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José Apezarena Editor de Confidencial Digital

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Sánchez, ¿qué te costaba haber prorrogado cien días el estado de alarma?

Vacunación.
photo_camera Vacunación.

La no renovación del estado de alarma ha provocado un monumental lío. Como suele decirse, se ha montado la mundial, concretado, aparatosamente, en los botellones que dominaron la noche del domingo en numerosas ciudades, y en el desconcierto de las comunidades autónomas sobre qué hacer y cómo hacerlo. A lo que se ha sumado la disparidad de decisiones de los tribunales superiores de Justicia.

Una de las consecuencias del desbarajuste (más grave o menos grave, ya se verá) la conoceremos cuando transcurran un par de semanas de los masivos festejos nocturnos del domingo. Es decir, el tiempo que tarda el virus de Covid-19 en hacerse presente por un contagio. Entonces veremos cuáles han sido las consecuencias de esos desmadres.

Pedro Sánchez repite estos días que el estado de alarma no es necesario, porque las comunidades autónomas tienen “todas las herramientas” para hacer frente al virus. Pues, la verdad, parece que alguien no se ha enterado. Porque los gobiernos regionales se declaran perplejos sobre qué pueden hacer, cómo y cuándo, y los tribunales dictan providencias contradictorias, prohibiendo en unos casos y aprobando en otros decisiones iguales o parecidas.

De igual modo, el presidente del Gobierno ha insistido, estas últimas horas, en que estamos a cien días de alcanzar la inmunidad de rebaño en el país, que se cumplirá cuando el 70 % de la población se encuentre vacunada.

Y a mí se me ocurre preguntar. ¿Qué le costaba haber prorrogado hasta entonces el estado de alarma? Es decir, mantener al país en una situación en la que ya ha vivido durante casi año y medio, para asegurar de esa forma que no habrá cuarta ola y, sobre todo, garantizar el verano, que ahora está en el aire.

Y si no cien días, al menos dos meses, hasta el inicio del verano.

Las principales medidas para combatir el Covid-19 se han basado en las prerrogativas que concede el estado de alarma: cierres perimetrales, limitación de la movilidad, restricción en las reuniones. Se trata de medidas que afectan a derechos fundamentales, y que han sido posibles a partir de esa situación excepcional que es el estado de alarma, ahora cancelado.

En ámbitos políticos, judiciales, y también de la seguridad del Estado, existe un fuerte debate sobre cuáles son los motivos reales del presidente del Gobierno para negarse en redondo a mantener un estado de alarma que se ha aplicado durante casi año y medio y que ha resultado eficaz en muchos sentidos.

Porque Sánchez se ha emperrado en el no a pesar de las insistentes peticiones del lehendakari Íñigo Urkullu, y de la demanda de otros presidentes autonómicos, algunos de ellos de su partido, como es el caso de Emiliano García Page.

En los ámbitos citados se barajan varias hipótesis sobre por qué Pedro Sánchez se ha negado, de forma tan cerrada, a aplicar de nuevo el estado de alarma.

1. El presidente busca distanciarse de la lucha contra la pandemia. Pretende desvincularse de ella, evitando dictar el estado de alarma, porque considera que, tal como han ido las cosas, eso podría castigar al Gobierno y a su propio crédito político con vistas a unas elecciones.

2. Pedro Sánchez tiene ya en la cabeza un inmediato adelanto electoral, algo que no podría aprobar si España se encuentra en situación excepcional de estado de alarma.

3. El estado de alarma tendría que ser aprobado en el Congreso de los Diputados, lo cual supondría, en estos momentos, un elevado coste político, por las contrapartidas que debería ofrecer a los partidos que integran la mayoría de gobierno.

4. Fuentes con acceso a Moncloa afirman que Sánchez maneja datos que concluyen que el mantenimiento de las restricciones ha “cansado” a los españoles, que difícilmente van a seguir aguantando las limitaciones a viajar o a reunirse cuando lo deseen. Es más, le ha llegado información de que mantenerlas podría provocar “un estallido social” difícil de controlar.

Hay un último ‘motivo’, pero este me resisto a aceptarlo. Porque no faltan quienes consideran que su cerrazón a prolongar el estado de alarma es, no solo una muestra más de arrogancia, sino principalmente un deseo de revancha hacia quienes en el pasado objetaron la forma y la utilización que se ha dado a los estados de alarma. Como diciéndoles: ¿así que entonces me pusisteis contra las cuerdas? ¡Pues ahora os vais a enterar!

Las posibles consecuencias de la omisión del estado de alarma son tan graves, que me resisto a aceptar esa explicación, a pesar de que no son pocos los portavoces socialistas que insisten en destacar que la oposición, singularmente el Partido Popular, criticó duramente en el pasado los estados de alarma, mientras que ahora lo demandan con vehemencia.

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