mujer del presidente del Gobierno puede verse sometida al veredicto de un jurado popular ha provocado, aparte de la descalificación del juez Peinado, una notable oleada de críticas en los ámbitos del Gobierno, y en general en la izquierda.
¿Por qué dicha eventualidad ha soliviantado de esa manera? ¿No era el jurado una garantía de imparcialidad y de aplicación justa de la ley?
Además. Ante las sospechas, y aun denuncias, de lawfare, ¿la irrupción del jurado no tendría que haber provocado una reacción de tranquilidad, de confianza, en que el futuro de Begoña Gómez tenía aseguradas todas las garantías?
¿Cómo se explica la alarma que ha cundido en el Gobierno y en su partido?
Seguramente tiene que ver con una estadística bastante demoledora: el 92% de los juicios con jurado popular han terminado en condena. Así que...
De ahí una frase que dicen que se maneja en el mundo de los abogados: “Si soy culpable, que me juzgue un jurado; y, si soy inocente, que me juzgue un juez”. Un comentario, por cierto, que dice muy poco de la credibilidad que les merece el procedimiento del jurado popular.
Pero hay otra circunstancia que motiva la profunda desazón en el Gobierno y en el PSOE respecto al futuro que le espera a la señora Gómez: politización de esa causa, siendo como es ella la mujer del presidente y líder del partido.
¿Qué temen Gobierno y PSOE? Les preocupa el perfil político de la ciudadanía madrileña, de la que saldrán los integrantes del jurado. Porque en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, es decir, Isabel Díaz Ayuso, gana con mayoría absoluta. Y, aunque será por sorteo, de esa población saldrán los miembros del jurado.
Esas personas, ¿van a tomar la decisión con imparcialidad? O, por el contrario, a la hora de formar su veredicto van a estar influidos por sus propias convicciones, por lo que han leído, y por el ambiente político. ¿Se dejarán llevar (aunque sea inconscientemente) por el deseo de castigar a Pedro Sánchez en la persona de su mujer?
Es lo que preocupa en el Gobierno y en su partido. Y no les falta motivo.
Dicho lo cual, tengo para mí que los sumarios que, como el actual, presentan componentes políticos no deberían ser sometidos a la consideración de un jurado popular. Precisamente para evitar los riesgos descritos.
Pero eso es algo que no previeron los bien intencionados impulsores y redactores de la vigente Ley del Tribunal del Jurado.
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