Una vergüenza
La libertad de expresión, el derecho a decir sin cortapisas lo que uno piensa, constituye un cimiento de nuestro sistema de convivencia.
El derecho de manifestación es, a su vez, una garantía básica, un requisito imprescindible.
Mi máximo apoyo al ejercicio de tales prerrogativas.
Pero ninguno de esos derechos es absoluto. Han de convivir con otros principios y reglas, que también deben ser respetadas. Y quien no lo hace, queda descalificado para exigirlos. Pierde esos derechos.
Cuando una protesta callejera, por muy fundamentada que esté, obstaculiza el libre ejercicio de actividades legales y autorizadas, se convierte en un acto de violencia que merece el rechazo social. Y, por supuesto, se hace candidato a que la autoridad le obligue a desistir de sus intentos. Utilizando, en su caso, la fuerza legal proporcionada.
De igual modo, una reivindicación que da origen a actuaciones ilícitas resulta deslegitimada. Y con ella las organizaciones y personas que las protagonizan o apoyan
Dicho lo cual, es una auténtica vergüenza lo que ha ocurrido en España con la Vuelta Ciclista. Una vergüenza.
Se ha impedido con violencia el desarrollo de un acontecimiento deportivo y social, sin que las autoridades hayan podido, en realidad, hayan querido, evitarlo.
Mediante repetidas invasiones de la calzada, los activistas y alborotadores han puesto en peligro la integridad de deportistas, de otros participantes y del público. Se han producido lesiones físicas, seguidas de algunas retiradas de la competición, causando un daño cierto a deportistas y a las empresas que sufragan la competición. Y han provocado una suspensión final.
Sucesos que han perturbado también a aficionados y espectadores.
Protestar, sí. Hacer oír reivindicaciones, sí. Mostrar repulsa, sí. Romper, impedir, cortar y poner en peligro, no
Quienes han animado y sostenido esas movilizaciones desbocadas merecen el rechazo más absoluto.
Son culpables directos los líderes políticos que se han personado en los lugares de los incidentes, algunos de ellos ministros, diputados, ex diputados y ex ministros. Y con un presidente del Gobierno que se declara “orgulloso”.
Con ello, además, han dejado herida la propia causa que dicen sostener. Los habitantes de Gaza no se merecen que, con el argumento de defenderles, se ejercite la algarada y la violencia.
El supuesto pacifismo queda desmentido con tales actuaciones. Recurrir a comportamientos violentos descalifica cualquier reivindicación. Y a quienes los ejercitan, animan o justifican.
Pero no es la primera vez, ni los protagonistas son distintos. Baste recordar el “Ocupa el Congreso” de septiembre de 2012, donde se corearon gritos de “Lo llaman democracia y no lo es”, “Que se vayan todos”, etc.
Aquello fue una muestra de falta de respeto a la democracia, de intolerancia y de pulsión dictatorial. Como lo de ahora.
Una vergüenza.
Y una vergüenza el comportamiento del Gobierno. Este Gobierno incapaz. Incapaz con la vivienda, con la Dana, con los trenes... Aunque en este caso no ha habido incapacidad, sino dejación de deberes. Una dejación ilegal, rayana en la prevaricación.
Dicen las enciclopedias que la prevaricación o prevaricato (del latín varicar, "renquear, torcerse") es un delito que “consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley”. Pues eso.
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