El Supremo decidirá en marzo si Acciona y OHL construyen la recuperada Ciudad de la Justicia
El Gobierno madrileño de Díaz Ayuso reanudará las obras sea cual sea el fallo
Marzo será el mes en el que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el litigio de la Comunidad de Madrid con Acciona y OHL. Fuentes del Alto Tribunal han confirmado a El Confidencial Digital que el señalamiento está previsto para el próximo mes, después de que lleve dos años recurrido. Además, fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid afirman que las obras de la Ciudad de la Justicia se reanudarán sea cual sea la sentencia.
Ya en noviembre de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a favor de la Comunidad, en ese momento presidida por Cristina Cifuentes, y se mostró favorable a la decisión de la presidenta de desistir de la construcción del espacio por considerar que existían infracciones “no subsanables” en las normas de preparación. El TSJM rechazaba así los argumentos presentados por las licitadoras Acciona y OHL y dejaba sin efecto el proyecto de la Ciudad de la Justicia que tenía un coste superior a 1.750 millones de euros.
La oferta presentada por Acciona y OHL para el macroproyecto fue la que obtuvo mejor puntuación técnica y económica en el proceso de licitación, con una financiación de 400 millones de euros de fondos privados, pero la adjudicación definitiva no llegó a producirse.
En qué consistirá el fallo ahora
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe resolver un recurso de casación esgrimido por las empresas Acciona y OHL, que en este proyecto actúan como UTE (Unión Temporal de Empresas).
Según la sentencia del TSJM la concesión para construir la Ciudad de la Justicia no determinaba “con precisión” el objeto de contrato que es “de todo punto incompatible física, arquitectónica, jurídica y económicamente” con el que ya se había adjudicado en el año 2007 a Corsán-Corviam para construir los Juzgados de lo Social y Mercantil.
El TJSM consideró entonces, algo sobre lo que ahora el Supremo debe pronunciarse, que las infracciones en el contrato no eran subsanables y rechazaba por tanto, los argumentos de Acciona y OHL que argumentaban que con su desistimiento la Comunidad de Madrid incurría en fraude de ley y abuso de poder.
Antecedentes
Ambos proyectos, el adjudicado a Corsán y el de la Ciudad de la Justicia, se referían a los mismos terrenos mientras que las edificaciones eran incompatibles entre sí. Según el Tribunal, la Comunidad de Madrid debió resolver de forma previa a iniciar un nuevo proceso de contratación “todos aquellos contratos que suponían de facto una duplicidad de objetos para poder definir con precisión las necesidades reales a cubrir”.
Sin embargo, no se hizo así. El Ejecutivo de Ignacio González aprobó adjudicar el proyecto en junio de 2015, antes de que Cifuentes tomase posesión sin precisar el objeto de contrato, lo que supone una “infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato”.
Se reanudarán las obras
El Campus de la Justicia empezó siendo un macroproyecto en el que se plantearon grandes contrataciones de arquitectos como Norman Foster o Zaha Hadid. Fue Esperanza Aguirre quien, en su mandato de presidenta de la Comunidad en 2005, ideó concentrar en el barrio madrileño de Valdebebas todas las sedes judiciales de la capital.
De los 12 edificios planteados inicialmente se construyó solo uno, el destinado al Instituto de Medicina Legal (IML), conocido también como el 'donuts'. Fuentes del Ejecutivo regional han confirmado a ECD la intención de acomodar este edificio para que las unidades psicosociales madrileñas se trasladen allí en cuanto se dicte la sentencia. Además, sea cual sea el fallo, estas fuentes aseguran que la intención del gobierno de Díaz Ayuso es reanudar las obras pero con un nuevo proyecto "más razonable".
