¡Señor Puigdemont, queda usted detenido!
El 27 de octubre de 2017, dos días antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DIU), los Mossos tenían preparado el operativo para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si procedía a dicha declaración. Y también al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a los consellers.
Así lo notificaron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y se pusieron a su disposición por si ordenaba las detenciones. No ocurrió así.
Lo relató ante el Supremo, durante su declaración como testigo en el juicio del 1-O, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
“Desconocíamos -explicó Trapero- la trascendencia jurídica (del 27-O), de qué era aquello y qué delitos, pero veíamos que era de una cierta gravedad, y nos poníamos a disposición del órgano judicial, especialmente por si ordenaban algún tipo de acción”.
El Tribunal dio la callada por respuesta. Ni en vísperas del 27-O, ni posteriormente, una vez semi proclamada la república catalana, ordenó a las fuerzas del orden actuar contra los responsables.
A toro pasado, como suele decirse, el TSJC debería dar explicaciones de por qué no ordenó proceder a la detención de las cabecillas de tan ilegal y grave iniciativa. ¿Por miedo? ¿Por prudencia? ¿Por pereza? ¿Por no enemistarse con los independentistas? ¿Por connivencia con ellos?
Si lo hubieran hecho, entre otras cosas se habrían evitado disgustos posteriores. Uno, no pequeño, la aparatosa fuga de Puigdemont a Bélgica, junto con las de de Anna Gabriel, Antoni Comín, Clara Ponsatí...
Los señores magistrados no tendrían que haber dudado, porque existe precedente. No habría sido la primera vez que los representantes de la Generalitat de Cataluña acababan detenidos en bloque.En octubre de 1934, aprovechando la Revolución de Asturias, Companys proclamó a traición el Estado Catalán. El general Batet declaró el estado de guerra y, tras una noche de enfrentamientos, en los que los Mossos d'Esquadra pelearon a favor de la Generalitat, el ejército detuvo a Companys, a todo su gobierno y a algunos diputados.
Todos ellos fueron conducidos, escoltados, por la Guardia Civil. Hay fotografías.
La escena podría haberse repetido en 2017, aunque esa vez custodiados por los Mossos d'Esquadra. Pero los señores magistrados se inhibieron. Como digo, sería deseable, incluso exigible, una buena explicación.
Por cierto, la República condenó a Companys a 30 años de cárcel. Que tomen nota Oriol Junqueras y compañía.
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