Texto íntegro del acuerdo del Gobierno para la exhumación de Franco: el Valle no es inviolable

El mismo día que Pedro Sánchez anunció su decisión de poner fin a los ocho meses y medio de Gobierno y fijar elecciones generales, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo para concluir el procedimiento de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco que reposan bajo una losa de granito de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Tras tomar esa decisión en Consejo de Ministros, el Ministerio de la Presidencia de Carmen Calvo procedió a notificarla a las partes personadas en el procedimiento. La notificación incluyó adjunto el texto literal e íntegro del acuerdo que resuelve el expediente: un documento de 55 páginas que termina por acordar la exhumación de los restos mortales y la concesión de un plazo de 15 días para que los descendientes del dictador decidan un sitio adecuado para reinhumarlos, que en ningún caso será la cripta de la Catedral de la Almudena, en Madrid.

Confidencial Digital ha tenido acceso a dicho documento, que se puede consultar de forma íntegra pinchando aquí. El acuerdo realiza una larga descripción de todo el procedimiento administrativo que ha instruido la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre Sancho.

Ha sido un procedimiento que, desde que se inició por acuerdo del Consejo de Ministros el 31 de agosto de 2018, ha sido impugnado continuamente por parte de la familia Franco, del prior de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de la Fundación Nacional Francisco Franco y de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

Hasta trataron de personarse los hermanos de dos monjes benedictinos que están enterrados en el Valle, y que se podrían ver afectados por el Real Decreto-Ley que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó para sacar de la basílica los restos de Franco, por no ser víctima de la Guerra Civil. El Ministerio de Justicia denegó estos escritos, ya que por ahora el objetivo del Gobierno es sólo exhumar a Francisco Franco y no a otros enterrados en el Valle de los Caídos.

La inviolabilidad religiosa, a debate

En su oposición al traslado de los restos del dictador, la familia Franco, el prior del Valle de los Caídos y la Fundación Francisco Franco insisten una y otra vez en dos puntos: la Basílica goza de inviolabilidad por ser un templo religioso, por un lado; y por otro, no se puede exhumar y trasladar los restos mortales de una persona sin consentimiento de sus familiares.

Los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia se vuelcan en tratar de desmontar estas alegaciones, y lo hacen extensamente a lo largo de gran parte de las 56 páginas del documento y citando tanto fuentes de Derecho Canónico como jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a conflictos entre particulares y administraciones a cuenta de exhumaciones.

El Gobierno parte de que la Basílica del Valle de los Caídos es un lugar de culto, y como tal goza de una protección que requiere solicitar permiso a las autoridades religiosas para llevar a cabo actuaciones como estas.

La respuesta fue negativa: el prior de la abadía benedictina, Santiago Cantera, ha negado el consentimiento, lo que según el Ejecutivo “ha dado lugar al debate acerca de si el acuerdo mismo de exhumación es o no viable”.

No existe inmunidad frente al poder civil

Citando el Código de Derecho Canónico de 1983, el Ejecutivo argumenta que la inviolabilidad de los lugares de culto religioso y la libertad de la Iglesia Católica en esos lugares se refiere a aspectos como “la predicación de la palabra, formación catequética, la actividad misional, la enseñanza, la comunicación social, la administración de sacramentos y los demás actos de culto divino”.

Sin embargo, esa inviolabilidad no supone que estos lugares de culto están completamente al margen de la autoridad civil. La inviolabilidad religiosa “se trata de un concepto que tiene por objeto proteger la naturaleza y finalidad de ejercicio del culto, la libertad religiosa de los creyentes y la competencia de la autoridad eclesiástica para dedicarlos a orar, enseñar y santificar con autonomía respecto de la autoridad civil”.

Por ello, frente a las alegaciones del prior del Valle de los Caídos, cree el Gobierno que no se puede reclamar una “pretendida inmunidad de jurisdicción exenta de toda intervención del poder civil”. De hecho, cita el canon 1.213 del vigente Código de Derecho Canónico, que habla de que “los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes”, y eso se entiende con arreglo a las leyes civiles, incluida la nueva redacción de la Ley de Memoria Histórica que establece que Franco no debe descansar en el Valle de los Caídos.

Así, el Gobierno concluye de forma poco clara, para argumentar que los religiosos del Valle de los Caídos no pueden reclamar la inmunidad del templo, que “el hecho de que no haya podido obtenerse durante la instrucción del expediente el consentimiento eclesiástico no impide acordar la exhumación”, sino que “simplemente conduce a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.

Sin pistas sobre tumbas alternativas

El acuerdo también rechaza el argumento de que no se puede exhumar un cuerpo sin consentimiento de la familia. Cita para ello varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, e insiste en que si los descendientes no indican un lugar adecuado, elegirá él el destino donde reinhumar los restos mortales.

De hecho, señala que de no ser así, la familia tendría un derecho de bloqueo sobre el procedimiento que no se ajusta a las leyes.

El Ejecutivo se muestra conciliador y al mismo tiempo tajante en este sentido. Por un lado, ha dado 15 días a la familia para decidir un destino “que no plantee problemas de seguridad ciudadana y orden público ni comprometa el objetivo de memoria histórica perseguido”. Pero, por otro, remarca la competencia plena del Consejo de Ministros para decidir un lugar alternativo si no hay acuerdo con la familia.

Eso sí, en todo caso afirma que va a garantizar “la dignidad y el respeto en el tratamiento de los restos mortales, así como la intimidad y la libertad religiosa de los afectados, el derecho de los familiares a estar presentes en el momento de la exhumación, traslado e inhumación, así como la seguridad tanto de los restos mortales como del orden público”.

Cabe apuntar que en, las 56 páginas del acuerdo, el Ejecutivo socialista no da ni una pista sobre los lugares que baraja para inhumar el féretro de Franco en caso de que la familia no proponga un lugar alternativo a La Almudena y sin problemas de seguridad y de “exaltación del franquismo”.

El proyecto de exhumación, listo en un día

Uno de los aspectos llamativos de todo este procedimiento para trasladar el féretro de Franco casi 44 años después de su muerte es la celeridad con la que Patrimonio Nacional elaboró el proyecto técnico de exhumación.

El 8 de noviembre de 2018 el Consejo de Ministros ordenó a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que remitiese al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (término municipal en el que se encuentra el monumento) el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación. Era un trámite necesario para cumplir con la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que establece que son los ayuntamientos los encargados de autorizar determinadas obras de construcción o rehabilitación.

El documento consultado por ECD, que lleva la firma de la vicepresidenta Carmen Calvo, precisa que “con fecha 13 de noviembre de 2018, y conforme al citado Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2018, se solicitó al Presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional [órgano que gestiona el Valle de los Caídos] que encargase a los Servicios Técnicos del Patrimonio Nacional el proyecto necesario para llevar a cabo, en su caso, la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde”.

Dichos Servicios Técnicos fueron capaces de elaborar dicho proyecto en tan sólo un día. Y es que en el mismo documento se indica que “el proyecto fue evacuado el 14 de noviembre de 2018”, al día siguiente de la solicitud a Patrimonio Nacional.

La ministra Dolores Delgado remitió dos días después, el 16 de noviembre, el proyecto de los técnicos de Patrimonio Nacional a dos destinatarios: el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, competente en los aspectos técnicos de las obras, y la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que certificó que no había ningún requisito administrativo sanitario que hubiera que tener en cuenta en esta exhumación, al haber transcurrido más de cinco años desde la muerte de Franco.

Qué trabajos se harán en la basílica

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, gobernado por una candidatura local de tinte ecologista que desalojó al PP en 2015, dio el visto bueno: consideró “urbanísticamente admisibles” las actuaciones previstas por Patrimonio Nacional.

Estas obras consistirán no sólo en levantar la lápida y sacar el féretro donde reposan los restos de Franco. Al salir de la basílica dichos restos, habrá que sustituir la losa de granito gris con el nombre del dictador y una sencilla cruz por losas de mármol como las que rodean la tumba, justo detrás del altar mayor de la basílica.

Justicia rechazó durante el procedimiento administrativo distintas alegaciones, por ejemplo de la Fundación Francisco Franco, que apuntaban que los trabajos que planea Patrimonio Nacional han de tener la condición de obra mayor -lo que requiere mayores trámites-, y no cuentan con numerosos estudios necesarios: por ejemplo, que no se tienen en cuenta posibles trastornos en la puerta de la Basílica (al introducir la maquinaria precisa), ni si se verán afectadas las conducciones subterráneas, ni se contempla el impacto de los trabajos en las esculturas y ornamentos, ni hay un estudio de seguridad y salud de los operarios implicados.

Los argumentos son que las obras para sacar a Franco no supondrán una modificación urbanística, se realizarán en un lugar interior no destinado a vivienda, y la entidad de los trabajos es tan escasa y su presupuesto tan reducido que se trata, sin duda, de una obra menor. Además, el Ministerio de Justicia añade que se mejorarán las condiciones de higiene del lugar, al eliminar un sepulcro, y también se mejorarán las condiciones estéticas, “pues la restitución del solado original contribuirá a recuperar el carácter unitario del espacio arquitectónico donde se plantea la actuación”.

El coste: 3.090 euros

El expediente de exhumación llegar a precisar el coste que tendrá acometer este trabajo. La estimación de Patrimonio Nacional es que la retirada de la losa de granito cueste 3.090 euros (IVA no incluido). Esta tarea se contratará a una empresa de servicios funerarios.

Tras retirar la losa y sacar el féretro, llegaría la segunda parte de la obra: sustituir la lápida por el mármol oscuro que hay en esa zona de la basílica. Esos trabajos “podrían ser ejecutados con el personal propio de Patrimonio Nacional”, explica el Gobierno, ya que ese organismo público dispone de acopio de los materiales necesarios para su ejecución (mármol, ladrillo, cemento, arena y agua) por los trabajos de mantenimiento ordinario que realiza en los monumentos a su cargo. De ahí que colocar losas de mármol “no supondría un coste adicional ni la realización de un expediente administrativo al efecto”.

Los planes de Patrimonio Nacional pasan por sustituir la lápida de piedra por un solado de mármol sobre un pequeño tablero de cerámica, protegido por una capa de mortero de cemento con una ligera armadura. Así se tapará el pozo existente en el que ha descansado el féretro con los restos de Francisco Franco durante estos casi 44 años.

Otros enterrados que podrían ser exhumados

El prior de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha sido una de las personas interesadas en el procedimiento administrativo de Justicia que más ha batallado contra los planes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Uno de los motivos que con más insistencia ha alegado es la situación en la que quedan otras personas que están enterradas en la Basílica del Valle de los Caídos, y que según la reforma legal aprobada por el Ejecutivo socialista deben ser trasladadas fuera del monumento ya que, al igual que Franco, no son víctimas de la Guerra Civil.

El 4 de octubre de 2018 el prior presentó un escrito alegando que no se debería exhumar a 19 monjes benedictinos fallecidos después de la guerra, y a otras personas que están allí enterradas pese a haber fallecido desde 1940 -un año después del final de la contienda- y 1959, cuando se inauguró el Valle de los Caídos.

Sin embargo, el mismo prior presentó en enero de 2019 otro escrito de alegaciones en el que mencionaba a 20 monjes benedictinos (frente a los 19 de tres meses antes) y cifraba en 172 personas más los otros enterrados sin ser víctimas de la Guerra Civil.

Ante las alegaciones del prior, el Ministerio de Justicia explica que el actual procedimiento administrativo se refiere únicamente a Franco para cumplir con una proposición no de ley del Congreso y también las recomendaciones de distintas instancias nacionales e internacionales, que llevan años reclamando sacar de un monumento público los restos mortales del dictador.

El Gobierno precisa que el Real Decreto-Ley hacer referencia sólo a Franco, “sin que ello entrañe, obviamente, que no puedan tramitarse otras exhumaciones cuando ello sea pertinente a la luz del artículo 16.3 de la Ley 52/2007, que sólo permite que reposen en el Valle de los Caídos “los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española”.

Por qué no llevarlo a La Almudena

Tras argumentar el derecho que asiste al Gobierno para decidir finalmente el traslado de los restos de Franco, el acuerdo del Consejo de Ministros notificado a la familia y a otras partes interesadas explica por qué no se puede cumplir la voluntad de los descendientes del dictador de inhumarlo en la cripta de la Catedral de la Almudena.

La negativa se basa, principalmente, en un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid. Se trata de un estudio sobre el impacto que tendría enterrar en La Almudena a Franco en la seguridad ciudadana, el orden público e incluso la circulación del tráfico en este punto del centro de Madrid.

La Delegación del Gobierno parte del hecho de que se provocaría un “elevado volumen de visitas” atraídas por la sepultura de Franco. Por ejemplo, a lo largo de 2018 el Valle de los Caídos recibió 366.202 visitas, pese a que se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Madrid y haya que ir expresamente allí en coche o en transporte público -señala la Delegación-, por lo que es fácilmente deducible que serían muchas más personas las que irían a la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid.

Por tanto, admite que “las visitas sin duda se multiplicarían”, y cita una noticia de El Diario.es que recoge declaraciones de asistentes a un homenaje a Franco que advertían que “cuando lo lleven a la Almudena iremos más” a visitar su tumba.

Eso provocaría graves problemas de movilidad, ya que la Delegación del Gobierno prevé que en determinados momentos -efemérides franquistas como el 1 de abril, el 18 de julio y el 20 de noviembre- se generaría un auténtico “colapso en las calles y vías adyacentes” a la catedral: por ejemplo, la calle Bailén, “una de las arterias principales de Madrid” y además límite de la zona de restricción de la circulación, Madrid Central.

La obstrucción de las calles y la aglomeración de cientos o miles de personas, además, aumentaría la amenaza de un ataque terrorista. Ello se une al hecho de estar allí enterrado Franco en un lugar situado “a menos de 1.000 metros de puntos tan importantes como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de España o la Gran Vía, junto a edificios e instalaciones emblemáticas como el Palacio Real, donde se celebran visitas de Estado al más alto nivel, la Capitanía General del Ejército, el Senado o el Consejo de Estado”.

La conjunción de esos elementos, en Nivel 4 sobre 5 de Alerta Antiterrorista, desaconseja ubicar allí los restos morales de Franco.

Por otro lado, también apunta los perjuicios para los ciudadanos que residan o que trabajen en la zona, cuya libertad deambulatoria o circulatoria se vería gravemente afectada con mucha frecuencia por esas aglomeraciones.

Altercados y exaltación de Franco

Otro argumento en contra de la inhumación en la Catedral de la Almudena es la alta probabilidad de que se produzcan “episodios de conflictividad social y política y desórdenes públicos”: el Gobierno prevé, conforme a los informes policiales, que la sepultura de Franco “podría espolear a la extrema derecha al tiempo que ofendería a sus víctimas y a muchos sectores sociales y políticos”, como ya se vio en el incidente el último 20-N cuando activistas de Femen irrumpieron en la concentración franquista en la cercana Plaza de Oriente.

Eso desembocaría en una mayor conflictividad social y una alta probabilidad de “provocaciones, conflictos, agresiones y altercados, en suma, violencia”. “El riesgo de enfrentamiento sería evidente”, apunta el informe de la Delegación del Gobierno, además de forma permanente e imprevisible.

Como “las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden acceder al interior de la cripta ni de la catedral por tratarse de lugares de culto”, no sería posible mantener la seguridad dentro de La Almudena si se producen altercados dentro de sus muros.

De producirse estos altercados, las misas y ceremonias religiosas que se celebran en La Almudena se podrían ver afectadas, por lo que la Delegación del Gobierno cree que se perjudicaría la libertad religiosa de los fieles que acudan.

Por último, cabe señalar que el Gobierno de Sánchez -ya no la Delegación en Madrid- destaca otro motivo para descartar la cripta de la catedral, como pretende la familia Franco. Y es que de ser así, se convertiría “una tumba particular en un símbolo de la sublevación militar […] susceptible de exaltación de quienes tuvieron un papel destacado y significado en la sublevación y en la Guerra Civil”.

Si precisamente el objetivo de la exhumación del Valle de los Caídos es evitar la exaltación del franquismo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez apunta que inhumar a Franco en La Almudena acabaría teniendo unas consecuencias opuestas a las perseguidas con todo este proceso.